“Estamos en el año 50 antes de Cristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste, todavía y como siempre, al invasor”. ¿Les suena, verdad? Es el comienzo de todos y cada uno de los tomos que componen la colección de aventuras de Astérix y Obélix, cabecillas de ese poblado de galos tan brutos como buenos que, con tenacidad y ayuda de una pócima mágica, resisten a Julio César, que ve con desesperación como sus legiones se estrellan, una tras otra, contra los puños de los galos. Una china en la sandalia del Imperio Romano: eso es la aldea presidida por Abraracúrcix.
Y en una china en el zapato de moñas de Juanma Moreno se ha convertido Torreperogil. Hasta ahora, su campaña contra la escuela pública de Andalucía se había desarrollado sin mayores problemas: alguna crítica tan feroz como acertada de José Ignacio García en el Parlamento de Sevilla, el silencio cómplice de los sindicatos y asociaciones de directores de la escuela pública, tal o cual protesta aislada pero sin mayor continuidad de un ampa despistada… y poco más. Esta ha sido la “feroz” resistencia puesta por los ciudadanos andaluces para defender su educación pública. Así que, sin contestación efectiva, el gobierno de Moreno Bonilla ha podido, sin ningún pudor, cerrar más de 2.400 líneas públicas desde 2018 (datos de USTEA en mayo de 2024); aumentar ratios en claro incumplimiento de la Ley Orgánica de Educación y del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero; o ufanarse de su apuesta decidida por blindar los conciertos con la escuela privada. Y mientras que, por la vía de hecho (¿hay expedientes administrativos, debidamente informados por los funcionarios pertinentes, sobre el cierre de unidades?) se procede al desmantelamiento paulatino de la educación pública, el gobierno andaluz brinda su apoyo cerrado a la enseñanza privada concertada. Pensemos en el acuerdo marco firmado con la enseñanza concertada en julio pasado, que el propio Presidente de la Junta presentó como un acuerdo destinado a REFORZAR esa red dentro sistema educativo andaluz. O pensemos en el constante reconocimiento público del papel de la escuela concertada y en la multitud de recursos a ella desviada. O en el mantenimiento, contra viento y marea, de los conciertos mientras se cierran unidades públicas. O en la certificación de la escuela concertada como red complementaria.
Y así, podemos afirmar que en el año 2025 después del nacimiento de Cristo, toda la educación pública andaluza está ocupada por el Partido Popular. ¿Toda? ¡No! Torreperogil, poblada por irreductibles familias, resiste, todavía y como siempre, al gobierno de Juanma Moreno y a sus despropósitos. Porque las familias del IES “Gil de Zático” se han plantado ante el cierre de tres unidades, que tiene dos efectos inmediatos: hay varias clases de Secundaria en las que, de manera ilegal, se supera la ratio máxima de 30 alumnos por aula; se reduce sustancialmente la posibilidad del alumnado de elegir materias optativas, adelgazando su derecho constitucional a la educación. Concentraciones en la puerta del Instituto, seguimiento masivo (el viernes, del 100%) de la huelga convocada para que el alumnado no asista a clase, preparación de una gran manifestación para el lunes, desplazamiento (que se prevé multitudinario) el próximo miércoles hasta las puertas de la Delegación de Educación en Jaén…, acciones valientes, firmes, que demuestran que Torreperogil., resiste al ataque contra la escuela pública. El único municipio andaluz que lo hace.
Y estamos asistiendo al despropósito de que la Delegación alega que su actuación está dentro de la legalidad, pero no presenta ni un solo informe técnico que lo avale, ni un informe firmado por algún jefe de servicio o por algún secretario general que señale qué artículos de qué norma permiten que se supere la ratio máxima fuera de los casos tasados por la ley para situaciones excepcionales, que no concurren ni en Torreperogil ni en las decenas de aulas andaluzas donde se ha comenzado el curso con ratios ilegales. Hasta tal punto llega el despropósito, que la práctica totalidad del claustro de profesores se ha visto en la obligación de dirigirse al Delegado Provincial señalándole los incumplimientos legales en los que está incurriendo, advirtiéndole de que no pueden hacerse responsables de las situaciones que potencialmente se generen en aquellos grupos en que supera la ratio legal y pidiendo que se les entreguen copias de los informes que avalan que la actuación de la Consejería de Educación, en este tema de las ratios, está ajustada a la legalidad. ¿Recibirán contestación? No creo. ¿Recibirán esos informes? Lo más seguro es que ni existan, porque no pueden existir documentos que informen de la legalidad de lo que es manifiestamente ilegal.
