Las tarifas del SAS: un antifaz para Juanma

Juanma Moreno Bonilla ha sufrido un traspié que le ha hecho perder la compostura, teniendo que dar marcha atrás en algo que oficialmente -habían reiterado él y sus voceros- no existía ni por asomo.

Hablamos de la privatización silenciosa y sin pausa -BOJA en mano- de la sanidad pública andaluza; de esa millonada de euros destinados cada ejercicio al sector empresarial privado que, para colmo, está controlado mayoritariamente por multinacionales o accionistas foráneos, con muy pocas manos autóctonas decisorias, de esas que les duele Andalucía y que reinvierten parte de sus beneficios empresariales a costa del erario público andaluz.

Aunque parezca una obviedad en Andalucía no lo es: el periodismo cumplió estos días con su papel de denuncia. Las importantes revelaciones esta semana del periodista Dani Cela en El Diario de Andalucía,  que dirigen Lucrecia Hevia y Nacho Escolar han venido a demostrar que el gobierno del PP andaluz tiene claro y asumido que el fin justifica los medios y que para seguir “cebando” su red clientelar - expresión acuñada en su día en un Auto por la magistrada Mercedes Alaya contra el PSOE-A  - está dispuesto a hacer lo que hicieron los socialistas con los Eres, trampas ilegales con el dinero de todos y que tan caro les ha costado política y personalmente a sus máximos dirigentes, hoy verdaderos juguetes rotos de la política y en prisión algunos de ellos.

Adjudicaciones millonarias a dedo    

“El ejecutivo de Moreno Bonilla triplicó un presupuesto inicial de 70 millones para contratos de emergencias, encadenando prórrogas y ampliaciones de gasto durante año y medio a partir de la pandemia. Entre enero de 2021 y diciembre de 2022, el Gobierno de Juanma adjudicó a dedo -sin publicidad ni concurrencia competitiva- 226,7 millones de euros a clínicas privadas para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas, acogiéndose al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia. Al menos 117 millones de euros del gasto global (el 49,8%) fueron adjudicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) amparándose en un Real Decreto ley ya derogado”, publicaba  'El Diario' con gran escándalo social, pero sobre todo político.

También se ha contado que “Moreno prorrogó los contratos a dedo con clínicas privadas para “desatascar” 1,6 millones de pacientes en lista de espera. La Junta firmó los contratos de emergencia con 79 de las 96 empresas privadas sanitarias de Andalucía, y justifica el sobregasto de 243 millones hasta 2023 para “corregir los tiempos de espera disparatados como secuelas de la pandemia”.

Oficialmente la Junta se ha limitado a afirmar tras la publicación que “todos los contratos de emergencia y sus adendas y prórrogas están dentro de lo contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público y cuentan con informe positivo de la Asesoría Jurídica”.

Por cierto, una información la desvelada por este digital que difícilmente publicarán otros grandes medios andaluces, sometidos la mayoría desde hace casi un lustro a un control y dependencia económica del gobierno de derechas nunca antes visto en el panorama mediático andaluz y eso que el PSOE no se lució precisamente con su política de comunicación y propaganda. Los socialistas 'invertían' en pocos medios pero importantes en su audiencia; desde que llegó el PP se ha implantado el café para casi todos y el apoyo descarado a medios digitales que son una prolongación de la Oficina del Portavoz.

Hay otro aspecto inquietante en este mete y saca presidencial, de los primeros con repercusión negativa en la Era Bonilla que al menos conviene dejar sobre el tapete.  Lo que se ha pretendido vender como una corrección presidencial a la consejera de Salud Catalina García, es en realidad una marcha atrás de libro de todo el gobierno ya que nadie se cree que un asunto de calado político y social, que viene fraguándose desde semanas después de la mayoría absolutísima del 19 de junio, no haya sido detectado desde julio hasta marzo por el presidente de la Junta, por su gabinete o la Consejería de Presidencia. Es oportuno recordar en este punto la contrastada perspicacia del consejero de Presidencia  Antonio Sanz, alguien que difícilmente dejaría pasar el elefante de las tarifas sanitarias por delante sin saber lo que eso suponía de escandalera en términos políticos.

Moreno Bonilla ha rectificado, ha dado marcha atrás y ha acertado en su decisión ya que, de momento, ha atajado una brecha que le comportaba demasiado riesgo y desgaste de su inmaculada imagen. Pero sobre todo le quitaba ante el foro el antifaz de Carnaval que lleva puesto desde que llegó al cargo con su cacareado centrismo y moderación, con su sonrisa floid permanente y su campechana simpatía; debajo de la máscara aparece el rostro duro de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, lo más cercano a Vox que se cultiva en el PP. De lo dicho sobre Blas Infante, lo de Andalucía por encima de todo, de la lucha de los andaluces el 28F, del testamento político de Manolo Clavero o las chuches blanquiverdes de Alejandro Rojas Marcos nada de nada. Adiós al centrismo andalucista. Política de derechas pura y dura. Juanma Moreno Bonilla, el que pretende que los ricos paguen menos y ceba económicamente al sector privado de la Sanidad, es un señor de derechas de toda la vida, que ha elegido el traje centrista para la recolección del voto de los andaluces que nunca antes votaron ni a Antonio, ni a Gabino, ni a Javier ni a Teófila. Esa es la clave de Juanma, una cosa es lo que predica y otra bien distinta el trigo que reparte, especialmente a quienes menos lo necesitan.

