Una de las particularidades de la actual legislatura es que cada nuevo curso político es un poco más complicado que el anterior, aunque todos ellos lleven marcado a hierro en la frente el estigma de que su estabilidad última queda fiada a alguien tan poco de fiar como Carles Puigdemont, hoy en horas bajas tras esa segunda huida que humilló a la ‘Policía Nacional’ catalana y dejó sumidos en el desconcierto a votantes, dirigentes y cargos públicos de Junts. Puigdemont creyó haber ideado una jugada maestra para burlar al Estado opresor y finalmente el principal damnificado fue él mismo.
La amnistía fue al primer año de mandato de esta legislatura lo que la financiación singular de Cataluña será a este segundo año. Con la amnistía a Puigdemont y sus compañeros de aventura secesionista hubo tanta y tan disparatada sobreactuación política, judicial y periodística que será difícil que sea superada por la igualmente triple sobreactuación que nos espera con motivo de la financiación de Cataluña que unos llaman singular y otros concierto, pero que nadie hasta ahora ha explicado debidamente.
La crucial diferencia con el frente antiamnistía es que en este apenas había socialistas, mientras que en el frente antifinanciación combaten en primera línea de fuego destacados oficiales de la caballería de élite del Partido Socialista, como el catalán Josep Borrell o el andaluz Luis Ángel Hierro, ninguno de los dos sospechoso de antisanchismo y ambos autorizadísimas voces en una materia tan abstrusa como la financiación autonómica.
No todo son, sin embargo, malos augurios para el curso político que acaba de comenzar. Además de poder presumir de unos datos económicos cuya excelencia ni siquiera el PP es capaz de desacreditar, el Gobierno ha conseguido, por una parte, pacificar Cataluña con un socialista cabal al frente de la Generalitat que está recomponiendo aceleradamente y con éxito la institucionalidad que había sido minuciosamente descuartizada durante el ‘procés’ y, por otra, ha logrado por fin desbloquear el Consejo General del Poder Judicial que la derecha tenía secuestrado desde hace un lustro.
Aunque no son malas cartas para iniciar la partida de ese segundo año de mandato, el resto de jugadores que se sientan a la mesa tampoco pueden quejarse del valor de sus naipes: Puigdemont tiene siete diputados que valen su peso en oro, Esquerra tiene la llave de la gobernabilidad de Cataluña, Coalición Canaria tiene la bomba de relojería de los menores y no menores inmigrantes, Compromís hará valer sus dos escaños para arrancar al Ejecutivo una mejora sustancial de la financiación de Valencia… Y, cómo no, dispuesto a alinearse con todos y cada uno de ellos para que el tahúr ‘Perro’ Sánchez salga trasquilado de la partida, el PP de un Feijóo que no ha logrado recuperarse del resentimiento que le provocó el chasco del 23-J.
El curso 24/25 puede resultar, pues, más interesante incluso que el curso 23/24. A lo largo del mismo el presidente tendrá que convencer a los suyos de que mejorar la financiación de Cataluña es un buen negocio no solo para los catalanes sino para España. Tal vez lo consiga, pero le será mucho más difícil convencerlos de que, cuando vuelva a gobernar, el nacionalismo catalán no intentará utilizar la recaudación del cien por cien de los impuestos de la misma manera que lo han venido haciendo los sucesivos gobiernos vascos: institucionalizando una financiación per cápita escandalosamente superior a la del resto de ciudadanos españoles.