Ya resulta extraño en un país avanzado, que cientos de familias tengan que protestar dejando a sus hijos sin asistir a clase. Ya resulta extraño que en un Estado de Derecho, decenas de funcionarios tengan que recordarle a la administración de la que dependen, que está sujeta al principio constitucional de legalidad. Pero mucho más extraño resulta que siendo cientos, sino miles, las aulas andaluzas en las que se supera la ratio legal, una protesta similar a la de Torreperogil no haya incendiado el comienzo de curso en cientos de colegios e institutos desde Jaén hasta Huelva.
Habrá quien piense que la protesta es exagerada: “si la ley establece un máximo de 30 alumnos por clase y hay 31, pues tampoco pasa nada, es solo un alumno más”. Con la misma lógica, si a tu hijo un agente de la autoridad le da un bofetón, pues no pasa nada: es sólo uno, si hubieran sido diez o doce o una paliza... Y es que no, es que si se cuestiona el valor del cumplimiento de la ley se desmorona el principio mismo de la convivencia democrática: es mucho lo que nos jugamos. Es cierto que el altísimo valor moral del Estado de Derecho ha sido devaluado a pasos acelerados en los últimos años: lo desprecia esa izquierda alucinada que surgió del 15M, lo desprecia la derecha patriotera que sólo recurre a la Constitución cuando necesita una quijada de asno con la que atizarle a la ralea nacionalista. Pero el deterioro del respeto al cumplimiento de la norma y su blanqueamiento, nos pone ante el abismo: si una ley se puede incumplir, ¿quién pone el límite del incumplimiento?, ¿hasta donde es tolerable que el poder político y la administración incumplan las leyes?, ¿por qué la administración andaluza puede incumplir la Ley de Educación y la administración catalana no puede organizar un referéndum de independencia? Si los límites se convierten en límites de parte (y en eso estamos), ya hemos abandonado el espacio del Estado de Derecho y nos adentramos en la ley de la selva.
Aterricemos. Lo que es evidente es que el gobierno de Juanma Moreno tiene un objetivo clarísimo: desguazar la educación pública. Y eso pasa por ir deteriorando las condiciones en los centros de los pequeños pueblos (esos en los que las empresas privadas jamás van a instalar un centro porque no es rentable, ni con un concierto) de tal modo que, en un horizonte no muy lejano, las familias de Torreperogil o de Sabiote o de Rus entiendan que es más beneficioso para sus hijos trasladarse hasta los institutos de Úbeda que seguir escolarizados en los agonizantes centros de sus municipios. Al final, se persigue cerrar todos esos centros que fueron una verdadera conquista social y que han servido para vertebrar el territorio, evitar la despoblación y mejorar la educación. Pero ocurre, claro, que la educación pública, es el enemigo a batir. Lo vimos en el tema del grado de Biomedicina, que Juanma Moreno no dudó en conceder a una empresa de los jesuitas antes que a la Universidad de Jaén: que estudien Biomedicina los hijos de las familias que puedan pagar cuarenta, cincuenta mil euros. (Menos mal que el Consejo de Rectores desmontó la operación de la Junta, menos mal.)
El caso es que, estos días en los que en toda Andalucía el curso comienza en la escuela pública con convulsiones, problemas y situaciones ilegales, las familias del “Gil de Zático” de Torreperogil se han convertido en la irreductible aldea gala en la que se defiende la decencia, la dignidad y la superioridad ética de los servicios públicos fundamentales. Y la educación lo es, vaya si lo es. Y por eso quiere desmontarlo la derecha gobernante, que hasta ahora no había encontrado oposición real.