20 meses esperando la sentencia del Poniente

Desde el 12 de julio de 2021 en que quedó “Vista para sentencia” la conocida como Operación Poniente -segunda causa de corrupción más importante de Andalucía por su número de imputados- sigue sin ser sentenciada en documento timbrado del Ministerio de Justicia. La última fecha que se ha dado es la de este mes de marzo que justo acabamos de estrenar, según se ha atrevido a vaticinar una vez más el presidente de la Audiencia y durante años decano de los jueces de Almería, Luis Columna. De ser así habrán transcurrido un año y ocho meses para que el magistrado ponente, Jesús Martínez Abad, haya concluido la redacción de la que se supone será una abultada y complejísima sentencia dado el tiempo que está empleando. Demasiado consideran algunas togas en el TSJA a la hora del café mañanero “máxime cuando el compañero ponente quedó liberado de cualquier otra función que no fuese la de redactar la sentencia tras concluir la vista oral” me comenta uno de ellos.

Embargos preventivos

Medio centenar de personas juzgadas en este macro proceso iniciado en 2008 esperan desde hace años que la Justicia resuelva su situación procesal y dictamine absolución o condena. Muchos incluso han estado soportando medidas cautelares, especialmente las referidas a embargos económicos o intervenciones de cuentas, propiedades etc, con el consiguiente perjuicio no solo para ellos, también para familiares y socios no implicados en la trama eje de este sumario andaluz por corrupción. Por el contrario, parece que también se han levantado selectivamente determinadas medidas cautelares, no siempre con criterios jurídicos y procesales convenientemente argumentados según se oye en las filas de la acusación; en definitiva apuntan a beneficios sobre acusados con apellidos o parentescos socialmente relevantes.

Veinte meses han transcurrido desde que el presidente de la Sala que juzgó la trama del caso Poniente de Almería pronunció la frase ritual del “Visto para sentencia”. Casi dos años después de haberse celebrado las sesiones del juicio, sus señorías siguen sin ver la luz al final de un largo túnel que arrancó para la opinión pública en 2008, cuando periodistas de 'El Mundo de Almería' y 'Onda Cero Andalucía' destapamos una trama de corrupción dedicada a saquear los presupuestos del ayuntamiento de El Ejido. Todo ello a través de una empresa municipal semipública, coparticipada entonces por el imperio empresarial de la familia Benjumea llamada ElSur y dirigida como verdaderos marajás por algunas de las estrellas ejecutivas más rutilantes y afamadas entonces del Grupo Abengoa.

Escenario con migrantes

Todo eso sucedía en los kilómetros cuadrados más sensibles del territorio almeriense y andaluz con la inmigración más importante trabajando con dureza bajo plástico y malviviendo en condiciones infrahumanas. Los sucesos racistas de principios de la década - mecha encendida tras el asesinato de tres españoles por inmigrantes- dejaron buena cuenta de la existencia de serios y graves problemas de convivencia, especialmente con los venidos de Marruecos y Argelia. Hubo brotes de racismo con declaraciones y actuaciones incendiarias por parte del alcalde Juan Enciso, poco antes jaleado por Javier Arenas como “de los mejores alcaldes de España”, manifestaciones que colocaron en aprietos al gobierno de José Mª Aznar y en particular a Javier Arenas el ministro 'campeón' y a su equipo más cercano en Trabajo y Asuntos Sociales como Manuel Pimentel, Amalia Gómez o Juan Carlos Aparicio.

Enciso, desesperado y acorralado en aquellos días de fuego y gasolina en El Ejido, se fue a buscar a Rodrigo Rato al aeropuerto de Almería que andaba de mítines, siempre repartiendo mucha ojana al personal y contaba Enciso que fue el único de su partido en el que encontró consuelo y comprensión. Cierto, Rato escuchó pacientemente como ponía a caer de un burro a Arenas y a su equipo, le dio una palmada en la espalda y se volvió a Madrid… a hacer caja

Los máximos líderes sindicales de entonces, Antonio Gutiérrez y Cándido Méndez, se plantaron en El Ejido y no dudaron a la hora de acusar al alcalde del PP. Gutiérrez fue el que inició las críticas contra el que todo el mundo conoce como “El Chato”: "Sigue poniéndose en entredicho como alcalde. Es una persona que no da la talla porque no reconoce los problemas graves. Parece que este alcalde está echando gasolina al fuego", afirmó. En la misma línea se manifestó Cándido Méndez: "Lo más misericordioso que se puede decir de este alcalde es que su actitud es confusa. Es lamentable que este alcalde no sepa tener el comportamiento democrático ejemplar que en este caso hubiera sido necesario”.

