Una de las cosas que hemos aprendido en los últimos decenios sobre los expertos en educación es… que no existen. No es que quienes se ganan la vida como tales sean unos farsantes intelectuales, sino que, como les sucede a los economistas, son gente que cree saber más de lo que sabe. O gente que no es del todo consciente de que su saber es mucho más prescindible de lo que a ella le gustaría y, desde luego, bastante más de lo que los ministros de Educación que la contratan habían imaginado.
También los economistas saben muchas cosas, salvo evitar la ruina de decenas de millones de familias que cada cierto tiempo provoca la aplicación de estrategias, herramientas, instrumentos y paquetes económicos diseñados por ellos mismos. Los pedagogos idean sofisticadas estrategias educativas que luego se traducen en leyes que no mejoran significativamente la formación integral de los alumnos. “Eso es porque la ley no está bien dotada presupuestariamente”, suelen alegar. Bien, en tal caso, quizá deberían proponer estrategias educativas cuya implementación efectiva estuviera realmente al alcance de las arcas públicas y de la competencia del profesorado.
Lo último que opinan los expertos educativos del informe PISA sobre la utilización de los móviles en las aulas es que “un uso moderado de la tecnología digital puede ser mejor en términos educativos que una prohibición absoluta”. Las informaciones periodísticas precisan que los técnicos de PISA han comprobado que “las escuelas que han regulado su uso han aprobado guías de buenas prácticas o reglas por parte de los profesores”. Sin embargo, añaden a renglón seguido, “su cumplimiento por parte de los alumnos no es especialmente estricto”. Aclaremos que, referida a niños, adolescentes y jovenzuelos, la expresión “cumplimiento no especialmente estricto del reglamento” viene a significar aproximadamente “ni puto caso al reglamento”.
Ha acertado la Consejería de Educación de la Junta, que dirige Patricia del Pozo, al sumarse a las autonomías que ya prohibieron los móviles dentro de la escuela y aun en el recreo. Las pantallas, grandes o pequeñas, tienen grandes ventajas, pero entre ellas no figura la de promover la afición a la lectura, sin la cual la comprensión de textos y, por tanto, de la realidad siempre será deficiente, como por lo demás ha vuelto a demostrar el último informe PISA.
Ciertamente, que haya o no hay móviles en las aulas tal vez no sea determinante para el progreso educativo de los alumnos, pero cuando ese progreso está en mínimos lo más prudente es no agravarlo con tecnologías extraordinariamente atrayentes para los chicos pero que los desconcentran y distraen del esfuerzo de aprender. Como sabe cualquier padre, el “uso moderado de la tecnología digital” al que apelan los expertos es un oxímoron en el caso de los jóvenes.
En todo caso, el problema mayor de nuestra educación es la distancia de competencias y preparación entre los alumnos según cuál sea su extracción social. La enseñanza concertada -gestión privada, financiación pública- se ha convertido en la primera fuente de desigualdad, dado que el acceso a dichos centros exige el pago de cuotas -en teoría ilegales- que resultan prohibitivas para las familias modestas que pretenden escolarizar en ellos a sus hijos.
¿Y por qué querría una familia de clase baja o media baja llevar a su hijos a un centro concertado? Pues por la misma razón por la que lo hacen las familias más acomodadas: no por la calidad de su educación reglada, sino por la calidad de quienes serán los amiguitos de sus hijos. A ese estado de cosas la derecha suele llamarlo libertad de elección de centro.
“La voluntad del Gobierno andaluz es que los padres puedan llevar a sus hijos al colegio que les dé la gana. No hay que tenerle miedo a la libertad”, solía repetir Elías Bendodo cuando era portavoz del Gobierno andaluz, pasando por alto el hecho crucial de que esa libertad solo pueden ejercerla las familias con ingresos suficientes para pagar 80, 100, 200 o 300 euros al mes por hijo matriculado, aunque la horquilla varía mucho porque no hay estudios oficiales de alcance estatal, ¿y cómo habría de haberlos si tales cuotas no existen oficialmente porque están prohibidas por la ley? En fin, ya que no podemos arreglar lo de la enseñanza privada -aunque de nombre concertada-, arreglemos al menos lo de los móviles. Mejor eso que nada.