Las manifestaciones de la semana pasada en defensa de la sanidad pública andaluza —desde Sevilla a Jaén, pasando por Málaga y Cádiz— no son un estallido puntual, sino el síntoma visible de una enfermedad más profunda: el desmantelamiento progresivo del sistema público de salud. Asimismo, la destitución de la viceconsejera jiennense tras el escándalo de los cribados de cáncer no ha cerrado la crisis, sino que la ha confirmado. La sanidad andaluza no está enferma por casualidad: está siendo deliberadamente agredida por los mismos que la gestionan, cuya única tarea y objetivo es privatizar nuestra sanidad y repartirla entre unas cuantas empresas.
Lo más curioso es el discurso con el que se defiende todo esto. Moreno Bonilla nos promete “modernizar” la sanidad y “optimizar recursos”. Todo muy del siglo XXI, todo muy “smart”. Pero, mientras, las listas de espera se han disparado, los programas de cribado de cáncer han sufrido retrasos tan graves como hemos sabido y las movilizaciones ciudadanas han recorrido todas las provincias. Más de 56.000 personas salieron a la calle hace unos días para exigir lo que, en teoría, ya se está pagando: una sanidad pública digna. Pero claro, no es lo mismo presupuestar que garantizar.
El gobierno de Juanma Moreno lo niega todo, claro. Habla de “colaboración público-privada” y de “eficiencia”. Pero los datos son testarudos: en 2025, los conciertos sanitarios con empresas privadas crecerán más de un 21 %, pasando de unos 405 a casi 494 millones de euros. Y eso sin contar los contratos menores y las derivaciones camufladas bajo convenios, acuerdos o externalizaciones. En paralelo, el gasto directo en atención primaria y hospitales públicos se estanca o incluso disminuye en términos relativos.
Este es el mérito indiscutible del gobierno de Juanma Moreno Bonilla: ha logrado que buena parte de la ciudadanía andaluza crea que se está invirtiendo como nunca en sanidad pública, mientras el sistema público se desangra poco a poco por dentro. Es el truco del prestidigitador político: mostrar la mano derecha agitando millones de euros sobre la mesa, mientras con la izquierda se abre discretamente la caja de los conciertos con la privada. Y cuando alguien pregunta por qué las listas de espera siguen creciendo o los centros de salud se quedan sin médicos, la respuesta oficial es siempre la misma: “Estamos aumentando el presupuesto como nunca”. Claro, pero ¿en qué se está gastando?
Pues vamos a verlo con datos. Mientras el presupuesto sanitario total alcanza cifras récord —16.265 millones de euros en 2026, un 6,6 % más que el año anterior—, el peso real de lo público dentro del sistema se reduce y el gasto en conciertos con la sanidad privada crece más del 21 % solo en 2025, pasando de 405 a casi 494 millones de euros. Es decir: el dinero aumenta, pero una parte creciente deja de ir a los hospitales y centros de salud públicos para acabar en cuentas privadas, a través de derivaciones puntuales, contratos menores o convenios que, con distinto nombre, hacen exactamente lo mismo: transferir dinero público a empresas privadas para hacer lo que antes hacía, y ya no puede hacer, la sanidad pública.
Y, como todo en política, no es una casualidad ni un error de cálculo: es un modelo.
El discurso liberal suena moderno, casi irresistible: libre empresa, competencia, eficiencia. Pero en el caso andaluz —como en tantos otros— tiene truco. Las empresas privadas de sanidad no compiten realmente; viven del dinero público. No ganan clientes por ofrecer mejores servicios o precios, sino porque el sistema público, debilitado, se ve obligado a derivar pacientes, pruebas y cirugías. No compite, no asume riesgo, no invierte para ganar pacientes por calidad. Se limita a esperar la llamada del sistema público, la derivación o el convenio, y a facturarle al erario los servicios. La privatización no surge de la demanda ciudadana, sino de la incapacidad —inducida— de la sanidad pública para responder. Es un negocio tan seguro que hasta el propio Adam Smith levantaría una ceja.
Este es el nuevo liberalismo a la andaluza: empresas privadas que prosperan a costa del dinero público, mientras los defensores del libre mercado firman los decretos y aplauden desde el palco. En ese esquema, lo público se debilita —porque pierde recursos, personal y confianza— y lo privado se fortalece —porque gana contratos, clientes y prestigio—. Y todo ello sin necesidad de proclamar abiertamente “vamos a privatizar la sanidad”, no vaya a ser que alguien se asuste. Es un proceso más sutil: una privatización por goteo, invisible, casi silenciosa, pero constante.
Este modelo tiene un nombre técnico, pero muy poco romántico: privatización de la gestión mediante derivación forzada. O, en lenguaje llano, “si quieres que te atiendan antes, paga (otra vez)”.
El supuesto “liberalismo” sanitario andaluz no es más que un capitalismo sin riesgo, un negocio garantizado gracias a los impuestos de todos. Si las clínicas privadas fueran verdaderamente liberales, competirían en igualdad de condiciones, sin depender del dinero público. Pero no: prefieren que el Estado les asegure el flujo de pacientes, las facturas y los beneficios. Es el sueño húmedo de cualquier empresario sin vocación de riesgo: el mercado sin mercado.
El gobierno andaluz repite sin cesar que se está invirtiendo más que nunca en sanidad. Y no miente, pero tampoco dice la verdad completa. Es como presumir de que se come mejor que nunca porque el presupuesto en comida ha subido… aunque la mitad se gaste en catering privado.