Alcalde con cortijo y bodega

Aquel alcalde acabaría dejando el PP cinco minutos antes de que lo expulsara Javier Arenas empleando para ello a Gabriel Amat quien, desde entonces, ha sido el líder y referente indiscutible de la derecha del PP en Almería, además de presidente de la Diputación y eterno alcalde de Roquetas de Mar. Aquel tipo rudo y brutote pero afectuoso en el trato, Juan Enciso Ruiz, iba a ser con el paso de los meses sobre quien pivotara la investigación del caso Poniente, el imputado estrella con cortijo y bodega en las Alpujarras que enterraba los burros sin permiso sanitario. Lo cierto es que pese a todo, se tuvo la sensación  por aquel entonces de que la sociedad envolvente, la gente de bien que diría Feijóo, despreciaba más la ostentación como 'nuevo rico' del Interventor municipal Pepe Alemán y su mujer Isabelita Carrasco que la inocente catetez con la que respondía Enciso en el teléfono al reparto de las migajas que le daba la trama para tenerle contento, entretenido y firmando pagos.

Según el auto de procesamiento dictado en su momento por el Juzgado de Instrucción 2 de Almería, el dinero obtenido de forma ilícita de la empresa Elsur, (gestionada por el Grupo Abengoa), principalmente a través de sobrefacturaciones, bien con precios abusivos o por servicios inexistentes, fue 'invertido' por las principales 'familias' y grupos de imputados en proyectos inmobiliarios, aunque también sirvió para costear todo tipo de lujos y caprichos, como coches de alta gama, caviar, entradas para los toros, obras privadas en casas y empresas, e incluso para pagar las bodas y sus respectivos banquetes de personajes principales de la trama.

Así, el juez Jesús Miguel Hernández apuntó que parte de ese dinero se destinó a «pagos al Hotel Ritz por la celebración de la boda entre José Alemán - Interventor y supuesto cerebro de la trama- e Isabel C.», además del banquete, e incluso se costearon las invitaciones y regalos. La señora Alemán también salió tarifando, procesada en la causa junto a su marido como cómplice en su enriquecimiento ganancial.

Un retrato hiperrealista

En términos políticos y sociológicos, lo que se oculta detrás de los miles y miles de folios del sumario del caso Poniente, es un retrato crudo, hiperrealista, de cómo es, ha sido y como funciona una sociedad aislada por la ausencia-de-comunicaciones-de-todo-tipo (incluída la informativa) y donde la omertá (pacto de silencio y no agresión) mantenida durante años entre los dos grandes partidos ha taponado sistemáticamente cualquier intento por desinfectar algunas instituciones. El lema ya lo imaginan, 'vamos a llevarnos bien, todo lo que haya que llevarse'.

En la localidad de El Ejido, gobernada entonces por el PP, se destapó que a través de una sociedad mixta, semi pública, se estaban detrayendo fondos millonarios - se pudieron peritar judicialmente más de 70- que posteriormente iban a los bolsillos de sociedades y empresarios muy concretos. Unos ocultaban lo saqueado con más o menos discreción y prudencia, otros no se cortaban a la hora de hacer ostentación pública de que se habían convertido en señores muy ricos. Ver facturas de 16.000 euros de caviar comprado en Rio Frío por una mercantil de Pepe Alemán, quizás fuese de las cosas menos escandalosas halladas por la policía judicial que trabajó a las órdenes de la magistrada Montserrat Peña y del fiscal delegado Anticorrupción en Almería, Jesús Gázquez, fallecido prematuramente mientras se celebrada la larga e interrumpida por la pandemia vista oral del caso.

