Hay un momento en el que el análisis político deja de ser suficiente y esto podríamos decir de lo ocurrido con la izquierda española estas últimas semanas. Se pueden estudiar las decisiones de cada partido, reconstruir las negociaciones, identificar los intereses en juego y calcular a quién beneficia cada movimiento. Se puede explicar por qué Podemos ha preferido preservar su autonomía o anticipar lo que ocurrirá tras las elecciones, por qué Más Madrid ha defendido su propio espacio, qué buscaba Gabriel Rufián con su propuesta y cómo el PSOE puede aprovechar el resultado de todo este proceso. Se puede hacer con rigor, incluso con bastante precisión.
Pero hay una pregunta anterior a todas esas: ¿qué le importa todo esto a quien lleva años votando a la izquierda, escuchando que cada elección es decisiva y comprobando que, después de cada derrota o de cada negociación, vuelven a repetirse el mismo espectáculo, mostrando sin complejos las mismas miserias?
Porque el problema ya no es únicamente que la izquierda llegue dividida a las elecciones del 29 de noviembre. El problema es que vuelve a hacerlo después de haber explicado, una vez más, que esta vez no podía permitírselo. Que viene la derecha. Que viene la ultraderecha. Que está en juego la democracia. Que no podemos permitirnos otro error. Y, mientras tanto, los mismos dirigentes, las mismas organizaciones y sus respectivos entornos se enzarzan en disputas por los puestos, las siglas, los liderazgos y las heridas de un pasado que parece importarles mucho más que el futuro que dicen querer construir.
Si de verdad estamos ante una situación excepcional, ¿cómo se explica que vuelvan a prevalecer las ambiciones particulares sobre la responsabilidad colectiva?
No es la primera vez. En 2023 ya asistimos a una negociación agónica para construir una candidatura unitaria. Después, en las elecciones autonómicas y municipales, volvimos a contemplar versiones de la misma historia: conversaciones interminables, vetos cruzados, reproches, escisiones y dirigentes convencidos de que el problema siempre lo ha causado el otro. Cambian los nombres y las circunstancias, pero permanece la incapacidad para aprender de los errores. Y cada vez se nos pide que volvamos a confiar.
Lo digo también desde el conocimiento de haber visto estos procesos desde dentro y de haber escuchado a protagonistas de uno y otro lado. No estamos ante un accidente imprevisible ni ante una crisis que haya surgido de repente por una discrepancia insalvable. Quienes conocen el funcionamiento de estas organizaciones saben que las tensiones, las disputas por el control y los cálculos sobre las candidaturas llevan tiempo formando parte de su manera de actuar. Lo que estamos viendo ahora no es una anomalía: es la repetición de un patrón que se ha manifestado en cada una de las últimas elecciones, en todos los territorios y bajo cualquier circunstancia.
Por eso, el resultado actual no debería sorprendernos tanto. Lo verdaderamente sorprendente sería que, después de tantos precedentes, esperásemos que los mismos protagonistas, con las mismas prácticas y los mismos incentivos, fueran a producir un desenlace diferente.
Esta vez, además, el espectáculo tiene algo particularmente desconcertante. El Frente Amplio no parece tan amplio. Más Madrid ha defendido su espacio y sus aspiraciones; Podemos ha vuelto a anteponer su autonomía, la de su reducida formación y la de su pareja directiva, a una candidatura conjunta; y Gabriel Rufián ha impulsado una fórmula de reorganización electoral que, lejos de resolver las diferencias, ha terminado abriendo nuevas contradicciones. Las decisiones anunciadas plantean situaciones difíciles de explicar a sus propios votantes: Irene Montero en una candidatura vinculada a ERC en Barcelona, compitiendo políticamente con Ada Colau, mientras las distintas izquierdas mantienen su enfrentamiento en Madrid. Y Rufián tendrá que explicar cómo encaja su apuesta por la cooperación con los conflictos que esa misma iniciativa deja abiertos.
No es necesario convertir estas contradicciones en acusaciones personales ni dar por hecho que detrás de cada movimiento hay una intención oculta. Basta con observar lo que cada actor ha defendido, las decisiones que ha tomado y las consecuencias que se han producido.
