El presidente Pedro Sánchez se halla ante la encrucijada más comprometida de una biografía plagada de ellas. La última fue con ocasión de las elecciones generales del 23 de julio, a las que, según el relato no estrictamente realista pero no del todo fantasioso urdido por la derecha, acudió encadenado a los Otegi, los Rufián, las Montero y las Belarra, pero, como el Gran Houdini cuando se liberaba milagrosamente de sus cadenas debajo del agua, el mago Pedro logró salir vivo de aquel trance.
Vivo pero no libre. Aquella noche electoral emergió de los abismos adonde lo habían arrojado las encuestas, respiró hondo y, tras contar los votos de uno y otro bando, esbozó una sonrisa de satisfacción que, sin embargo, muy poco después habría de helársele en los labios al advertir que había escapado a la maldición de los sondeos pero no a la del fugado Carles Puigdemont, a quien desde entonces lleva pegado a los talones como ese delantero a quien su marcador persigue incansable por todo el campo como una sombra.
El nombre de la nueva encrucijada a la que se enfrenta Súper Pedro -llámame Houdini- se conoce como ‘amnistía’ y la exige Puigdemont para los imputados el 1 de Octubre como condición para investirlo presidente del Gobierno de España. Sánchez todavía no ha hablado, pero sí lo han hecho por él los Page, los Guerra, los González, los Aznar, los Cebrián, los Savater…, todos los cuales y muchos otros dan por seguro que el líder socialista pondrá, cómo no, de rodillas al Estado ante el fugado Puigdemont con tal de mantenerse en el poder.
Todos ellos, además por supuesto de Vox y el PP, aventuran que la amnistía es un arma de destrucción masiva y, en consecuencia, su deber es declarar una guerra preventiva que impida al irresponsable Sánchez apretar ese botón nuclear que nos destruiría como Estado, santificaría a los delincuentes del ‘procés’ y arrojaría por el desagüe de la historia 45 años de Constitución y democracia.
Todos ellos tienen motivos para el recelo pero no para la condena. No todavía al menos. Se sabe, y no del todo, lo que quiere Puigdemont, pero no se sabe lo que Sánchez está dispuesto a darle. Solo lo más ciegos, resentidos o cerriles negarían que arbitrar alguna forma de perdón a los independentistas -cifrados por la contabilidad separatista en más de 1.400- que violaron la ley, burlaron la Constitución y pusieron en riesgo la convivencia contribuiría de forma significativa a la pacificación de Cataluña (ojo: nosotros también somos Cataluña). Pero, igualmente, solo los más sectariamente partidistas aceptarían que un perdón de tal dimensión histórica pudiera otorgarse a cambio de algo tan insignificante en términos históricos -e incluso en términos simplemente periodísticos- como una investidura presidencial.
En el libro sexto de La Eneida Virgilio propone “perdonar a los vencidos y someter a los soberbios”. Sabio consejo que no es fácil de trasladar a nuestro conflicto territorial porque Puigdemont pertenece al bando de los vencidos pero milita tan campante en las filas de los soberbios. Es obvio que el ‘procés’ fue un rotundo fracaso: lo malo es que no lo fue solo para los vencidos, sino también los vencedores. Cuando el territorio económicamente más pujante y quizá políticamente más dinámico del país lleva más de un lustro abierto en canal, el Estado del que forma parte tiene el deber de hacer cuanto esté en su mano por revertir esa situación. Quienes piensan que la medicina a esta enfermedad es la cárcel es que han leído poca historia. Ni historia española ni historia europea. Yerran, aunque lo hagan de buena fe, quienes opinan que el conflicto catalán se resuelve a hostias.
La amnistía no sería la forma de decirles que tuvieron razón, sino justamente todo lo contrario: que no la tuvieron y que porque no la tuvieron el Estado hace borrón y cuenta nueva, obviamente con la condición de no incurrir en el futuro en el mismo error ni en la misma o parecida ilegalidad.
Una gran parte del país es seguramente favorable a la clemencia y el perdón, pero no a cualquier clemencia ni a cualquier perdón. Una amnistía o indulto a cambio meramente de la investidura, jamás. Una amnistía a cambio de la reconciliación, desde luego, aunque sin olvidar que no hay reconciliación posible sin propósito de enmienda por parte de quien sembró la discordia. De hecho, un Puigdemont diciendo que volvería a hacer lo que hizo no puede ser amnistiado. En todo caso, una amnistía suprime los delitos, pero no borra la historia. Ni deslegitima o debilita al Estado de derecho que la concede si lo hace conforme a derecho: todo lo contrario, lo hace más fuerte.