Hay una pregunta que la izquierda debería hacerse antes de las próximas elecciones: ¿está entendiendo lo que le está pasando a la sociedad española o sigue discutiendo sobre sí misma mientras una parte creciente de esa sociedad busca a quién responsabilizar de su deterioro?
Porque el problema no es únicamente que la derecha avance, que Vox radicalice su discurso o que el PP se muestre incapaz de ponerle límites. El problema es que existe un malestar material profundo, cada vez más extendido, que la izquierda no ha sabido convertir en una explicación comprensible ni en una alternativa política reconocible. Y cuando una parte de la población siente que su vida empeora, pero nadie le explica por qué ni le ofrece una salida creíble, ese malestar no desaparece: busca una respuesta en otra parte.
La vivienda ha hecho visible esa fractura. El caso de Maricarmen y el de otras personas desahuciadas en circunstancias dramáticas nos enfrentan a la dimensión más cruel del problema, pero sería un error reducirlo a esas situaciones extremas. Lo que está ocurriendo va mucho más allá de quienes han perdido su casa o viven al borde de hacerlo. Lo verdaderamente significativo es que cada vez hay más personas que nunca imaginaron encontrarse en esta situación y que hoy descubren que sus ingresos ya no les permiten sostener unas condiciones de vida que hasta hace poco consideraban normales.
Son trabajadores con empleo, familias que ingresan dos sueldos, jóvenes cualificados que no pueden emanciparse y hogares que, aun sin estar oficialmente en una situación de pobreza, tienen dificultades para afrontar un alquiler razonable. En las grandes ciudades, pagar una habitación puede convertirse en un esfuerzo desproporcionado. Comprar una vivienda parece un horizonte reservado a quienes cuentan con patrimonio familiar, mientras que alquilarla consume una parte creciente de los ingresos.
No estamos hablando solamente de personas pobres. Estamos hablando de clases medias que se empobrecen, de trabajadores que cumplen con sus obligaciones y comprueban que el esfuerzo ya no garantiza la seguridad económica, de familias que pueden mantener su nivel de vida mientras no surja ningún imprevisto, pero que carecen de margen para afrontar una enfermedad, una separación o una pérdida de empleo.
La vivienda no es todo el problema. Es la manifestación más evidente de un empobrecimiento más amplio. Y aunque mañana consiguiéramos garantizar un acceso razonable a la vivienda, seguirían pendientes los salarios, la precariedad, el coste de los cuidados, la educación, la sanidad, la dependencia y la incertidumbre ante la jubilación. La cuestión de fondo es cuánto cuesta vivir, cuánto se ingresa y qué parte de las necesidades básicas podemos seguir resolviendo colectivamente.
A la izquierda le cuesta hablar de este proceso en toda su dimensión porque obliga a reconocer que el crecimiento económico, la creación de empleo o los buenos indicadores macroeconómicos no bastan si una parte importante de la población no percibe sus beneficios en su vida cotidiana. Un país puede crecer y, al mismo tiempo, producir una sociedad más insegura, más desigual y con menos expectativas de futuro para amplias capas de su población.
Y es precisamente en esa distancia entre los datos generales y la experiencia concreta donde la derecha encuentra una oportunidad política.
El PP y, sobre todo, Vox han comprendido que existe un malestar real. Su habilidad consiste en ofrecerle una explicación sencilla, identificar culpables y presentar como solución una reducción del Estado que, en muchos casos, agravaría las condiciones materiales que alimentan ese mismo malestar.
La operación tiene dos partes. Primero, se desvía la atención hacia determinados colectivos, se alimenta la competencia entre quienes tienen poco y se convierte la disputa por unos recursos escasos en un enfrentamiento entre ciudadanos. Después, se presenta al Estado como el responsable de todos los problemas: cobra demasiados impuestos, gasta demasiado y protege a quienes supuestamente no lo merecen.
Pero esa explicación oculta una cuestión decisiva: ¿quién gana y quién pierde cuando el Estado deja de redistribuir recursos, financiar servicios públicos y garantizar determinadas prestaciones?
