Noel López.
El número tres del PSOE de Andalucía, Noel López Linares, mano derecha de Juan Espadas al frente de la Secretaría Organización, no está formalmente “investigado” como presunto inductor del secuestro de una concejal socialista en la localidad granadina de Maracena el pasado 21 de febrero.
Así lo confirmó ayer en una nota pública el TSJA, saliendo al paso de las primeras informaciones, tras la presión ejercida sobre su presidente Lorenzo del Rio desde un partido socialista que alucinaba en colores al comprobar que era su Secretario de Organización el que iba a ocupar escandalosas portadas hoy viernes, en la jornada previa a la de reflexión.
Una vez más en pocos meses, en un asunto con aristas políticas, el presidente del alto tribunal andaluz se veía obligado a salir al ruedo a templar gaitas o lo que es lo mismo, matizar la información que incomodaba a los jefes de los partidos, siempre hasta donde puede su limitada autoridad en materia jurisdiccional. Ya tuvo una intervención parecida cuando un juzgado de Almería incluyó el nombre de la diputada, consejera de Agricultura, Carmen Crespo como 'investigada' en el escándalo de corrupción Halsa-Términus cuando era alcaldesa de Adra. En esa macrocausa almeriense se investiga la supuesta caja B de una constructora en la que pudo haber abundante financiación irregular del PP, además de la compra de políticos y funcionarios.
Pero el problema no son las palabras o definiciones jurídicas por determinar. El problema serio y políticamente grave, desvelado tras el levantamiento del secreto del sumario del caso Maracena, es la motivación razonada que, obligatoriamente, debe de haber enviado o enviará el juez instructor del Nº 5 al TSJA proponiendo que Noel López Linares comparezca en la causa de Maracena como investigado, acompañado de abogado.
Cuando un instructor toma la decisión de elevar a un órgano superior, competente en aforados, sus conclusiones sobre un cargo público protegido, a solo tres días de unas elecciones como estas, pueden haber pasado dos cosas. Una, que el juez proponente ha perdido el norte, algo poco probable. Dos, que son tan sólidas las pruebas obtenidas durante la instrucción que apuntan a posibles responsabilidades del aforado en los delitos investigados, que el juez no puede mirar para otro lado sin caer en una prevaricación de libro. Es lógico pensar que, a estas alturas del procedimiento, con la Guardia Civil actuando y el Ministerio Fiscal supervisando la legalidad de las actuaciones, el juez sabe lo que hace y seguro que es consciente del alcance extrajudicial de sus decisiones, algo que en pura teoría debería ser intrascendente, aunque en la España judicial de hoy no lo sea.
La gran duda que reina en el ambiente es conocer por qué no se ha levantado el secreto del sumario después del domingo 28 y de esta forma no interferir en el proceso electoral. Una especie de norma no escrita, respetada históricamente en democracia y que empezó a romper por estos lares la juez Mercedes Alaya durante su larga instrucción del muy politizado Caso Eres contra el PSOE. Por lo que se ha sabido, calendario en mano, el levantamiento del secreto judicial ha sido realizado justo el día que legalmente correspondía, no hallando el juez ningún motivo para prorrogar unos cuantos meses más el secreto de las actuaciones.
De nada sirven las exigencias para respetar la presunción de inocencia, moneda que dejó de cotizar hace años en los escenarios de la política. Puede que el Sr. López no sea finalmente investigado (imputado) por la Sala de lo Penal del TSJA o puede que sí. Lo único cierto es que con este asunto el PSOE que lidera Juan Espadas se va a dejar demasiados pelos en la gatera. El daño a las siglas es más que evidente. El lunes 29 será un día de balances internos en el PSOE-A y muchos utilizarán el asunto Maracena (o el de Mojácar) para descargar propias sus propias responsabilidades. Lo veremos.
Tampoco acaba de entenderse como el PSOE, a través de sus propios mecanismos internos, no ha estado tomándole el pulso a esta historia peligrosa desde el minuto uno. Desde el día que Pedro Gómez - así se llama el único imputado en prisión, expareja de la alcaldesa Berta Linares- secuestró a la concejal Vanessa Romero, la maniató, la metió en un maletero, la ocultó en un local y se marchó a comprar un cuchillo de cocina, mientras la concejal logró zafarse y escapar.
El PSOE-A, a través de su número tres - número dos en capacidad de decisión orgánica- necesariamente ha tenido que disponer de información suficiente como para evitar que una decisión judicial de este calibre les llegase como un tsunami, sin avisar, sin plan B, no siendo contemplada ni siquiera a modo de hipótesis. Sorprende que sorprenda que están metidos en un gran lio solamente por las declaraciones de una persona, en prisión por secuestrar a una concejal. Llama la atención que crean que la instrucción es tan poco sólida como para basarlo todo en una declaración sin pruebas que puede ser rebatida. Aunque llegados a este punto no se deben olvidar las posibilidades que actualmente ofrecen a la investigación policial las comunicaciones digitales.
El hecho de que Noel López Linares no esté declarado oficialmente como investigado, sonó ayer como la campana que salva del ko al boxeador casi noqueado. Al no estar sometido a proceso no tiene por qué presentar su dimisión del cargo, algo que antes de la oportuna aclaración de don Lorenzo desde el TSJA, empezaba a ser un clamor que se abría paso.
Noel López ha declarado que padece una “indefensión intolerable” y que tomará medidas contra el presunto secuestrador en prisión que ha vertido sobre él “manifestaciones calumniosas”, negando cualquier relación con los hechos investigados. “No estoy ni investigado ni imputado, únicamente se me entrega copia del auto a fin de que tenga conocimiento de las actuaciones procesales seguidas que me permitan defenderme de unas manifestaciones calumniosas cuando corresponda”.
Noel López Linares será el primer interesado, puestas como están las cosas, en que se llegue hasta el fondo de este culebrón donde por vez primera aparece también propuesto para imputación el concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva, mano derecha de la alcaldesa y candidata socialista a la reelección Berta Linares.