Avalada finalmente este jueves por el Tribunal Constitucional, la ley de amnistía a los independentistas catalanes condenados por la justicia nunca logrará borrar del todo el pecado original de haber sido impulsada porque el grupo socialista necesitaba los seis votos de Junts per Catalunya para hacer presidente a Pedro Sánchez. Sus detractores se agarran a esa embarazosa circunstancia como a un clavo ardiendo y están perfectamente en su derecho a hacerlo, pero que el origen de la ley fuera esa transacción parlamentaria no significa que la misma tuviera necesariamente que ser anticonstitucional o, ni mucho menos, que fuera a suponer “el principio del fin de la democracia”, como hiperbólicamente sostenía en noviembre de 2023 la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La progresista Jueces para la Democracia pensaba lo contrario, que sí tenía encaje en la carta magna. Es lo mismo que pensaban los dos centenares de juristas que en aquel otoño caliente de 2023 firmaron un manifiesto en defensa de la promulgación de una ley de amnistía como la que finalmente aprobaría meses después el Congreso de los Diputados.
Tras haber vituperado la ley y señalados como traidores a España y a la división de poderes los gobernantes que la promovieron, una vez que el texto ha superado con éxito el trámite del Constitucional, lo que viene ahora es vituperar y descalificar a ese tribunal de garantías que no ha dicho lo que quienes se oponían a la ley consideran que debía decir. Si para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la ley es “inmoral”, para el expresidente todavía socialista Felipe González es un insoportable ejemplo de “corrupción política”. La posición de ambos podría resumirse así: si sale cara gano yo y si sale cruz pierdes tú. Han decidido que la ley es inconstitucional aunque el Tribunal Constitucional diga lo contrario, pero si lo que dice el TC en materia de constitucionalidad no vale, ¿quién ha de decirlo para que valga? ¿Feijóo, González, la APM?
¿Lo que sentencia el tribunal de garantías ha dejado de merecer respeto por no decir lo que uno quiere que diga? Esa es la actitud del destacado socialista y emilianista de pro Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, para quien la actuación de los magistrados del TC que han avalado la ley es “muy grave y muy inmoral” y su resolución se basa en argumentos “muy infantiles o flojos”. El Constitucional ha dejado, pues, de ser una institución respetable. Para Page y González también ha dejado de serlo el propio Partido Socialista mientras no se libere de las diabólicas garras de ‘Perro Xanche’.
Nadie puede negar que la ley de amnistía ha sido una herramienta extraordinariamente eficaz para la pacificación política y civil de Cataluña. Hasta Page lo reconoce, aunque en su opinión “en Cataluña se han desinflamado mucho las cosas a costa de inflamarse en el resto de España”. Algo de eso hay, ciertamente, pero lo que es seguro, y no quiere ver Page, es que esa inflamación de España que tanto le preocupa desaparecerá como por arte de magia el día que Pedro Sánchez ceda al sillón de la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo, de donde se colige que se trata de una inflamación muy aparatosa pero con los días contados, mientras que todo indica que la desinflamación de Cataluña va para largo. Con esta ley, Sánchez habría escrito recto con renglones torcidos: torcidos eran los motivos puramente transaccionales por los que promovió la ley, pero rectos han sido los beneficios políticos derivados de ella: han leído poca historia, sobre todo poca historia de España, quienes siguen creyendo que la mejor y acaso la única manera de resolver el problema catalán es a hostias.
Es obvio, por lo demás, que Pedro Sánchez asumía graves riesgos al impulsar una ley tan mal recibida a este lado del Ebro, pero se trata en cualquier caso de riesgos referidos al propio Sánchez y a su partido, no a España, ni a la democracia, ni a la división de poderes ni, por supuesto, a la dignidad nacional. ¿Que Sánchez y su partido pierden las próximas elecciones por haber amnistiado a los líderes independentistas catalanes? Pues vale, bien, que las pierdan, así es el juego de la democracia, a veces se gana y a veces se pierde, pero seguro que los socialistas se tomarán con deportividad su derrota: lo que no ha hecho el PP desde que Mariano Rajoy fue desalojado por Pedro Sánchez en junio de 2018 y Alberto Núñez Feijóo derrotado en el Parlamento que salió de las urnas en julio de 2023; lo que no hizo ese mismo PP cuando en marzo de 2004 perdió las elecciones por las mentiras de Aznar sobre el 11-M. La democracia española no se deteriora ni está en peligro por la ley de amnistía: lo que realmente la pone en peligro es la falta de deportividad de quienes pierden, su resistencia contumaz a aceptar lealmente la derrota, su resentimiento institucionalizado, su determinación a sembrar dudas sobre un sistema electoral que se cuenta entre los más fiables del mundo. El TC es respetable si me la razón. El sistema electoral es fiable si me da la victoria. El Gobierno es legítimo si su titular soy yo.