El célebre “¡qué escándalo, aquí se juega!”, pronunciado por el cínico pero simpático capitán Renault en ‘Casablanca’ sigue dando juego entre nosotros: natural que lo dé en un país donde hipocresía y picaresca han ido de la mano durante siglos en el empeño de saquear los bienes públicos mientras los encargados de vigilar tales bienes miraban para otro la-do, si es que no eran ellos mismos cómplices directos de saqueo.
La literatura económica moderna ha denominado ‘rentas extractivas’ a ese robo generalizado cuyo último episodio entre nosotros es lo que viene sucediendo en el entorno del Par-que Nacional de Doñana con la extracción ilegal de agua para riego. Esta semana se ha conocido que la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla se ha querellado contra una em-presa agrícola de la Casa de Alba por mantener operativos desde hace años ocho pozos clandestinos de los que habrían extraído ilegalmente miles de millones de litros de agua para regar 200 hectáreas de naranjos.
El caso lo investiga el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sanlúcar la Mayor. Pero es solo el más reciente, no el primero: el torero Miguel Báez ‘Litri’ también está siendo investigado por un delito similar. De hecho, en septiembre pasado cinco hermanos copropietarios de una finca del entorno de Doñana fueron condenados a tres años y medio de prisión por extracciones ilegales, aunque la sentencia del Ju-gado 14 de lo Penal de Sevilla ha sido o será con toda probabilidad recurrida. Es improbable que veamos a un terrateniente entrar en prisión por robar el agua de todos. Tanto como que veamos a un evasor fiscal compartir rejas con él.
Aunque luego se hizo eco de ella Ecologistas en Acción, la denuncia contra la Casa de Alba partió inicialmente de ex-trabajadores de la finca, es decir, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que opera como policía del agua, una vez más no ha hecho bien su trabajo. En realidad, ha debido de pasarse décadas sin hacerlo, al menos hasta fechas muy recientes. Es cierto que la Confederación ha clausurado más de un millar de pozos desde 2019, pero también lo que ese escandaloso volumen de pozos ilegales fue posible porque la institución encargada de impedirlo no hizo bien su trabajo.
Tampoco los socialistas que gobernaron la Junta de Andalucía durante más de tres décadas, y no digamos los ayuntamientos de las comarcas afectadas, pusieron el celo que debían. Como en su día no lo pusieron tampoco, por cierto, en la vigilancia y control del urbanismo ilegal. Pozos ilegales y viviendas ilegales tienen en común que, cuando su número es muy elevado (como sucedía en Marbella), el sellado o la demolición generalizados son muy problemáticos, si no imposibles: el agua ilegal genera empleo y riqueza, como los genera el urbanismo ilegal. Ningún gobierno se atreve a pinchar burbujas así… sobre todo si él mismo es corresponsable por omisión de tales ilegalidades.
La sensibilidad social sobre la protección de espacios como el Parque de Doñana está cambiando, sin duda, pero no tanto ni a un ritmo tan visible ni tan acelerado como para que el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla no se atreviera a impulsar una ley pensada para legalizar centena-res de hectáreas sostenidas con la extracción ilegal de agua de Doñana. La ley está hoy parada, sí, pero no muerta. Tal vez Moreno haya aprendido la lección, tal vez acabe, como el capitán Renault, sumándose al bando de los buenos, pero es difícil imaginar a un político de su ideología y su perfil luchando a brazo partido contra los latifundistas que expolian el acuífero que alimenta uno de los espacios naturales más valiosos del continente europeo.
Y por si todavía a alguien le caben dudas sobre las dificulta-des logísticas u operativas para detectar a los bandidos medioambientales, dejamos para el final esta breve exposición del experto en Teledetección e Hidrogeología de la Universidad de Castilla-La Mancha Santiago Castaño Hernández, que explicaba así cómo seguir la pista a los saqueadores:
“La combinación de las técnicas de Teledetección y los Sistemas de Información Geográfica permiten el desarrollo de una metodología operativa para cuantificar, con un coste relativamente bajo, las extracciones de agua subterránea para riegos agrícolas. El sistema se basa en la obtención de una clasificación de cultivos mediante el análisis multitemporal de imágenes del satélite LANDSAT sensor TM. Seguidamente estos datos se integran en un Sistema de Información Geo-gráfica y se cruzan con los valores de necesidades de riego por cultivo, calculados en base al conocimiento diario de las precipitaciones y de la evapotranspiración, lo cual permite conocer la distribución espacial y temporal de los consumos hídricos para uso agrícola. Conociendo las superficies regadas con aguas superficiales y los aportes de las mismas, se extraen directamente los volúmenes de aguas subterráneas empleados”.