La gravedad de ciertos pecados va por barrios. O por elecciones. Más en concreto, por el resultado de las elecciones. Cambia el alcance y la repugnancia moral de ciertos pecados, pero se mantiene inmutable la ley general que inspira tales vaivenes y cuyo enunciado podría formularse así: ‘Ciertos pecados pasan de ser mortales a ser veniales e incluso a dejar de existir como tales pecados cada vez que la derecha pasa de ser oposición a ser gobierno. Y viceversa: algunos que fueron veniales se transforman súbitamente en mortales’.
La penúltima manifestación de esta ley ha tenido lugar con ocasión de la significativa mejora del sueldo del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que en 2024 pasará a cobrar 87.333 euros, frente a los 71.667 que percibió en 2023. 15.666 euros más de una tacada. Eso es arrancar el año con buen pie. Y con buen morro, considerando los exabruptos que el PP y Moreno han largado y repetido durante años sobre el sueldo que los cargos institucionales cuando estos eran ocupados por políticos de izquierdas.
El de Moreno es un incremento salarial efectivo del 21,8 por ciento, aunque San Telmo se apresuró a puntualizar que la subida era solo del 18,89 por ciento, ya que en 2024 sus retribuciones habrían ascendido a 73.459,04 euros al aplicarse el incremento del 2,5 por ciento previsto para funcionarios y cargos públicos.
Pese a lo abultado de la mejora salarial, la mayoría de los andaluces posiblemente no se han enterado. Desde luego, no por Canal Sur, que le dedicó a la noticia 14 segundos en el informativo del mediodía y 7 en el de la noche. Como diría José Mota: no digo que me mejores, solo iguálamelo. La versión de Canal Sur se limitó a mencionar la “equiparación salarial” de Moreno con otros presidentes autonómicos. Ni rastro de los 15.666 euracos de subida. Los lectores de ABC, que adelantó la noticia, sí estuvieron puntualmente informados, si bien el rotativo conservador tituló el pelotazo salarial de esta cándida manera: “Juanma Moreno se sube el sueldo y lo sitúa en la media de los presidentes autonómicos”. Dejo al improbable lector la tarea de imaginar la dosis de abeceína (el neologismo es de Rafael Sánchez Ferlosio) que el diario fundado por los Luca de Tena habría inyectado a la noticia de haber sido un socialista e beneficiario de tan jugoso incremento.
El sueldo de los políticos fue durante muchos años uno de los temas predilectos del populismo periodístico y político de estirpe conservadora. Los altos cargos institucionales cobraban entonces demasiado. Cualquier subida, por mínima que fuera, resultaba moralmente insoportable. ¡La matraca que dieron con aquello desde mediados de los 80 hasta bien entrados los 90, cuando no veían forma de echar a Felipe González de la Moncloa! En Andalucía la tabarra se prolongó mucho más tiempo: más o menos hasta diciembre de 2018, fecha en que el PSOE perdió el poder.
El súbito y espectacular aunque sigiloso progreso del sueldo del presidente no ha sido, sin embargo, el último episodio de la revolución operada en la normas que regían en la derecha a propósito de los emolumentos y el estatus del presidente de la Junta de Andalucía. El Gobierno del Partido Popular ha decidido también garantizar un sueldo vitalicio a los expresidentes de la Junta colocándolos, si así lo desean, como consejeros permanentes del Consejo Consultivo de Andalucía. Los expresidentes que hayan cumplido 75 años a la entrada en vigor de la ley también podrán ser nombrados consejeros permanentes por un periodo máximo de cinco años. Su sueldo sería de 68.000 euros al año.
Cuando, en la primera década de 2000, el Ejecutivo socialista quiso hacer algo parecido el PP se opuso ferozmente a ello, calificando la medida de “pensionazo”. La asignación aprobada en 2009 -un complemento a su pensión equivalente al 60% del sueldo oficial de presidente- la suprimiría dos años después, en plena crisis económica, el propio Gobierno andaluz, presidido ya por José Antonio Griñán, entonces enfrentado con su antecesor Manuel Chaves, beneficiario de la misma.
Los socialistas no se opondrán a la medida ahora adoptada por el PP porque ellos mismos la defendieron en el pasado, apelando a la costumbre vigente en la mayor parte de las democracia de que los expresidentes deben disfrutar de un estatus acorde con la alta magistratura que han ocupado. Con estos oportunos bandazos la derecha gana siempre: cuando los destinatarios son de izquierdas desacredita sistemáticamente cualquier beneficio, salarial o institucional; cuando los destinatarios son de su propio bando, no hay ningún problema. Antes tenía unas reglas pero ahora tengo otras. A eso se le llama ventajismo. O ley del embudo. O, directamente, morro.