Nunca se entendió muy bien como lograron armar jurídicamente, tutelados desde la Fiscalía Superior de Granada, el arranque de la instrucción judicial y saltarse una norma fundamental como es que el delito se investiga en el órgano jurisdiccional más cercano, en este caso dado que los delitos se habrían cometido en El Ejido, en el juzgado de esa localidad. Pero no fue así, todo se instruyó desde Almería por la Sra. Peña sin que el fiscal Gázquez se opusiese en ningún momento. Para el fiscal anticorrupción era mucho más cómodo y operativo trabajar desde Almería que viajar a diario a la capital del Poniente. A día de hoy, según un magistrado del TSJA con el que he consultado el asunto, ese sigue siendo uno de los puntos jurídicamente débiles del caso Poniente y cree que, de llegar al Tribunal Supremo, allí no tendrán dudas a la hora de anular  todo el proceso por no haberse respetado el sagrado precepto de las competencias jurisdiccionales, afectando de lleno al derecho a un juez predeterminado por la ley.

Sentencia digna de récord

Que el magistrado Martínez Abad se haya llevado veinte meses para redactar la sentencia del caso Poniente es un hecho bastante insólito y de libro récord que merece una explicación urgente a la opinión pública, máxime cuando el ponente de la sentencia había sido liberado de otras funciones judiciales dedicado en exclusiva a su estudio y redactado. Conforme pasaban los meses empezaba a crecer el nerviosismo, especialmente en el TSJA, donde su presidente Lorenzo del Río se vio obligado a dar uno de esos pasos que no suelen gustar como es dejar en evidencia a compañeros de Carrera y larga trayectoria profesional sin mácula. Viajar a Almería y sacarle la tarjeta roja a los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial presidida por la magistrada Társila Martínez y formada por los magistrados Ignacio Gómez Ángulo y el ya citado Jesús Martínez Abad, exigiéndoles a todos que a mediados de febrero quedase la sentencia publicada. Se habló de apertura de expedientes si eso no ocurría. Parecía que don Lorenzo estaba cabreado y había hecho suya la vergüenza y la indignación de muchos almerienses que esperan y esperan conocer qué dice o qué hace la Justicia con aquel lio donde, algunos quizás lo recordarán solo porque aparecieron hasta las amantes del Este de algunos investigados, todo ello mientras contaban a dos manos el dinero robado. Tras la visita a Almería del presidente del TSJA se inició un breve compás de espera y, de pronto, aparecieron por allí los inspectores del CGPJ. No, no parece que bajasen para saber que está pasando con la sentencia del Poniente, los inspectores viajaron para auditar la Audiencia y los asuntos en trámite. Pura rutina, extensos informes sobre cómo está por dentro la justicia en el Palacio almeriense, esos documentos que nunca ven la luz, ni ningún diputado solicita leerlo en el ejercicio de sus funciones parlamentarias fiscalizadoras. Lo cierto es que llegó el 14 de febrero, día de los enamorados y la sentencia seguía en la cocina del chef ponente.

El último vaticinio: para marzo

Pocos días después y ante un nuevo bochorno por el enésimo incumplimiento, el presidente de la Audiencia de Almería Luis Columna no tuvo más remedio que salir a dar la cara y pedir perdón a los almerienses "Como responsable de la justicia en Almería, como primera autoridad, es un tema que me ha preocupado mucho y por eso de antemano pido perdón a la sociedad almeriense por lo que estamos tardando” declaró a la radio de Atres Media en Almería.

Ahora, según Columna, el ponente Martínez Abad le ha dicho que para marzo estará terminada la sentencia. Veremos llegado el feliz alumbramiento de sentencia cómo se comunica la esperada decisión del tribunal, porque esa es otra. ¿Será leída en acto público o se limitarán a enviarla por LexNet a las partes?

Qué menos que se brinde a la sociedad la imagen de la lectura pública de una esperada sentencia, por parte de un tribunal responsable cuyos miembros deberían ir pensando en pedir perdón a los contribuyentes que pagan sus sueldos y explicar las verdaderas razones por las que se ha tardado veinte meses en dictar una sentencia de estas características. Que esa es otra, lo que diga la sentencia, con todas las papeletas de antemano para ser llevada al Supremo por los que resulten condenados. ¿La leeremos este mes? ¿Seguirá quedando en entredicho la palabra y la figura institucional del presidente del TSJA metido a bombero?  ¿Afectará a la precampaña?  Cuídense de los idus de marzo.