Menudo negocio
Recordemos que desde hace más de 30 años, la política económica de este país se ha caracterizado por la privatización de importantes empresas estatales
La pasada semana, y tras meses de negociaciones discretas, la ministra Calviño completó su último servicio al Gobierno de Pedro Sánchez y al sector económico-financiero español, antes de comenzar su "merecido" retiro como presidenta del Banco Europeo de Inversiones: el Consejo de Ministros aprobó la compra de un 10% de las acciones de Telefónica a través de la SEPI.
La noticia provocó reacciones encontradas, desde la crítica de sectores liberales, que entienden que supone una imperdonable injerencia del Estado en el libre mercado y la libertad de empresa, hasta el infantil e infundado optimismo de ámbitos progresistas, que se afanaban en anunciar un nuevo proceso de "renacionalización" de los sectores estratégicos de la economía española. Pero más allá de la habitual propaganda de uno y otro lado, tenemos pocos datos objetivos y, por tanto, ciertos sobre esta decisión. De ellos, el más llamativo es que el Estado Español, es decir, todos nosotros, va(mos) a pagar a los accionistas privados de Telefónica 2.500 millones de euros a cambio de un paquete accionarial que hace 28 años vendimos por 1.443 millones. ¡Menudo negocio!
En el fondo, esta decisión no es más que la reacción del Gobierno al intento del fondo soberano saudí de adquirir el 9,9% de la compañía. En julio pasado, el Gobierno español consiguió detener la "OPA" mediante un decreto que limitaba la compra al 4,9%, de forma que los saudíes no influyeran en la compañía. Pero el reciente intento saudí de conseguir el 6,7% de las acciones, y optar así a una de las 15 sillas del Consejo de Administración, ha provocado la reacción de Pedro Sánchez, que más que emprender un nuevo camino de política industrial parece intentar compensar, a la desesperada, los errores de la política llevada hasta ahora.
Recordemos que desde hace más de 30 años, la política económica de este país se ha caracterizado por la privatización de importantes empresas estatales que participaban en áreas clave de la economía. Desde los Gobiernos del PSOE de González y del PP de Aznar, la liberalización de la economía española abarcó prácticamente todos sectores, desde las telecomunicaciones hasta la industria del motor, pasando por la banca, la energética y otros sectores productivos, aniquilando así nuestro sector público, la estructura económica del país y la suficiencia y capacidad financiera y estratégica del Estado, fruto todo ello de la labor de muchos de los que precisamente se siguen llamando patriotas.
La privatización de Telefónica, como del resto (Repsol, Argentaria, Endesa, Enagás, SEAT, Tabacalera, Pegaso, Renfe, Loterías, Iberia, etc.), se justificó desde la supuesta eficiencia y mayor competitividad del mercado privado, esa repetida mentira neoliberal. En este caso concreto, el resultado ha sido que, 33 años después, Telefónica ha perdido más de un 80% de su valor, ha tenido que vender 12.500 millones en activos de redes en los últimos años para reducir su deuda y la empresa, que ya ejecutó un plan de bajas voluntarias en 2016 (por el que despidió a 6.300 trabajadores a cambio de 3.700 millones de euros), acaba de anunciar un ERE de 4.000 puestos de trabajo, de manera que serán unas 12.000 personas las que permanezcan en una plantilla que en 1991 contaba con 77.000 empleados. Todo un ejemplo de ausencia de eficiencia de estos "maravillosos" gestores privados, amigos y conocidos de PSOE y PP.
A cambio, nuestro país ha carecido durante todos estos años de la capacidad para actuar en el modelo productivo español. Si una empresa de telecomunicaciones pública puede ser la vía para proteger los derechos digitales y para abrir camino a otros nuevos, de servicios y de negocio; una empresa del motor con participación estatal podría haber evitado la deslocalización de los trabajos productivos; unas empresas de transporte ferroviario y aéreo facilitarían una movilidad justa, barata y proporcionada; o unos sectores bancario y energético estatales posibilitarían acabar con los abusos económicos y los chantajes que bajo esta amenaza se producen. Esta merma de lo público, de lo de todos, no ha evitado que las empresas privadas, antes públicas, sigan viviendo a cargo del erario del Estado, ya que su pobre modelo de negocio se sustenta en la contratación con la Administración del Estado. Por ejemplo, Telefónica obtuvo contratos militares y de ciberseguridad en 2023 por 200 millones de euros.
Quizás desde este punto de vista podamos encontrar una explicación más cierta a la decisión del Gobierno "más progresista de la Historia". La pandemia supuso un cambio de posición respecto a la globalización y al libre comercio. La paralización y ruptura de las cadenas globales de suministro supuso la paralización de industrias enteras y la incapacidad de los Gobiernos occidentales para abastecer a sus poblaciones de productos básicos e imprescindibles. Aquellos que pensaban que su dinero lo podía comprar todo, y que dejaron de producir para sólo comerciar e invertir, se vieron en manos de los pobres países del sur que antes sólo les servían como fábrica y mano de obra barata.
Y dentro de este cambio de perspectiva económica de algunos Estados, la necesidad de recuperar el control sobre sectores claves, especialmente los tecnológicos y de seguridad, se está generalizando. El PSOE de Sánchez parece estar intentando solucionar algunos de los problemas heredados de la ausencia de política industrial y visión estatal de los gobiernos de González y Aznar, pero fundamentalmente lo que está haciendo es apoyar las necesidades en materia de defensa del sector militar. Este desplazamiento del gasto público hacia empresas tecnológicas clave para la seguridad nacional (recordemos el CETEDEX), no supone un cambio en la participación del Estado en la economía, sino la primacía de la seguridad nacional sobre la política industrial, presentando al sector militar como la forma de alcanzar la prosperidad económica nacional.
Sin embargo, no deberíamos olvidar quien paga todo esto. Porque tras privatizar Telefónica y externalizar, mediante contratos públicos, toda la política de Defensa del Estado Español, ahora tenemos que hacernos cargo de la compañía, tras haber perdido mucho dinero y muchos trabajadores por el camino, para proteger nuestra seguridad. Lo dicho, menudo negocio hemos hecho para beneficio de los de siempre.