En estos días que tanto estamos oyendo hablar de diversidad, de orgullo LGTBI, me ha venido a la cabeza un estudio que está en su segunda fase, realizado por un sindicato, y en el que se arrojaban datos muy preocupantes sobre la discriminación que sufren estas personas en el ámbito laboral.
Dificultades de acceso, o si el debate sobre sus derechos ha supuesto un empeoramiento en sus condiciones de trabajo.
El peligro para este país no son las personas LGTBI ni lo que han hecho para luchar por sus derechos y conseguir que la sociedad sea más plural, el peligro está en los pactos de la derecha de este país entre ayuntamientos y comunidades autónomas.
Los datos de la encuesta reflejan que el 50% de las personas LGTBI consultadas consideran que no son aceptadas, pero se agrava más en el caso de las personas trans, donde el 70% lo piensan igual y que no tienen las mismas oportunidades que los heterosexuales.
Para evitar quedar excluidos de las entrevistas de trabajo, se obligan a ocultar su condición sexual. Una situación que tiene consecuencias negativas y cuantificables en derechos y salarios.
Renuncian a pedir permisos retribuidos por matrimonio o por acompañamiento a cónyuges en visitas médicas. El 41% de los casos evita hablar de su vida personal en el trabajo por miedo a la discriminación.
3 de cada 10 personas LGTBI manifiestan haber sufrido agresiones verbales, chistes, rumores y un 52% insultos.
Son situaciones inasumibles, que se acrecientan cuando en las fachadas de los edificios de algunos partidos políticos, con dinero público, se sitúa la bandera LGTBI y feminista en la papelera como si fuesen desechos, con una derecha que cabalga a lomos del fascismo.
Mientras no haya igualdad en el empleo, no habrá igualdad real en las calles y en la sociedad.
