No soy partidario del leguaje bélico, pero lo cierto es que hace semanas se encendieron las alarmas en la universidad de Jaén, cuando se conocieron las extrañas bondades de un modelo de financiación que volvía a plantear la idea de las dos velocidades en el sistema universitario andaluz.
Como un verdadero túnel del tiempo, el Gobierno de la Junta ha decidido implantar una fórmula que favorece, una vez más, la desigualdad entre universidades; una discriminación que obviamente no perjudicaría a las históricas universidades, siempre con el poder suficiente para inclinar la balanza en su favor.
La aplicación por la Consejería de unas variables de calidad, incompresibles a priori para el común de los mortales, va a generar una división entre universidades de primera y universidades de segunda.
Se desconocen por supuesto las razones que han apoyado la adopción de unos criterios presuntamente objetivos; pero extraordinariamente arbitrarios si no se explican a la opinión pública los motivos que justifican su aplicación y las consecuencias que tienen para el futuro. Cuando no se motivan, los actos de los poderes públicos se convierten en injustos e incurren además en una falta indudable de legitimidad.
Frente a la reacción que ha tenido en la UJA aquel modelo de financiación el Gobierno de la Junta –hay que reconocerlo- actuó con inteligencia política, al recabar y conseguir el apoyo de los Rectores, quienes aceptaron buenas palabras, sin exigir a cambio, en texto impreso y publicación oficial, el compromiso futuro de cambiarlo de verdad.
A estas alturas de nuestra democracia, lo cierto que aceptar como buenas meras intenciones programáticas, inconcretas y ambiguas, parece un ejercicio de ingenuidad, en el que creo ha incurrido el Rector de nuestra universidad.
Con ese acuerdo, obtenido a última hora con los Rectores, se está poniendo en riesgo la calidad de la UJA como servicio público, como institución de educación superior y centro de investigación. Un acuerdo que no asegura en absoluto su cumplimiento.
Mucho menos si, como es previsible, después de las próximas elecciones el Partido que hoy gobierna en la Junta de Andalucía lo seguirá haciendo, reforzado en su legitimidad por los votos de los electores; también los de esta provincia.
De este modo, su mayoría en el Parlamento podrá avalar cualquier decisión; incluso la que venga a desdecirse de lo dicho, intentando aplacar el fuego que se ha encendido ya en las trincheras del campus.
