El persistente e intolerable retraso en el acceso a la dependencia

Uno de los grandes hitos en la creación y desarrollo del Estado del Bienestar ha sido entre otros, todo el desarrollo legislativo y normativo de lo que llamamos el sistema de ayuda a la Autonomía y Dependencia. Todo ello, a partir de la promulgación de la ley 39/2006 de 14 de diciembre de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de vulnerabilidad, hasta el Real Decreto 675/2023 de 18 de julio, que modifica el RD 1051/2013 que regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006.

Todo este sistema ha articulado una estructura de ayuda a una parte muy importante y amplia de la población española, en situación de vulnerabilidad y dependencia, que difícilmente las personas afectadas y sus familias podrían afrontar por sí mismos. Pero a pesar de la eficacia,
utilidad y necesidad del sistema de Dependencia hemos de indicar, a modo de recordatorio, varios aspectos que las Comunidades Autónomas, encargadas de la gestión y aplicacion de la ley de Dependencia, deben solventar de forma urgente para conseguir que dicho servicio de Dependencia sea universal y eficaz para todas las personas que lo necesitan.

A continuación, expongo varios datos que avalan la necesidad de abordar de forma urgente la agilización de los trámites para la aplicación de la citada ley:

Entre 2012 y 2015 murieron 125.914 personas que según la ley deberían haber recibido ayudas y no las recibieron, fallecieron. En 2022 murieron, en torno, a 45.000 personas mientras esperaban las ayudas de la ley de dependencia. El tiempo medio de espera está por encima del año u medio, desde que se solicita hasta que se recibe la prestación o el servicio. La aplicación de la Ley 675/ 2023 de 18 de julio que incrementa la cuantía de las ayudas y las prestaciones, y que tiene efecto a partir del dia siguiente a su publicación en el BOE, aún no ha tenido efecto y han pasado 6 meses.

Otro aspecto que repercute en los bolsillos de las familias es la no asunción, por parte de la Administración, de la rehabilitación cognitiva (en los casos de personas con Alzheimer), o en su caso su desgravación en la declaración de la renta.

Como podemos comprobar hay causas suficientes para solicitar una mayor diligencia a la Administración en el mantenimiento de los servicios de Dependencia, no quedándose sólo en la presentación de las leyes, sino también en la forma de implementación de las mismas y la aportación de recursos para mantenerlas.