Los datos estadísticos oficiales más recientes reflejan la magnitud del Sistema de la
Dependencia y las listas de espera, tanto a nivel regional como provincial. A finales de
septiembre de 2026, por parte del IMSERSO se detallaba la situación de Andalucía y de
la Provincia de Jaén, al respecto. Así, alrededor de un 6,86% de los jiennenses ha
presentado una solicitud de atención a la dependencia a lo largo del desarrollo del sistema
y con una lista de espera es de 9.515 personas.
El pasado viernes 23 de octubre, entró en vigor la Ley 4/2026, una ambiciosa reforma que
promete la mayor transformación del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, desde su creación en 2006, reduciendo la mitad el plazo de resolución de
los expedientes (de seis a tres meses), ampliando compatibilidades entre prestaciones y
obligando al Estado a asumir el 50% de la financiación.
Sin embargo, la reforma adolece del mal endémico de nuestra tradición legislativa: la
creencia de que publicar un derecho en el Boletín Oficial del Estado transforma
automáticamente la realidad. Reducir los plazos de tramitación es un brindis al sol si no
viene acompañado de una dotación estructural e inmediata de personal, trabajadoras y
trabajadores sociales y equipos de valoración.
Por otro lado, al no rediseñar la red pública de cuidados, el Estado vuelve a delegar su
responsabilidad en el último recurso de siempre: la familia. Las reformas de la vivienda
dejan caer la solución en la propiedad y la reforma de los cuidados deja caer su peso en
la familia, aquí con el consiguiente sesgo de género.
El éxito del Estado social no se mide por la belleza de sus proclamas normativas ni por
las expectativas que genera, sino por su capacidad para convertirlas en garantías efectivas
y reales, no creando continuas frustraciones ciudadanas.
