Como espectador de nuestra actualidad política nacional, uno podría pensar que el reparto de 4.400 menores extranjeros no acompañados (MENAS) entre las distintas comunidades autónomas, es decir, a lo largo y ancho de España, país en el que ya se encuentran, supone un grave problema político. Y, por lo que nos dicen, ese supuesto problema político se ha resuelto con el reparto acordado entre el PSOE y Junts, aunque las Comunidades presididas por el PP, encabezadas por Ayuso y Mazón, se han negado a aceptarlo y presentarán recursos ante la justicia.
En primer lugar, el debate en sí mismo ya provoca cierta vergüenza. Visto desde fuera, suena ridículo que la distribución de este reducido número de menores (4.400, sí; sólo 4.400) en un país de casi cincuenta millones de habitantes, que se enorgullece de recibir al año a unos cien millones de turistas, que alardea de su carácter acogedor y de su Estado de Derecho, como garante de los Derechos Humanos, pueda significar un problema político de primer nivel. Es vergonzoso que todos los partidos políticos debatan sobre esta cuestión día sí y día también, utilizándola como arma política contra el rival o para determinar las alianzas y los acuerdos de gobierno, como si supusiera un problema real para el Estado. Y no lo hacen para impedir el supuesto colapso del sistema de atención migratoria, el que Canarias denuncia desde hace más de un año, ya que sus centros de acogida sí que se encuentran saturados y sin personal suficiente para atenderlos. No. El sistema no se encuentra colapsado, ni lo va a estar, a nivel estatal, por el reparto de algo menos de 5.000 menores. Ni tampoco es cierto que el Estado o cada una de las comunidades autónomas carezcan de los recursos necesarios para atender a estos niños. El único motivo por el que esta situación se ha convertido en un problema es que ninguno quiere alborotar a sus posibles votantes, muchos de los cuales han interiorizado esta cuestión como problema real que afecta a sus vidas.
En segundo lugar, el tratamiento dado al asunto es sumamente hipócrita. Tras el aséptico nombre de “MENAS”, lo que encontramos son niños y adolescentes que han llegado a España sin progenitores que los cuiden o acompañen, que han decidido venir a un país extraño, cuyo idioma y cultura no comprenden en muchos casos, no por gusto, sino, como podemos imaginar, por necesidad. Muchos llegaron a España después de una larga travesía en el mar, en la cual perdieron a sus familiares y quedaron huérfanos. Cualquiera pensaría que, ante este panorama, una sociedad civilizada y ética entendería y se movilizaría en su atención, no sólo por un deber legal (recordemos toda la legislación que nos obliga a ello), sino por un sentimiento humanitario. No existe opción cultural, moral o religiosa en nuestro país que justifique el abandono de quien necesita de nuestra ayuda, especialmente si se trata de un niño en situación de desamparo. Ninguna. Pero parece que si existen varias opciones políticas que entienden que ese es el planteamiento adecuado: “yo no quiero ayudar a estos niños, no tengo recursos para hacerlo y nadie puede obligarme a ello”. Estas son las falsas razones detrás de la hipocresía de nuestros partidos, y de todos los votantes que le apoyan. Allá ellos con sus conciencias y sus confesores. Porque lo que verdaderamente se propone es negar que existen, los menores, sus necesidades y sus derechos, para sustituirlos por los intereses electorales o económicos del político de turno. Me gustaría saber desde que posición ética o religiosa se defienden a sí mismos.
Además, plantear este drama migratorio como problema político es tramposo e inútil. El acuerdo para el reparto de estos menores en este momento no soluciona nada porque niega el fondo del asunto: la migración de estos menores, como la del resto de inmigrantes, no va a parar, con lo que se necesita una estrategia estatal, una política migratoria seria y responsable, que se aleje de las mentiras y de los intereses de cada partido y cada presidente autonómico o nacional. La política migratoria, compleja e imprescindible, debe estar incluía en una estrategia europea y responder a un planteamiento estatal; debe ser responsable, actuar en origen y exigir a los países de los que huyen que asuman su responsabilidad en el trato y búsqueda del bienestar de sus propios habitantes; y, una vez que los inmigrantes llegan, debe favorecerse su integración y la convivencia. No hay otra opción y todos lo sabemos. Otra cuestión es cómo esa estrategia sitúa la gestión del menor desamparado, lo que debe estar en consonancia con el marco general. Pero las improvisaciones, las negaciones o los acuerdos entre dos o tres, no sirven para nada.
Porque lo que nos encontramos en este momento en España es que el Gobierno y las distintas comunidades autónomas pelean por recibir cuantos menos menores extranjeros mejor, no vayan, según dicen, a saturarse o incluso a colapsar sus servicios sociales. Y aquí comienza el “mercadeo”: “repartimos” menores; “repartimos” solidaridad; “repartimos” el problema; “repartimos” el coste; etc. Como si en ese “reparto” estuviera la solución. Como si al distribuirlos fueran a desaparecer, o, al menos, a dejar de notarse que existen. Nos quieren hacer creer que el problema no es su acogida sino su distribución, encontrar una distribución “justa” entre comunidades autónomas, cada cual centrada en defender sus propios intereses y obviar los intereses del conjunto. Pero la realidad es que es más interesante convertirlos en un problema, porque les aporta beneficio electoral.
Este reparto por comunidad autónoma podría hacerse consensuadamente, siguiendo las directrices del Estado, y no resultaría más que en acoger a unos cientos de menores cada una y tratarlos convenientemente, pero, ya que la Ley de Extranjería no permite un reparto obligatorio, es mejor tener otro motivo de confrontación política. Se despliega el discurso de que los MENAS son “delincuentes, futuros o presentes, capaces de desestabilizar cualquier barrio donde se les acoja”, hasta que una parte importante de la sociedad acaba por verlos como una amenaza, o se mantiene un discurso meramente económico en torno la inmigración, hablando del coste, la conveniencia de recibir migrantes que nos proporcionan mano de obra y nos fomentan la natalidad. Todo vale para mantener el debate.
Y, finalmente, para rematar el espectáculo, los dos partidos mayoritarios, los que representan a gran parte del país, ponen en manos de las minoritarias extremas derechas su solución y la política migratoria de España.
El PSOE pacta con Junts el modo en que se llevará a cabo la distribución de los menores en el conjunto de España, con el objetivo para la derecha catalana de que Cataluña evite en lo posible la acogida de menores, mientras perjudica a Madrid y Andalucía. Para Junts la cuestión es, como siempre, preservar la identidad catalana y no obstaculizar la independencia. El PP, por su parte, se niega a esta propuesta, xenófoba y racista, porque en estas cuestiones, como en otras, y siguiendo el camino que marca Ayuso (y parece que ahora también un Mazón en huida desde la DANA), se pone en manos de VOX, que tiene otra propuesta más xenófoba y más racista aún
Por tanto, en el reparto de los migrantes menores no acompañados, que no son paquetería sino seres humanos, en este sonrojante debate, la solución pasa porque sea la extrema derecha, una u otra, quien marca la política migratoria del país, como si para PP y PSOE la mejor manera de poner freno a la extrema derecha fuera pactando con ella misma, aceptar sus falsos motivos racistas, sobre inseguridad o economía, y acordar un “mercadeo”, el que sea, con tal de sacar rédito de esta vergonzosa situación.