No todos perdemos lo mismo. Una familia acomodada puede compensar con sus ingresos la reducción de la sanidad pública, la educación pública o las prestaciones de dependencia. Puede recurrir a seguros privados, pagar una residencia, financiar los estudios de sus hijos o complementar su jubilación con ahorro e inversiones. Para una familia trabajadora, en cambio, la desaparición o el deterioro de esos servicios supone asumir gastos que pueden desbordar su presupuesto. Lo que para unos es una rebaja de impuestos, para otros puede ser una factura médica, una plaza educativa que ya no pueden pagar, una atención a la dependencia que recae sobre la familia o una jubilación insuficiente.
Por eso es necesario tomarse muy en serio las propuestas económicas de Vox. No son una extravagancia secundaria de su discurso identitario ni un conjunto de ocurrencias fiscales para animar una campaña. Constituyen una parte central de su proyecto político y afectan directamente a las bases materiales de nuestra convivencia.
Las declaraciones de Figaredo sobre el sistema de pensiones merecen bastante más atención de la que están recibiendo. Vox presenta el sistema público como un modelo quebrado y plantea avanzar hacia fórmulas de capitalización individual, en las que una parte de las aportaciones se destinaría a cuentas personales.
Hay problemas reales de sostenibilidad que deben discutirse: el envejecimiento de la población, la relación entre cotizantes y pensionistas, la productividad y la financiación futura. Negarlos sería irresponsable. Pero reconocerlos no obliga a aceptar la conclusión de Vox. Que un sistema necesite reformas para sostenerse no significa que esté condenado ni que su sustitución parcial por mecanismos individuales sea la única alternativa.
La diferencia entre ambos planteamientos es política, económica y social. Un sistema de reparto distribuye riesgos entre generaciones y permite que la protección de los jubilados no dependa exclusivamente de lo que cada persona haya podido acumular durante su vida laboral. La capitalización individual traslada una parte mayor de ese riesgo a cada trabajador: sus ingresos futuros quedan más expuestos a su trayectoria laboral, su capacidad de ahorro y la evolución de los mercados.
¿Quién puede ahorrar más durante cuarenta años? ¿Quién puede permitirse invertir y asumir riesgos? ¿Quién llega a la jubilación después de una vida laboral estable y quién lo hace tras años de temporalidad, salarios bajos, desempleo o interrupciones para cuidar a familiares? No todos parten del mismo lugar, y un sistema que ignore esas diferencias puede convertirlas en desigualdades permanentes durante la vejez.
No es una discusión técnica reservada a economistas. Es la diferencia entre poder afrontar la cesta de la compra, el recibo de la luz o el alquiler y tener que renunciar a necesidades básicas. Es también la diferencia entre que una persona jubilada pueda vivir con autonomía o dependa económicamente de sus hijos, trasladando el problema a la siguiente generación.
Cuando se debilita la protección pública, el riesgo no desaparece: se desplaza hacia quienes tienen menos capacidad para soportarlo. Ese es el elemento que la izquierda debe explicar, sin alarmismo, pero también sin complejos.
La segunda gran cuestión es la fiscalidad. Vox plantea sustituir la estructura actual del IRPF por un esquema con un mínimo exento de 22.000 euros, un tipo del 15% hasta los 70.000 y otro del 25% para las rentas superiores, eliminando deducciones y bonificaciones. Su portavoz ha reconocido una pérdida de recaudación de unos 46.000 millones de euros anuales, a la que habría que añadir el efecto de otras rebajas fiscales anunciadas por el partido.
La propuesta merece analizarse con números, no con eslóganes. Un mínimo exento puede beneficiar a rentas bajas y medias, y el resultado exacto para cada contribuyente dependerá de su situación familiar, sus ingresos y las deducciones que desaparezcan. Pero establecer tipos marginales muy inferiores a los actuales en los tramos superiores favorece especialmente a quienes tienen rentas elevadas. La cuestión no es si alguien pagará menos, sino cuánto dejará de ingresar el Estado y quién se beneficiará más de esa reducción.
Y entonces aparece la pregunta fundamental: ¿cómo se financian los servicios públicos? Porque aquí está el fondo del debate. Si se recaudan menos recursos y no se modifica el modelo de financiación, ¿qué servicios se recortan? ¿Cuántos profesionales sanitarios, docentes o trabajadores de los servicios sociales se dejan de contratar? ¿Qué inversiones se abandonan? ¿Qué prestaciones se reducen? ¿Qué parte de los cuidados y de la protección social pasa a depender de la capacidad económica de cada hogar? La motosierra fiscal no elimina el coste de las necesidades colectivas. Cambia quién las paga y quién puede permitirse satisfacerlas.
