Va a hacer un año que publiqué en estas mismas páginas un artículo titulado ‘La sanidad no engaña’ en el que advertía, y tampoco había que ser un genio para caer en ello, al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno de que llevaba cuatro años viviendo de las rentas derivadas de los errores cometidos por el Partido Socialista en materia de sanidad. Llegará un momento, recalcábamos, en que tales réditos se agoten. Pues bien, un año más tarde no se han agotado pero siguen mermando a ojos vista.
Esta semana se han conocido los datos oficiales de una lista de espera en la sanidad andaluza cuyo espectacular incremento explica, sin necesidad de en traer en más consideraciones, por qué la Consejería de Salud ha tardado nada menos que ¡un año y medio! en dar a conocer la estadística actualizada. La consejera jiennense Catalina García justificaba la demora en “problemas técnicos” que, por supuesto, nadie creyó nunca, posiblemente tampoco ella misma. Baste recordar que tales problemas técnicos se solventaron milagrosamente apenas 72 horas después de que el Ministerio hiciese públicos los datos de demora quirúrgica y asistencial de todas las comunidades.
La contundencia de la estadística andaluza es tal que ni siquiera los periódicos que más ardientemente simpatizan con el Gobierno autonómico del PP se han atrevido a suavizarla en sus titulares. ABC de Sevilla: ‘Los pacientes que superan el plazo legal para operarse en el SAS se triplican en un año”. El Mundo: ‘Listas de espera andaluzas: El triple de pacientes aguardando más de un año una intervención quirúrgica’. Con muchas cabezas de ventaja sobre ambos medios privados para alzarse como justo merecedor del primer premio en el Campeonato Autonómico de Pelotas Gubernamentales, el público Canal Sur encontraba una rendija por la que servirle a su audiencia un titular zalamero: ‘Sanidad publica las listas de espera: bajan las cifras en consulta y suben para operaciones”.
Lo cierto es que los datos admiten poca réplica: Andalucía es, en cifras absolutas, la primera comunidad en volumen de pacientes en espera y la quinta en términos de tasa por cada mil habitantes. Los enfermos en lista de espera superan el millón, concretamente 1.045.106, de los cuales 841.731 aguardan citan para el especialista y los 203.375 restantes una intervención quirúrgica. De estos últimos, 36.004 ya están fuera del plazo legal con derecho a ser operados, lo que supone un 227 por ciento más que hace un año y medio, cuando se publicó la última estadística.
En el cuadro de gastos sanitario por habitante y año Andalucía sigue saliendo mal parada, tal mal como cuando durante el último mandato socialista al PP se le llenaba la boca denunciando el estancamiento de la comunidad en el mismo vagón de cola en que sigue cinco años después. Según datos de la Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública, el presupuesto andaluz para 2023 fue de 1.605 euros por habitante, solo por delante de Madrid, Cataluña y Murcia. La media española es de 1.808 euros, a mucha distancia de los 7.200 de Luxemburgo, los 6.570 de Islandia o los 6.240 de Noruega. La media europea, según datos de Eurostat, roza los 3.000 euros per cápita.
Han pasado cinco años desde la llegada de la derecha al Gobierno autonómico y la situación sanitaria no solo no ha mejorado sino que ha empeorado, y ello a pesar del incremento del gasto. Y a pesar también de la largueza de San Telmo para asignar recursos a la sanidad privada. Ambos sistemas, público y privado, son dependientes entre sí: cuando el servicio público sanitario empeora, la cuenta de resultados de las aseguradoras privadas se dispara. Las operadoras particulares saben que la sanidad es un pozo sin fondo del que pueden extraer ingentes cantidades de dinero por la incomparecencia o la mala praxis de los operadores públicos. Los partidos de derechas como el PP están alineados con la causa de las aseguradoras privadas y reflejan ese alineamiento en los presupuestos anuales de sanidad.
Para el Gobierno andaluz, el tiempo de las excusas aún no ha acabado pero sigue reduciéndose. Ya le queda menos. Las alusiones de la consejera García a la “herencia envenenada” de los socialistas suenan a excusa de mal pagador. El Ejecutivo de Moreno prometió mejorar sanidad pública y no lo ha hecho. Y además de no haberlo hecho, tampoco puede ocultar que no lo ha hecho.
Ya lo hemos subrayado en estas páginas, pero es momento de repetirlo: “La ventaja política que la sanidad tiene para los ciudadanos es que es imposible engañarlos con cifras, consignas o porcentajes. Uno pide una cita a su médico de familia y si tardan 10 o 15 días en dársela, no habrá agresiva campaña de propaganda ni discurso suavón del presidente que lo convenzan de que la sanidad pública funciona como debe. Uno logra por fin la cita con su centro de salud y cuando el médico de cabecera lo manda al especialista y este le da la vez para dentro de tres, seis o doce meses, ni el más carismático político al que votó en las últimas elecciones será capaz de convencerlo de que el Gobierno atiende como debe sus compromisos sanitarios. Como el algodón, la sanidad no engaña”.
No engaña… pero lo intenta. ¿Cómo? Escamoteando los datos porque son malos, justificando la ocultación con razones que nadie cree, camuflando su alcance en la televisión pública, culpando del deterioro actual de la sanidad a un gobierno que dejó de gestionarla hace cinco años. Si hay más dinero pero la atención sanitaria es peor, tenemos un enigma, además de un problema. Catalina García nos debe una explicación. Debería de pagárnosla.