Al mismo tiempo que conocimos el salario anual de casi cuatrocientos mil euros del Presidente de la COE, éste se negó a estar y suscribir en la mesa que aprobó la subida del Salario Mínimo Interprofesional.
Ante las críticas de algún ministro sobre esta contradicción moral, el Sr. Garamendi pidió “respeto para los empresarios”. Hace unos días, FERROVIAL anuncia su intención de trasladar el domicilio social de España a Países Bajos (país de baja fiscalidad); el año pasado obtuvo más de mil millones de euros en contratación pública, y más de nueve mil en las últimas décadas. A pesar de ello, tratan de evitar a la Hacienda española.
Tanto el Sr. Garamendi como la Portavoz Parlamentaria del PP y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, como siempre en defensa del dinero, declaran que “el Gobierno trata de arruinar a los empresarios”. Es deprimente tener que señalar que nadie está contra los empresarios sino contra los que no quieren pagar los impuestos que les corresponden.
Es dantesca y cristalina esa comunión entre el privilegio y determinadas políticas. En Madrid y Andalucía se suprimen el impuesto Sobre el Patrimonio – que pagan los más ricos- y ambas Comunidades recurren ante el Tribunal Constitucional el Impuesto sobre las Grandes Fortunas; paralelamente perpetúan en los dos territorios un deterioro constante de la sanidad pública, poniendo una alfombra roja a su privatización, como nos demuestra la última Orden dictada por la Consejería de Sanidad en Andalucía, sobre las tarifas de servicios médicos privados.
Se pone así de manifiesto el rostro más descarnado de una política de defensa exclusiva de los privilegiados y de reducción progresiva de los Servicios Públicos para todos, convirtiéndolos en un negocio privado.
¿De verdad que sólo pretende el PP defender sueldos obscenos, eliminar impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones y limitar los servicios públicos?
No, ni se está contra los empresarios, ni contra los ricos, sino contra aquellos que no quieren contribuir con su renta o capacidad de pago al sostenimiento de los servicios esenciales para todos los españoles. Es lamentable, que aún tengan partidos políticos que los defiendan.