La promesa de que todo el mundo vivirá mejor pagando menos impuestos solo funciona si se oculta la otra mitad de la ecuación. Porque los servicios públicos no son un regalo que recibimos del Estado: son una forma de organizar colectivamente gastos que, de otro modo, tendríamos que afrontar individualmente. Y cuanto más desigual es una sociedad, más importante resulta esa capacidad de compensación.
El PP debería explicar con claridad qué parte de este programa estaría dispuesto a asumir. Alberto Núñez Feijóo no puede presentarse como un moderado que se limita a gestionar el cambio mientras comparte con Vox un espacio político y económico que puede conducir a un debilitamiento profundo de las garantías sociales. La responsabilidad no recae únicamente en las propuestas de Abascal o en las declaraciones de Figaredo. Recae también en quien aspira a gobernar y puede hacerlas posibles.
Feijóo lleva demasiado tiempo intentando convertir la debilidad política del Gobierno en una prueba automática de su propia capacidad para gobernar. Pero no son la misma cosa. Criticar a Sánchez no demuestra que se disponga de un proyecto mejor, y ganar unas elecciones tampoco resuelve la contradicción entre prometer prosperidad generalizada y proponer una reducción sustancial de los recursos con los que se sostiene la protección social.
Y llegamos a la cuestión que debería preocupar especialmente a quienes aspiran a construir una alternativa a ese modelo.
La izquierda lleva demasiado tiempo atrapada en una discusión sobre sus propias organizaciones, sus liderazgos, sus siglas y sus equilibrios internos, sin darse cuenta de algo que sus protagonistas deberían asumir ya: el interés que despiertan esos pormenores dentro de las organizaciones no se corresponde con el que suscitan fuera de ellas. A la mayoría de la ciudadanía, incluidos muchos votantes politizados, le importa bastante menos quién encabeza una lista o qué nombre recibe una coalición que saber qué va a cambiar en su vida si esa candidatura consigue gobernar o apoyar al que gobierna.
La unidad electoral puede ser útil. Incluso puede resultar decisiva en un sistema electoral como el español, en el que la fragmentación perjudica especialmente a las candidaturas pequeñas en determinadas circunscripciones. Pero la unidad es un instrumento, no un proyecto político. Si se convierte en el objetivo principal, termina ocupando el espacio que debería corresponder a las propuestas y a la sociedad a la que se pretende representar.
La pregunta no es cuántas organizaciones caben en una candidatura, sino cuántas personas reconocen en ella una respuesta a sus problemas. No basta con reunir a quienes ya están convencidos, ni con convencer a los militantes de que la unidad es imprescindible. Hay que llegar a quienes han dejado de confiar, a quienes se sienten abandonados y a quienes no se consideran representados por ninguna de las opciones disponibles.
Y eso exige algo más difícil que un acuerdo entre direcciones: una explicación compartida de lo que sucede y un programa capaz de intervenir sobre ello. La izquierda no puede limitarse a la vivienda, aunque la vivienda deba ocupar un lugar central. Tampoco puede limitarse a defender las pensiones, la sanidad o la educación por separado. Tiene que explicar cómo se relacionan todos esos problemas, por qué se deterioran las condiciones de vida de amplias capas sociales y qué medidas concretas pueden revertir esa tendencia.
Debe hablar de salarios y productividad, de la distribución de los beneficios del crecimiento, de la fiscalidad, del poder de los propietarios y de los rentistas, de los servicios públicos y de la capacidad de las familias para planificar su futuro. Debe explicar qué pretende hacer, cómo lo financiará, quién se beneficiará y en qué plazos podrán comprobarse los resultados.
Y debe hacerlo sin prometer que todo se resolverá de inmediato, sin ocultar las dificultades y sin convertir cada problema en una oportunidad para denunciar al adversario. La credibilidad no se construye únicamente señalando los errores de los demás. Se construye demostrando que se comprende la realidad y que se dispone de herramientas para transformarla.
Y olvidándose del PSOE y su juego de relatos, porque juega en otro terreno. Pedro Sánchez previsiblemente tratará de presentar las elecciones como una elección entre su Gobierno y una alternativa formada por el PP y Vox, con el antifascismo y la defensa de los derechos como ejes de movilización. Esa estrategia puede resultar eficaz para una parte del electorado y es probable que consiga movilizar a quienes consideran que la llegada de Vox al Gobierno supondría una amenaza. Pero la izquierda situada a la izquierda del PSOE no puede confiar en que esa confrontación resuelva sus problemas. Tampoco debería aceptar que el debate quede reducido a elegir entre el miedo a la derecha y la continuidad del Gobierno.
