No habrá paz política ni judicial sobre el caso ERE hasta que hable el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. ‘Todavía quedan jueces en Berlín’ no es frase que hoy por hoy podamos trasladar con garantías a la justicia española afirmando ‘Todavía quedan jueces en Madrid’. Como seguramente sabrá el improbable lector, la célebre sentencia es atribuida por la leyenda a cierto campesino prusiano cuando el rey Federico el Grande pretendió derruir un molino propiedad del humilde labriego cuya cercanía al palacio real afeaba la estética de este. La existencia de ‘jueces en Berlín’ garantizaba el imperio de la justicia y la igualdad ante la ley frente a los atropellos de los poderosos.
La última batalla de la guerra soterrada que se viene librando en los campos de batalla de la justicia, la política y el periodismo ha estallado esta semana al conocerse la insólita providencia de la Audiencia Provincial de Sevilla eludiendo el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que rebajaba drásticamente las sentencias condenatorias del Tribunal Supremo a los políticos socialistas andaluces procesados en el caso de los ERE. Haciéndose eco de la petición formulada por la acusación del PP, el tribunal de Sevilla plantea elevar el caso a la justicia europea para que esta determine si el Constitucional “se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar (…) la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia y el Tribunal Supremo”. La Audiencia pone así en cuestión la jurisdicción misma del TC.
Entre observadores y juristas hay división de opiniones sobre la negativa de la Audiencia de Sevilla a rectificar su sentencia condenatoria para acomodarla a la dictada por el Constitucional. Para jueces, políticos y periodistas conservadores, la Audiencia de Sevilla ha hecho lo que tenía que hacer: sacarle los colores a un TC que con su sentencia exculpatoria habría invadido competencias del Supremo para blanquear el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia. “Han utilizado el TC como un túnel de lavado de los ERE”, ha sentenciado el siempre sentencioso dirigente popular Elías Bendodo.
Desde la izquierda, las cosas se ven de modo diametralmente distinto. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías estallaba así en redes sociales: “¡Menudo disparate! La Audiencia de Sevilla interpone una cuestión prejudicial contra... Una sentencia del TC. Ni la STC es una norma, ni se plantea por derecho europeo, ni la cuestión vale para atacar e inaplicar sentencias superiores. Esto es política, no derecho”. Luxemburgo decidirá quién tiene razón, salvo que, como sugiere Urías, considere improcedente la cuestión prejudicial planteada por el tribunal de Sevilla, en cuyo caso lo dicho por el TC irá misa, si bien las derechas seguirán diciendo lo dicho hasta ahora: que este TC no es nadie para rectificar a este Supremo.
La doctrina de la sentencia exculpatoria del TC que tanto disgusta a la Audiencia de Sevilla es cristalina: las partidas de los ERE estaban año tras año consignadas en la ley de presupuestos y por definición una ley no puede ser ilegal, además de tratarse de un acto soberano del Parlamento que, por tanto, no está sujeto a la jurisdicción penal. Quienes se rasgan histriónicamente las vestiduras porque el TC habría invadido las competencias del TS no parecen saber o ignoran deliberadamente que los argumentos del Constitucional ya fueron expuestos repetidamente no solo por los abogados defensores, sino también por la Cámara de Cuentas de Andalucía, por los letrados del Gabinete Jurídico de la Junta y por varios interventores de la administración autonómica, entre ellos el jefe de la Intervención, además de haber sido defendidos a título personal por prestigiosos juristas del más alto nivel.
Donde se cometieron las ilegalidades y el fraude fue en la gestión específica de las partidas aprobadas por el Parlamento, pero no en las leyes que legítimamente consignaban tales partidas. El error de la justicia fue empecinarse en demostrar la existencia de una pirámide delictiva absolutamente inverosímil, en vez de focalizar sus pesquisas en el más que verosímil fraude que había tenido lugar en la Consejería de Empleo. Una cosa es que los imprudentes agujeros que tenía el procedimiento de concesión de las ayudas posibilitaran el fraude, que es lo que sucedió, y otra bien distinta que el Gobierno andaluz urdiera deliberadamente dicho procedimiento con el propósito de promover y amparar un fraude generalizado, que es lo que erróneamente sostenían las sentencias de la Audiencia y del Supremo anuladas por el Constitucional.
La creatividad procesal de la instructora Mercedes Alaya, por una parte, y la codicia penal de la doble acusación ejercida por la Fiscalía y por el Partido Popular, por otra, acabaron estrellándose contra el muro del sentido común, aquel donde, según ha recordado el tribunal de garantías, están grabados en piedra los sagrados principios de legalidad y presunción de inocencia.
La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, injustamente encarcelada, lo explicaba así al dejar la prisión tras la sentencia del TC: “He vivido todo esto con gran perplejidad. Nunca pudo pasar por mi cabeza que por participar en elaboración de presupuestos en una ley, ésta fuera ilegal o que se engañaba al Parlamento. Eso siempre me ha tenido perpleja, pero siempre he respetado las resoluciones judiciales. Yo respeto al TC y le pido al PP que lo haga porque es el garante de que se respeta la legalidad y los derechos constitucionales”.