Penalizar la deslealtad constitucional con la disolución de los partidos políticos que propongan un referéndum de autodeterminación o defienda la independencia de una parte del territorio me parece sinceramente un disparate. No he encontrado otro sustantivo mejor para calificar la última iniciativa del Partido Popular, en línea con la que ya ha apoyado más de una vez la formación representativa de la extrema derecha en España.
Los teóricos partidos constitucionalistas –en realidad no lo son más que los demás que no se autoproclaman así- olvidan una de las características que definen nuestra Constitución, y que consiste en no haber implantado lo que se llama “democracia militante”.
Habría que recordar, y explicar algo más si cabe, lo que significa esta expresión, para valorar correctamente el desatino, consciente y voluntario, de quienes planean una nueva extensión del Código Penal a las ideas que no comulgan con el tradicionalismo y la nostalgia histórica que aquejan a una parte de nuestra clase política.
Parece mentira que quienes, antes de salir de casa todos los días, se colocan en la solapa de la chaqueta la banderita de la Constitución, sean los primeros que no quieren recordarles a aquellos que convocan en manifestaciones los domingos, que el máximo intérprete y garante de esa norma fundamental – me refiero al mismo Tribunal Constitucional- ya dijo hace bastante tiempo que en este país no se puede perseguir ni condenar a nadie por defender un ideario político. Para aquel todas las aspiraciones políticas son válidas constitucionalmente, a no ser que se defiendan utilizando medios violentos, con los que se reduce a la nada el valor, superior en nuestro ordenamiento, del pluralismo político.
Esto es, en pocas palabras, una democracia que no milita y legitima únicamente a una parte de las ideologías políticas que compiten por buscar el apoyo del electorado. En otros Estados de referencia, como Alemania, sí que la Constitución prohíbe –expresamente- determinados partidos por defender un Estado autoritario. Pero incluso allí existen, legalizados y participando en las elecciones, partidos de ultraderecha que sintonizan, cuando no defienden abiertamente el viejo nazismo, la ideología posiblemente más antidemocrática que haya existido, junto al totalitarismo comunista.
Hemos dicho y calificado como disparate constitucional, plenamente conscientes de que se manipula la Constitución, que es de todos y no patrimonio sólo de unos pocos, con una finalidad partidista. Se utilizan palabras grandilocuentes con el propósito de generar reacciones emocionales, si no viscerales, en la ciudadanía.
En esta propuesta de penalizar la “deslealtad constitucional” se esconde una vez más la prohibición implícita de determinadas ideas, para las que se cierra el camino de la política, entendida ésta como competición en igualdad de condiciones y dentro siempre de los espacios institucionales (parlamentos estatal y autonómicos) que ha creado la Constitución.
Desde esta concepción maniquea y falsa de la lealtad hacia la Ley de leyes podría llegar a ser ilegítimo en un futuro, y por tanto perseguible ante los tribunales de justicia también, la forma de pensar quienes nos consideramos republicanos; aunque desde nuestras convicciones seamos mucho más tolerantes que quienes quieren expulsar del marco constitucional a los inconformistas con la realidad que nos ha tocado vivir.