Las políticas efectivas del PSOE deben juzgarse por sus resultados, no solo por su discurso. En materia económica, su actuación ha convivido con una estructura productiva y una distribución de la renta que siguen generando importantes desigualdades, mientras la vivienda se ha convertido en una fuente de inseguridad para millones de personas. Reconocerlo no exige equiparar al PSOE con Vox ni ignorar las diferencias entre ambos. Exige entender que la defensa de determinados derechos no sustituye a la transformación de las condiciones materiales que impiden ejercerlos plenamente.
Una persona que no puede pagar un alquiler no necesita únicamente que le expliquen los peligros de un Gobierno de derechas. Necesita saber qué ocurrirá con el precio de la vivienda, qué alternativas tendrá, cuánto pagará y cuándo podrá acceder a una solución. Una familia que teme no poder sostener a sus padres o a sus hijos necesita garantías, no solamente una advertencia electoral. Un trabajador que ve cómo su sueldo pierde capacidad adquisitiva necesita una política económica que se traduzca en mejoras concretas.
El antifascismo es una posición democrática imprescindible frente a quienes amenazan derechos y libertades. Pero no puede convertirse en la única respuesta a una sociedad que también reclama seguridad material, expectativas de futuro y la posibilidad de vivir dignamente de su trabajo.
Si la izquierda quiere evitar que el malestar termine capitalizado por Vox, no basta con demostrar que Vox representa un peligro. Tiene que demostrar que existe una alternativa capaz de mejorar la vida de quienes hoy están enfadados, decepcionados o sencillamente agotados.
La próxima campaña electoral debería servir para aclarar qué modelo de sociedad se propone a los españoles. Uno en el que la seguridad económica dependa cada vez más del patrimonio familiar, de la capacidad individual de ahorro y del acceso a servicios privados, o uno en el que el trabajo permita sostener una vida digna y los riesgos fundamentales se compartan colectivamente.
La izquierda necesita propuestas concretas, prioridades reconocibles y compromisos que puedan evaluarse. Necesita una política de vivienda que combine medidas inmediatas con cambios estructurales; una estrategia para elevar los salarios y la productividad; una fiscalidad capaz de financiar servicios suficientes sin cargar desproporcionadamente sobre quienes menos tienen; y una defensa de las pensiones que aborde su sostenibilidad sin trasladar todo el riesgo a cada individuo. Pero, sobre todo, necesita dejar de hablarse a sí misma.
El empobrecimiento de las clases medias, la inseguridad de los trabajadores y la pérdida de expectativas de las generaciones jóvenes no son problemas aislados. Son distintas expresiones de una sociedad en la que cada vez resulta más difícil convertir el trabajo, el esfuerzo y el cumplimiento de las obligaciones en estabilidad y autonomía. Quien consiga explicar ese proceso y ofrecer una salida creíble tendrá una oportunidad política real.
Vox intenta canalizar el enfado señalando culpables y prometiendo recortes fiscales cuyo coste social apenas se discute. El PP aspira a beneficiarse de ese desplazamiento sin aclarar hasta dónde está dispuesto a acompañarlo. Y la izquierda corre el riesgo de perderse en sus propias negociaciones mientras deja sin respuesta a quienes más necesitan una alternativa.
Las elecciones no se ganarán únicamente denunciando a la derecha, ni reuniendo siglas, ni apelando al miedo. Se ganarán, si es posible ganarlas, demostrando que hay una forma distinta de organizar la economía y la sociedad, que los problemas tienen causas identificables y que existen soluciones viables.
Porque la cuestión no es solamente quién gobernará España después de las elecciones. La cuestión es qué vida podrán permitirse los españoles cuando termine la campaña.
Si la izquierda no consigue convertir el empobrecimiento cotidiano en un proyecto político comprensible, otros convertirán ese mismo empobrecimiento en votos contra ella. Y entonces no bastará con preguntarse por qué ha ganado la derecha: habrá que preguntarse por qué tantos ciudadanos dejaron de encontrar en la izquierda una respuesta para sus vidas.