La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general de los socialistas andaluces se ha equivocado tres veces en tres días: la primera por decir lo que dijo sobre la sentencia del caso Alves, la segunda por no rectificar de inmediato y la tercera por hacerlo demasiado tarde y sin mucha determinación. Ante una metedura de pata flagrante, para resultar creíble la disculpa ha de ser seca y directa como un disparo, sin adornos exculpatorios ni conjunciones adversativas.
Los hechos son bien conocidos por el lector, pero los recordamos sucintamente: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha revocado la condena de cuatro años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia de Barcelona al futbolista Dani Alves por la violación de una joven cuyo testimonio sí resultaba fiable para el tribunal de primera instancia, pero no así para el tribunal de apelación, cuyos dos magistrados y tres magistradas consideran unánimemente que determinadas inexactitudes e incoherencias de la víctima siembran dudas insalvables sobre su relato de lo realmente sucedido en el baño donde tuvo lugar la relación sexual, consentida según el futbolista y forzada según la joven. No cree el TSJC, y así lo recalca en su sentencia, que Alves sea inocente: simplemente no está seguro al cien por cien de que sea culpable; es esa duda razonable, ese civilizado y constitucional ‘in dubio pro reo’ lo que, provisionalmente puesto que la sentencia será recurrida ante el Supremo, ha salvado a Alves de la cárcel.
En su intervención del pasado fin de semana en el congreso del PSOE de Jaén, a María Jesús Montero se le calentó la boca. Quienes conocen a la vicepresidenta y vieron ese día el telediario casi no daban, no dábamos, crédito a las palabras que salieron de su boca: “Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos”.
Increíble pero cierto: increíble que alguien con tantas tablas, tan buena cabeza y tan intachables convicciones democráticas dijera lo que dijo, equiparándose involuntaria pero inequívocamente así tanto con sus antiguas socias de Podemos y su querencia por la brocha gorda del populismo judicial como con sus adversarios del Partido Popular cuando desacreditan sin complejos ni pudor a un tribunal que dicta una sentencia que no les gusta, como viene sucediendo, recuérdese, con el Tribunal Constitucional a cuenta de su sentencia sobre el caso de los ERE. Los Feijóo, los Bendodo o los Tellado no están menos convencidos de la culpabilidad de Chaves y Griñán de lo que lo está Montero de la de Alves, pero si exigimos a unos que respeten al Constitucional, hemos de exigir a la otra que haga lo mismo con el TSJC, y no por el prurito de ponernos estupendos o posar de equidistantes, sino porque, aun pudiéndose discrepar de sus fallos o desconfiar de algunos de sus titulares, el respeto institucional a los tribunales es una de las vigas maestras que sostiene toda la arquitectura constitucional: si horadamos esa viga, la casa acabará viniéndose abajo.
Si el primer error de Montero fueron esas desafortunadas palabras, el segundo fue no darse cuenta a tiempo de hasta qué punto lo habían sido. Y si ella no lo vio, alguien de su equipo debería haberlo visto y haberla advertido de lo que se le iba a venir encima. Ese mismo día, cuando sus palabras aún no se habían enfriado, debió rectificar y pedir disculpas. Y luego vino el tercer error: pedirlas con un retraso de 72 horas y añadir a su rectificación tanto matiz, tanta aclaración, tanta digresión que lo que debió ser una franca petición de perdón acabó pareciendo más bien una sucesión de excusas de mal pagador.
De hecho, su primera disculpa fue impecable: “En la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que cuestioné la presunción de inocencia, pilar del Estado de Derecho. La retiro y pido disculpas por ella”. Montero no se equivocó en esta disculpa, sino en los añadidos que le fue sumando después. No es que la vicepresidenta no tenga razón al recordar que las asociaciones de jueces y fiscales o el Consejo General del Poder Judicial no suelen mostrarse tan sensibles a las críticas cuando estas vienen de la derecha, pero, en el contexto de una petición de excusas, tales contextualizaciones devalúan la disculpa en vez de fortalecerla.
Por lo demás, ninguna de las dos sentencias, ni la condenatoria ni la absolutoria, es infundada o arbitraria. Tampoco feminista o machista. Ambas esgrimen buenas razones, aunque discrepen en la valoración de la prueba. Ocurre todos los días: tales discrepancias evidencian no que la justicia funciona mal, sino justamente de todo lo contrario, que funciona bien. Hasta tal punto cabe decir que la Audiencia de Barcelona y el Tribunal Superior han hecho bien su trabajo que hoy por hoy nadie puede honestamente estar seguro de si el Supremo le dará la razón al primer tribunal, al segundo o incluso a ninguno de los dos.
Sea como fuere, ninguno de los tres errores, ni siquiera el primero, merece pagarse con la dimisión, como hipócritamente exige el PP, ni por supuesto ninguno de esos errores habrá de resultar fatal para la carrera política de Montero, aunque los tres deberían servirle a ella, a su Gobierno y a su partido para no dejarse arrastrar por el vendaval populista que, agarrando con ciega determinación la palangana para tirar por la ventana el agua sucia de las sentencias enojosas, acaba arrojando con ella al niño mismo de la justicia.