No se trata de un error tipográfico. El título es correcto. Los jueces en este país son independientes cuando ejercen esa competencia y elemento función capital para un Estado de derecho como es la función jurisdiccional. Creo que nadie, partido político o Gobierno, les marca directrices o recomendaciones, ni tampoco pretende condicionar la orientación de sus decisiones.
Aceptado lo anterior, lo que se sí se pone de manifiesto, por desgracia cada vez menos ocasionalmente, es que existen miembros de la judicatura, en todos los niveles de su estructura orgánica, que instrumentalizan ese poder para hacer simplemente Política, en mayúsculas además. Del mismo modo que es mayúscula y extraordinaria esa potestad que les otorgamos, como teóricos exponentes de la neutralidad ideológica, para decidir sobre nuestras vidas y patrimonio, y nuestra honestidad también.
Obviamente me estoy refiriendo en esta ocasión a esa decisión judicial, al aceptar contra la mujer del presidente del Gobierno, una denuncia extravagante como poco, y fundada únicamente en recortes de periódico, procedentes de los más conservadores y afines a la derecha política (no sólo la ultraderecha) de este país.
En palabras sencillas y comprensibles para cualquiera de nosotros: esto nunca lo puede hacer un juez. Y si lo hace pierde la única legitimidad que tiene en un Estado constitucional de derecho, me refiero a la legitimación “funcional” basada en un correcto (jurídicamente) e imparcial (ideológicamente) ejercicio de la potestad jurisdiccional.
Esto es puro lawfare; pero instado y favorecido desde dentro del propio Poder Judicial, por algunos (si bien empiezan a ser minoría evidente) que hacen una manipulación sesgada y netamente partidista de las leyes.
No ha habido ninguna presión ni comisión parlamentaria que haya condicionado sus prerrogativas judiciales para utilizarlas con una finalidad netamente política. Se trata de decisiones adoptadas libremente, de resoluciones notoriamente infundadas desde el punto de vista jurídico, que se escudan en una irresponsable concepción de la independencia judicial, manipulada para conseguir fines políticos. Por desgracia siempre en la misma línea y para favorecer las posiciones de quienes representan la derecha política. No sólo la ultramontana y romántica del franquismo, sino también en clara alianza con la que debería ser una derecha moderada, y verdaderamente “constitucionalista”; no la que hoy se está dedicando, con sus adláteres mediáticos, a dividirnos como sociedad. Sólo porque no pueden soportar –nunca lo han conseguido desde el principio de esta democracia- la legitimidad de un Gobierno de izquierda que aspire a hacer reales, y no sólo en las terrazas de los bares en plena pandemia, la libertad y la igualdad a la que apunta nuestra Constitución.