Cuando el caso de los ERE se puso feo, el Partido Socialista se quitó de en medio. Durante los años interminables que ha durado el proceso a los políticos que dirigieron durante casi dos décadas la Junta de Andalucía, sus compañeros de partido guardaron un silencio poco valiente y apenas honroso.
José Antonio Griñán, Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo… todos ellos han estado solos durante todos estos años. Por eso resulta algo impúdico que ahora la dirección regional del PSOE salga al escenario a darse golpes de pecho por la injusticia cometida con ellos y alce su tardío dedo acusador contra el Partido Popular por “la cacería política contra personas honestas y honradas que no se han llevado ni un euro”.
Como si no fuera con ellos pero dejando quizá escapar alguna que otra lágrima sincera, los responsables políticos del Partido Socialista se limitaron a contemplar de lejos la partida de caza que ahora denuncian mientras las escopetas políticas, mediáticas y judiciales disparaban simultánea o alternativamente desde los cuatro puntos cardinales. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum!
Los cazadores no solo descargaban incesantemente sus armas, sino que no cesaban de vilipendiar a aquellos jabalíes y conejos socialistas que corrían despavoridos por los descampados judiciales intentado esquivar la negra pólvora. A la postre, los cazadores acabaron urdiendo con su cháchara un discurso letal, un discurso que jamás tuvo réplica desde el otro lado.
La consecuencia de todo ello es que hoy una gran mayoría de españoles creen que que Chaves y Griñán no son menos corruptos que los Bárcenas, los Rato, los Correa, los Mata o los Zaplana, todos ellos millonarios, y lo creen porque el Partido Socialista no pudo, no supo o no quiso articular un relato propio y alternativo al que finalmente ha quedado en el imaginario colectivo de la nación: que los socialistas dilapidaron 680 millones de euros de los parados andaluces.
Ocho de los quince condenados están hoy a un paso de la prisión. Solo un indulto en primera instancia o una sentencia del Tribunal Constitucional en última puede salvarlos, no de la afrenta de haber entrado en la cárcel pero sí de la aflicción de pasarse varios años encerrados en ella.
Cuando se desató con toda su fuerza devastadora la Gran Tormenta con fuerte aparato mediático que ha sido el caso de los ERE para el Partido Socialista, la estrategia fue el silencio. En las reflexiones publicadas por prestigiosos juristas durante la instrucción y durante y después del juicio que sentó a dos expresidentes y otros ex altos cargos en el banquillo, había un buen puñado de argumentos jurídicos –no políticos, jurídicos– con la suficiente envergadura como para que el Partido Socialista hubiera compuesto un argumentario defensivo que fuera más allá de repetir una y otra vez que “Chaves y Griñán no se habían llevado ni un euro”. Ni ellos ni ninguno de los demás procesados.
En este desgraciado asunto, la dirección socialista andaluza –la de Susana Díaz y la de Juan Espadas, aunque mucho más la primera que la segunda– han actuado como aquellos agricultores de las tierras altas que, cuando se desató el Diluvio Universal, decidieron resguardarse en las cumbres montañosas confiando en que las aguas nunca les alcanzarían.