Cuando se observa la evolución del gasto sanitario, se aprecia con claridad el desplazamiento: más dinero global, pero menos músculo público. El gasto sanitario por habitante en Andalucía sigue entre los más bajos de España: unos 1.880 euros frente a los 2.400 de Asturias o los 2.300 del País Vasco. Aun con récords presupuestarios, la atención primaria está asfixiada y los hospitales saturados.
Los conciertos sanitarios y las derivaciones a clínicas privadas no son un apoyo puntual: son ya una pieza estructural del sistema. En muchos hospitales, el personal sanitario denuncia que se mantienen quirófanos cerrados por las tardes mientras se pagan intervenciones a centros concertados. El dinero público financia actividad privada mientras lo público se infrautiliza. Una especie de dieta de adelgazamiento forzoso para el sistema público que, curiosamente, engorda a las clínicas privadas.
En este liberalismo subvencionado, que convierte cada derivación pública en una línea más en sus balances de beneficios, sería injusto, o ingenuo, cargar toda la responsabilidad en el actual gobierno. El modelo no lo inventó el PP de Moreno Bonilla. Lo heredó, lo amplió y lo ha convertido en su seña de identidad, pero la semilla venía de antes. Fue bajo los gobiernos del PSOE —especialmente durante la etapa de Susana Díaz— cuando comenzó a normalizarse el uso de conciertos y derivaciones como parte estructural del sistema.
La diferencia es que lo que entonces se presentaba como un parche temporal para reducir listas de espera, hoy se ha convertido en una estrategia planificada. Lo que antes era un recurso excepcional, ahora es un principio de gestión. Y la paradoja resulta casi grotesca: los mismos que abrieron esa puerta encabezan ahora las manifestaciones denunciando el desmantelamiento.
No se trata de negarle legitimidad a la protesta —porque es evidente que la sanidad pública está en peligro—, sino de recordar que este modelo de privatización por goteo tiene más de una firma. Es un proceso de largo recorrido, una continuidad sin ruptura, una de esas políticas “de Estado” que tanto gustan a quienes luego se enfrentan teatralmente en el Parlamento.
El resultado final es un sistema sanitario que se divide en dos
velocidades.
Por un lado, una red privada rentable, bien financiada, con beneficios
crecientes y un flujo constante de pacientes derivados desde lo público. Por
otro, un sistema público debilitado, cada vez más limitado a lo no rentable:
urgencias, crónicos, dependencia, patologías complejas y población de bajos
ingresos.
La sanidad pública deja de ser el pilar universal para convertirse en una red de seguridad para los que no pueden pagar otra cosa. Lo demás se convierte en negocio. Es la consagración del modelo dual: la salud como derecho para unos y como producto para otros Porque, con el modelo de Juanma, lo público se va quedando para lo que no es rentable: las urgencias, la atención primaria, los pacientes crónicos, los mayores. La sanidad de todos reducida a un sistema asistencial para los que no pueden pagar otra cosa; en el que la rentabilidad se privatiza y los costes se socializan. Lo llaman libertad de elección; en realidad es una elección entre pagar dos veces o resignarse a la cola.
Todo ello, además, con un discurso cuidadosamente maquillado: se habla de “libre elección”, “optimización”, “innovación” o “modernización”, mientras lo que realmente ocurre es una transferencia constante de recursos públicos a intereses privados. No es una conspiración, es un plan de gestión. Y está funcionando.
Quizás lo más irritante no es la política en sí, sino la hipocresía con la que se disfraza. Si el gobierno andaluz cree sinceramente que la sanidad privada es más eficiente, que lo diga abiertamente. Si su objetivo es sustituir la sanidad pública por una red privada para los servicios rentables y dejar lo público como residual, que lo reconozca.
Pero no lo harán, porque entonces tendrían que admitir tanto sus intereses en esas empresas privadas como que no son tan liberales ni tan solventes como dicen. Que no podrían sobrevivir sin el dinero público. Que el supuesto “mercado” sanitario andaluz es en realidad una red de dependencias políticas, económicas y familiares. Que vivimos en la gran paradoja del discurso liberal andaluz: se proclama la libertad del mercado mientras se vive del dinero del Estado. Se destruye lo público en nombre de la eficiencia, pero se necesita lo público para que el negocio privado funcione. Es el capitalismo sin competencia, la libre empresa subvencionada, la sanidad privada con fondos públicos. Y lo peor de todo: con el aplauso de quienes creen que se está “modernizando” el sistema.
Es más fácil venderlo como modernización, presumir de cifras récord y seguir desviando fondos bajo la alfombra de los tecnicismos.
Pero el truco ya no cuela y por eso el problema de Moreno Bonilla no son las protestas ni la oposición: es la realidad: la realidad que nos muestra que no se puede presumir de defender la sanidad pública mientras se la vacía por dentro. Así, cada vez más ciudadanos notan la trampa en sus carnes —o en las colas, en las listas de espera y en los centros de salud cerrados—. Más presupuesto, pero menos atención. Más gasto, pero menos médicos. Más “colaboración”, pero menos servicio.
La sanidad pública andaluza no está muriendo de golpe, sino de anemia. Una anemia cuidadosamente inducida, para que lo privado florezca con vigor. Y cuando eso ocurra del todo, nos dirán que ya no hay alternativa, que lo público “no funciona”, y que lo mejor será dejarlo en manos del mercado.
Solo que, para entonces, el mercado ya no será libre: será nuestro dinero sosteniendo su negocio.