No sabemos si Pedro Sánchez agotará una legislatura cuyo tramo final se le estará haciendo sin duda demasiado largo, pero sí podemos dar por hecho que no hará caso de sus todavía compañeros de partido Felipe González y Emiliano García Page ni tampoco, obviamente, de Vox y el Partido Popular cuando le reclaman que convoque elecciones ya mismo. Si González o Page estuvieran en la apurada situación en que está Sánchez, es bastante seguro que no las convocarían; y no lo harían por una razón compartida por cualquier partido en el poder: porque convocarlas ahora equivaldría a perderlas estrepitosamente; la derrota no sería probable sino segura, y puede que de un calado y envergadura catastróficos para el Partido Socialista.
Una convocatoria electoral activada por las causas judiciales que acorralan a los socialistas sería interpretada por buena parte de los virtuales votantes de izquierdas y, desde luego, por los partidos y los medios de la derecha como un reconocimiento implícito de los graves delitos de corrupción que estos, aunque todavía no la justicia, le atribuyen. Una convocatoria trenzada con tales mimbres suele ser letal para quien la firma.
Cuando en su última legislatura al Gobierno socialista de 1996 lo acosaban casos judiciales de no menor sino quizá mayor gravedad de los que ahora cercan a Sánchez, Felipe González no le compró a Aznar su tantas veces repetido “Váyase, señor González”. El presidente adelantó finalmente las elecciones no por el sofocante calendario judicial, sino porque CiU le retiró su apoyo, que es lo que -todavía- no han hecho los partidos que invistieron a Sánchez presidente en 2023. La razón pública que adujo González para adelantar las elecciones a marzo de 1996 fue que sin los votos de Pujol no podía aprobar los Presupuestos Generales del Estado, pero es mucho más probable que la razón real del adelanto fuera que si decidía alargar la legislatura hasta 1997, que es cuando tocaba abrir las urnas, la derrota para su partido sería mucho mayor de lo que fue en 1996. El resultado dio la razón a González: es cierto que el PSOE perdió, pero lo hizo por la mínima, apenas 300.000 votos. Salió derrotado pero vivo.
Si ahora Felipe le dice a Sánchez que adelante quizá no sea tanto porque la situación judicial le parezca insoportable -la suya en el 96 lo era más- como porque adelantar ahora las elecciones equivaldría a esa segura derrota que el expresidente desea para el PSOE, para este PSOE que ya no siente como suyo.
Las causas judiciales de la mujer y el hermano de Pedro Sánchez son políticamente una bomba pero jurídicamente un bluf: pero también lo era la causa contra el Fiscal General del Estado y aun así el Tribunal Supremo lo condenó en una sentencia cuyo tufo político era difícil, muy difícil, no oler. En cuanto a la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero, que es el motivo aducido por la oposición encabezada por Feijóo, Abascal, Paje y González, está todavía demasiado verde como erigirse en motivo de un adelanto electoral. Los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán ya estaban descontados a efectos de aceleradores de la convocatoria electoral. En cuanto al de Leire Díez, todavía se desconoce su alcance: habrá que seguir con atención las actuaciones judiciales y escuchar con no menos atención lo que tenga que decir el presidente, que ha pedido comparecer en el Congreso después del Consejo Europeo del próximo 19 de junio.
¿Que González quiere que Sánchez pierda? Está en su derecho a quererlo, y no porque le tenga manía al presidente, que tal vez se la tenga, sino porque abriga la convicción de que una nueva legislatura socialista en alianza con neocomunistas y separatistas sería para España mucho más desastrosa que una dirigida por un Gobierno que tuviera a Alberto Núñez Feijóo como presidente y a Santiago Abascal como vicepresidente. González y Page han comprado el relato de la derecha según el cual Sánchez no quiere adelantar elecciones por puro egoísmo personal, porque -al contrario que ellos- ama el poder mucho más de lo que ama a su partido y, por supuesto, a España.
Sánchez quiere agotar su mandato porque su convicción es que en 2027 -no así, en cambio, en 2026- podría tener alguna opción si no de victoria, sí de una derrota lo bastante ajustada como para poder considerarla honrosa y, en consecuencia, garantizar la supervivencia de su partido, aunque quizá no de la suya propia. Mientras, el apurado secretario general de los socialistas deberá emplearse a fondo para convencer a los actuales alcaldes y futuros candidatos locales y autonómicos de que no adelantar las elecciones también es la mejor opción -o la menos mala- para ellos. Más le vale ir poniéndose a la tarea.