Sin sorpresas tras la sentencia

No había lugar para sorpresas. La decisión tomada mayoritariamente por la Sala del Supremo y que fue avanzada formalmente a finales de julio pasado, ha salido del horno tal cual se preveía y con plena validez legal: la sentencia está servida.

José Antonio Griñán Martínez y otros ocho exaltos cargos de la Junta de Andalucía deberán entrar en prisión. Entre ellos, cuatro exconsejeros: Antonio Fernández, de Empleo (7 años y 11 meses de cárcel); José Antonio Viera, también de Empleo (7 años y 1 día); Carmen Martínez Aguayo, de Economía (6 años y 2 días); y Francisco Vallejo, de Innovación (7 años y 1 día). Y también Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo (7 años y 1 día); Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación (6 años y 2 días); Juan Márquez, ex director general de Trabajo (al que se reduce el castigo a 3 años); y Miguel Ángel Serrano, ex director general de IFA/IDEA (6 años y 6 meses).

Quizás la única novedad que se esperaba con especial interés en ciertos ámbitos políticos, periodísticos y jurídicos era conocer los fundamentos del voto particular suscrito por dos de los cinco magistrados - tres mujeres y dos hombres- que han entendido sobre esta casación en la más alta instancia judicial de la nación. Argumentación especialmente esperada por los respectivos equipos jurídicos de las defensas que, sin duda, usarán parte de las discrepancias expuestas por las magistradas para recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional, la última instancia en la que pueden confiar los condenados a prisión para modificar sus respectivas situaciones penales. Particularmente en el apartado de la presunción de inocencia, que aparece cuestionada.

El propio Juan Espadas, ayer, un día después de conocerse la sentencia, valoraba que la misma era carne de Tribunal Constitucional porque, según el líder socialista, la sentencia vulnera principios como el de la presunción de inocencia.

Mientras llega el momento de que hable el TC, hay pasos previos y un abanico de acciones jurídicas para dilatar la ejecución de sentencia, como también solicitar el indulto al Gobierno. Lo hizo la familia de Griñán-Caravaca nada más anunciarse la sentencia que confirmaba la pena de prisión para el expresidente y otros. Petición de gracia que no comunicaron al resto de encartados, algo que ha llegado a reactivar tensiones de años por el ejercicio de cada uno de su derecho de defensa, tensiones que parecían superadas.

La instancia gubernamental, la que debe decidir si concede o no el indulto a Griñán, se enfrenta con un hecho insólito y complicado: será la primera vez que un partido indulte a uno de los suyos. Para muchos sería “la guinda” que le hace falta a la muy deteriorada imagen de nuestro sistema judicial, en el que ilustres togados se pasan últimamente por el forro las leyes sin que nada suceda.

Una patata demasiado caliente para un gobierno de coalición donde los socios internos y externos no parecen dispuestos a compartir ese enorme sapo y menos cuando las próximas dos campañas electorales han arrancado hace unos días en el Senado con el 'cara carita' - aquello no fue un cara a cara- de Sanchez y Feijóo.

En estos 14 años transcurridos, con el Caso Eres como machacona banda sonora de la corrupción española, nunca el PSOE de Ferraz apareció excesivamente salpicado o implicado en un asunto que empezó siendo de “cuatro golfos” del PSOE andaluz, según las primeras declaraciones de Manolo Chaves tras estallar Mercasevilla. A la capital del Reino llegó el escándalo con la entrada en el Supremo de la exposición razonada de Mercedes Alaya justificando por qué debían ser procesados los expresidentes. En términos políticos el marrón duró poco en Madrid, el tiempo que tardó Susana Díaz en pedirles la baja en el partido a Chaves y Griñan tras resultar investigados.

Hoy nuevamente la marea devuelve a la calle San Bernardo -sede del Ministerio de Justicia- el caso de los Eres con la petición de indulto para el padre y esposo de la familia Griñán. En la mesa del gobierno socialista queda la solicitud de la medida de gracia para alguien que en su curriculum figura el haber sido presidente federal del PSOE. 'Uno de los nuestros' se podrá oír en la Sala del Consejo cuando se debata el tema en su momento.

Sánchez y su gobierno se enfrentarán a un delicado cruce de caminos en el que, tire por donde tire, tiene sus riesgos y calcular los riesgos parece tarea urgente para el presidente en estos días. El indulto a Griñán, por mucha honradez contrastada y calidad humana que tiene el protagonista, no le reportará votos al PSOE, más bien alejará a electores que llevan años hartos de la corrupción y que difícilmente son capaces de separar el grano de la paja en esta compleja causa. Y el Caso Eres, aparte de la situación penal en la que ha quedado Griñán, es un caso clamoroso de corrupción que benefició a personas y, electoralmente, al partido socialista e indirectamente a muchos de sus dirigentes. En la hipótesis contraria de que el gobierno de Sánchez deniegue el indulto, como previsiblemente hará el tribunal sentenciador cuando elabore su informe preceptivo que necesita la ministra de Justicia, Sánchez sabe que los efectos serán fundamentalmente internos en el propio partido, un desgarro interior que podría desactivar peligrosamente la maquinaria electoral en unos momentos cruciales de municipales y autonómicas. Sin descartar la reapertura de viejas heridas tribales en la agrupación andaluza, bastante calentita por cierto desde el 19J.

A Pepe Griñán le están defendiendo sus compañeros de partido hasta el hartazgo, siempre con la misma muletilla de que “Pepe no se ha llevado un duro”, “Pepe es un tipo honrado”. El PSOE parece que ha decidido concentrar sus esfuerzos tras la sentencia en la defensa política de uno solo de los muchos condenados en esta causa, Griñán, “el pobre Pepe”. Algo que no es casual ya que concentrando las miradas y la atención en un hombre honrado de 76 años que va a entrar en prisión, consiguen que no se hable de lo que, hoy por hoy, es 'el evangelio' de los Eres,  la sentencia del Tribunal Supremo, la verdad judicial con parte de lo sucedido.

En el millar largo de folios de que consta la sentencia queda meridianamente  claro que se creó un sistema, sin controles legales, para cebar una red clientelar favorable a los intereses del partido que gobernaba la Junta. Afirman los jueces que entre los años 2000 y 2009 se desarrolló un sistema de concesión de ayudas sociolaborales con el objetivo de evitar “todo control administrativo”, disponiendo del dinero público “de forma discrecional” y “al margen de toda legalidad”. Y en medio de ese descontrol sacaron tajada intermediarios, aseguradoras, sindicalistas, familiares de altos cargos, de amigos o de militantes socialistas.

El voto particular de las magistradas discrepantes con la sentencia desgrana una serie de afirmaciones muy llamativas como negar taxativamente la existencia de malversación o de dolo. Para ellas dan “un salto en el vacío” quienes defienden la tesis mayoritaria del tribunal. Y también deja en evidencia algo que debiera preocupar a quienes hoy ostentan cargos públicos en España y que se resume en una pregunta ¿Cómo es posible condenar a prisión por malversar fondos públicos a quien nunca los manejó?

El PP de Juanma Moreno Bonilla se ha lanzado al ruedo de las opiniones defendiendo que no se indulte a Griñán por su propio partido. El partido que destapó el escándalo de los Eres andaluces seguirá personado en las piezas separadas que restan en el entramado. Para ello acaba de fichar a un exjuez, Alfonso Martínez Escribano, que llegó a ser Decano de los Jueces de Sevilla, en sustitución de los dos abogados que en nombre del PP llevaron la acusación en los Eres desde el inicio. Hoy ambos letrados están colocados en la Junta de Andalucía.