Déjà vu con la Concertación Social

Todo ello sucede cuando los andaluces hemos tenido un nuevo déjà vu al ver la foto del presidente de la Junta con los llamados 'agentes sociales', firmando una vez más el histórico acuerdo con sindicatos y patronal. Una cita en la agenda presidencial que, sin duda, habrá influido en el mete y saca de Juanma. Desde 1993 en que se firmó el primero se han reeditado seis ediciones trianuales de los acuerdos de concertación. Las mismas fotos, la misma cobertura del Canal Sur, el mismo buen rollito, las mismas sonrisas que enseñaron durante décadas a los andaluces los presidentes Chaves, Griñán o Susana Díaz con Cándido Méndez, Juan Mendoza, Manolo Pastrana de UGT, Julio Ruiz y Paco Carbonero de COAN o Manolo Martin Almendros, Lele Colunga o Santiago Herrero de la CEA. Todo ha salido como antaño, a pedir de boca, aunque esta vez con nuevas  caras como las de Javier González de Lara (CEA), Carmen Castilla (UGT), Nuria López (CCOO) y el propio presidente que se estrenaba como gran oficiante de la concertación económica y social. A diferencia de lo que hacía y criticaba con la boca chica el PP de Javier Arenas cada vez que el PSOE-A firmaba un acuerdo de este tipo, hoy los socialistas  no han dicho ni mú. Al menos en esto han sido coherentes con su historia y seguramente por otra razón de peso: los acuerdos celebrados en estas décadas han sido buenos para Andalucía, otra cosa es que mejor gestionados y fiscalizados podrían haber sido la repera.

El 17 de mayo de 1993 se firmó el primer Acuerdo para el Desarrollo Económico y Social de Andalucía y así hasta seis más, cada tres años hasta 2016. Manolo Chaves, el presidente que inauguró los pactos, escribió en el preámbulo del primero: “Nosotros, los andaluces, hemos conseguido algo importante: llegar al primer Acuerdo Tripartito de nuestra joven historia autonómica y, además, en campaña electoral. Hemos entendido que la crisis económica no sabe, ni conoce de fechas electorales, y eso nos honra a todos, especialmente a los interlocutores sociales”. Más o menos el mismo escenario electoral actual cuando se acaba de firmar el primer acuerdo de la derecha con los agentes sociales andaluces. El pacto de Juanma movilizará 8.840 millones de euros para crear "el mayor escudo social de la historia de Andalucía” ha prometido.

Era la foto tradicional que muchos esperaban ansiosos cada tres años, especialmente los respectivos tesoreros de las entidades firmantes. Días de arroz y gallos muertos, fiesta grande en la patronal, en los sindicatos y en el gobierno de San Telmo, satisfechos porque todo lo controlaban sin incómodos jaleos en calles y empresas. La paz social quedaba garantizada con millonarias cantidades de fondos públicos. Con la derecha instalada y electoralmente segura en el antiguo Seminario de San Telmo, gobernando con mayoría, triunfa nuevamente el gatopardismo y vuelve el acuerdo de concertación social. Quizás los únicos elementos novedosos que animan el cotarro, por seguir con las comparaciones, sean los indisimulados gestos patrocinadores del gobierno del PP impulsando nuevos 'agentes' de su cuerda  como ATA, controlada por la familia de Lorenzo Amor o Cesur una organización que tiene muchos paralelismos con la CEA, aunque ellos se presentan como la “Nueva generación de empresarios” de Andalucía, sí muchos de aquellos chavales que sacaron el máster en el Instituto San Telmo en los años 90.

Borrar la palabra 'privatizar'

El presidente ha logrado recomponer su figura no sin dificultad y el consiguiente desgaste político, aunque no parece que finalmente se haya arremangado para sentarse a desliar en serio y sin medias verdades la madeja de la sanidad andaluza, enredada desde los tiempos de Jesús Aguirre como consejero.  A tiempo está Juanma de demostrar que es capaz de orientar la gestión, mandar a parar y poner orden en un servicio público esencial  que, como ha quedado más que demostrado, motiva mucho al ciudadano a la hora de emitir su voto. Creer que en una legislatura pueden cambiar un sistema que lleva funcionado décadas -con sus defectos y virtudes- desde 1982 es pecar de ingenuos o la confirmación de que están muy presionados por intereses económicos externos. El presidente sabe que más temprano que tarde tendrá que dar la cara y más explicaciones a los andaluces sin faltar a la verdad. Tampoco le iría mal que la ciudadanía identificase a Juanma vinculado más al sector agrícola o turístico  que al farmacéutico y sanitario.

El incidente de las tarifas, les guste o no, ha puesto en alerta máxima a los usuarios de la sanidad andaluza que, como se sabe, son capaces de movilizarse  en cuanto salga alguien que les susurre “Yeah!!” al oído. Porque los motivos para salir a la calle hoy son más que suficientes, incluso de mayor peso que cuando se salió a las calles contra Susana Díaz y su errónea política de fusiones hospitalarias. Por cierto, con Juanma jaleando a Spiriman por Wasap.

Una forma sencilla de comprobar la realidad hoy es pasarse una mañana por un ambulatorio u hospital  andaluz y poner oído a lo que comentan los trabajadores y usuarios de la sanidad pública andaluza o hablar con los sufridores de las listas de espera. Quizás Juanma no lo sepa todavía, pero el SAS se ha convertido en su talón de Aquiles; se nota porque la oposición socialista se ha venido arriba, da palmas con las orejas y les advierte que les pagarán con la misma moneda judicializando el asunto. Parece que el PSOE-A se ha puesto a trabajar en serio en la crisis sanitaria. Y todo por culpa aparente de la actualización de las tarifas del SAS, tarifas que en realidad eran el antifaz de Juanma que intenta no pasar a la historia como un 'privatizador' de derechas.