Lawfare en vena

La ingenuidad es algo que quizá, solo quizá, deberíamos desterrar de nuestra vida. Hay quien echa de menos la inocencia de cuando no teníamos más preocupación que estar todo el día en la calle dándole patadas a un balón. Lo malo de nuestra realidad, es que inexorablemente el tiempo pasa para todos y aquel candor de la niñez y adolescencia se perdió el mismo día que nos dio por interesarnos en la realidad que nos rodeaba.

Las preguntas trajeron consigo una serie de revelaciones terribles de cómo funciona el mundo, esa bofetada de realidad que nos puso del revés y nos puso cara a cara con nuestras creencias y falsas ilusiones. Rompimos aquellos mapas mentales y los cambiamos por pajas, mostrando a la naturaleza que somos una especie débil, manipulable y tan veleta como se nos quiera tener.

Con los años, hemos ido comprobando cómo en diferentes sectores de la sociedad la manipulación es algo intrínseco al avance social de muchas personas, que encontraron en un momento de sus carreras los árboles adecuados bajo los que cobijarse para lograr sus sueños más húmedos. Y sí, amigos, en el mundo de la magistratura, a ciertos niveles, también ocurre. «Lawfare» lo llaman ahora, porque en español la palabras para designar esta malformación de nuestro sistema judicial debe ser muy fuerte. Me da coraje, con lo imaginativos que somos.

El caso es que hay una serie de magistrados obcecados en ir siempre y exclusivamente contra ciertas personas e ideologías. Llamémoslo casualidades de la vida, azar, alineación celestial o la ley de Murphy. El caso es que, oh, avatares de la vida, no les interesa para nada los posibles delitos cometidos por el espectro político contrario a su obsesión. Y mira que existen suficientes indicios como para iniciar investigaciones varias, pues nada, nene, que no hay manera. Ellos a seguir la zanahoria que otros sujetan con un palo ante ellos para que no se salgan del camino trazado.

Vamos con uno de los muchos ejemplos, el juez García Castellón. En su currículum cuenta con interesantes datos, tales como aceptar la denuncia contra una clínica abortiva en Valladolid tras la denuncia de la asociación Provida (su hermano, miembro del Opus era el presidente, casualidad), evitó que Cospedal y Esperanza Aguirre se sentasen en el banquillo, no quiso ser quien instruyese el caso contra Pinochet, Aznar le nombró magistrado de enlace con París en el 2000 y Rajoy hizo lo propio al trasladarle a Roma, puestos con escasa carga de trabajo y un sueldo de 120.000 del ala. Más adelante, Zaplana e Ignacio González, estando investigados por corrupción, trapichearon para apartar al juez de turno y poner en su lugar a García Castellón. Fueron cazados porque sus teléfonos estaban pinchados por la Policía. A su vuelta a España, se hizo cargo del juzgado número 6 de Madrid, que llevaba asuntos tan turbulentos como Púnica, Lezo o Acuamed, casos todos de corrupción del PP. Y más, y más cositas para favorecer con alevosía y sin miramientos al partido que tanto hizo por él durante años. Ah, y la famosa persecución contra Podemos que tras años de instrucción no ha logrado nada relevante. Lo importante no era buscar algo ilegal, sino estar todos los días hablando en la prensa sobre «posibles» delitos de un rival político para sus amiguetes y que nadie se olvidase de que el enemigo «podría» tener algo oculto. Y al final, nada, humo y más humo para tapar la verdadera corrupción que duerme tranquila sabiéndose protegida por amiguetes de la judicatura.

Estos datos tomados prestados de varias investigaciones periodísticas están al alcance de cualquiera que quiera seguir leyendo sobre la dilatada experiencia de este juez. Comprobarán ustedes que sí, que el lawfare existe desde siempre y que hay magistrados que no han separado nunca su ideología personal de las leyes. La lista de magistrados que participan en las ferias ambulantes de la FAES, la asociación de Aznar y del PP, es larga. Hoy, García Castellón, que se ha ganado sus puestos a pulso, está obsesionado con la amnistía y con encasquetarle el delito de terrorismo a quienes ocuparon el aeropuerto del Prat (debería imputarles otro tipo de delito, por supuesto, pero, ¿terrorismo?). Su principal motivo fue la muerte de un ciudadano francés por un ataque al corazón. Ya se demostró que esta persona arrastraba problemas coronarios de antes. De los ataques en la calle Ferraz nada, oiga, pero nada, nada, nada, ni terrorismo, ni terrorismi.

Está claro que lo más peligroso para una persona es tener que pagar las deudas que ha ido acumulando a lo largo de su vida. En la política, el mundo empresarial y en distintos estamentos judiciales, hay quienes van a tener que hacer malabares para saldar sus números rojos con el partido político que les ayudó y que, a día de hoy, presume de controlar el CGPJ y otras salas por detrás, porque si no fuese así, la mitad de sus miembros estarían sentados delante de un juez. Tienen un arma que siempre utilizan cuando salta algún escándalo de malversación en la gestión pública o de presunta corrupción en el partido de marras: la temporalización de denuncias y procesos de instrucción, derivando así la atención del foco del verdadero problema. Esto lo hemos visto en Andalucía y en otras comunidades donde el control judicial es evidente.  

Ayer, uno de esos políticos rancios, González Pons, dijo que «el Tribunal Constitucional es un cáncer para España». ¿Qué os apostáis a que lo dijo porque no controlan a la mayoría de sus jueces? Por supuesto, son ellos los que luego se levantan como máximos defensores del estado de derecho y de la imparcialidad judicial. Ellos, creadores y principales usuarios beneficiados por las cloacas del Estado, los que dicen defender la Constitución y el estado de derecho. Por los coj...

Alguien debería tirar de las orejas a España por estos casos tan flagrantes de irresponsabilidad judicial y política. Solo así seríamos un buen país de verdad. Pero, claro, ¿qué países tienen un sistema judicial impoluto, verdad? No, España tampoco.