Podemos tiene derecho a defender su autonomía política, pero ese derecho no lo exime de responder por las consecuencias de una estrategia que dificulta la cooperación y sólo anticipa el escenario tras la debacles. Más Madrid puede reclamar un espacio propio y defender sus expectativas electorales, pero no puede presentar sus intereses particulares como si coincidieran automáticamente con los del conjunto de la izquierda, y más después de dilapidado su potencial dentro del Gobierno de coalición. Rufián puede proponer fórmulas para optimizar el voto y buscar acuerdos entre fuerzas diferentes, pero debe explicar las contradicciones y los costes políticos de su iniciativa. Y el Frente Amplio, que aspira a reunir sensibilidades distintas, debe asumir su responsabilidad por no haber conseguido resolver las diferencias que amenazaban su propia razón de ser.
Tampoco basta con que cada cual presente su versión de los acontecimientos, enumere las concesiones que estaba dispuesto a hacer y explique por qué fueron los demás quienes impidieron el acuerdo. Si todos se consideran los más generosos, los más razonables y los únicos traicionados, quizá el problema no se encuentre exclusivamente en la actitud de sus adversarios. Quizá haya llegado el momento de preguntarse qué responsabilidad tiene cada uno en una dinámica que se repite elección tras elección.
El resultado es demoledor. ¿Qué relato puede convencer a un votante de que se está construyendo una alternativa común cuando lo que ve son proyectos que se enfrentan entre sí y dirigentes incapaces de anteponer el objetivo declarado a sus diferencias, personales y políticas?
No hace falta suponer que todos se han puesto de acuerdo para perjudicar a la izquierda. Probablemente ni siquiera comparten una misma estrategia. Basta con observar el resultado: la división, la pérdida de confianza y una sensación creciente de que las prioridades de quienes dirigen estas organizaciones no coinciden con las de quienes las votan.
Y aquí es donde el análisis electoral adquiere todo su sentido.
El principal beneficiario potencial de esta situación es el PSOE. No porque podamos demostrar que ha organizado la fragmentación, sino porque tiene motivos para aprovecharla. Cuanto más dividida y menos creíble parezca la izquierda alternativa, más fácil le resultará presentarse como la única opción progresista con posibilidades reales de competir por el Gobierno. El argumento del voto útil, que ya formaba parte de su estrategia, sale reforzado. Frente a una derecha que aspira a gobernar con Vox, el PSOE puede reclamar la concentración del voto progresista en sus candidaturas.
La ironía es considerable. Mientras unos discuten cómo conservar su parcela de poder, otros pueden ampliar la suya. Mientras unos se enredan en negociaciones que desgastan a sus propios votantes, el PSOE tiene la oportunidad de convertir esa desconfianza en una ventaja electoral. Y mientras todos apelan a la gravedad del momento, PP y Vox pueden contemplar cómo sus adversarios contribuyen a debilitarse.
Eso no significa que los socialistas estén libres de responsabilidad política ni que su estrategia sea necesariamente la mejor para el conjunto de la izquierda. El PSOE también tiene sus propios intereses electorales y organizativos, y puede beneficiarse de la debilidad de sus competidores sin resolver los problemas que alimentan el descontento progresista. Su éxito relativo no debe confundirse con una solución para el bloque que aspira a gobernar.
Tampoco debería interpretar esta situación como una victoria definitiva. El voto útil puede concentrar apoyos, pero no garantiza la movilización. Un electorado cansado también puede quedarse en casa. Y quien vota exclusivamente para impedir una victoria ajena no necesariamente recupera la confianza en quien recibe su papeleta.
Por eso, el problema es más profundo que una negociación mal resuelta o que la pérdida de unos cuantos escaños. Está en juego la credibilidad de una parte de la izquierda y su capacidad para volver a representar una esperanza política.
Mientras los partidos se ocupan de sus equilibrios internos, los problemas que deberían justificar su existencia siguen ahí. La vivienda se ha convertido en una fuente de angustia para miles de familias y jóvenes. Los salarios, el coste de la vida, los servicios públicos y la inseguridad económica condicionan la vida cotidiana. Hay motivos suficientes para construir una alternativa política ambiciosa, útil y transformadora. Lo que falta no son problemas que abordar ni argumentos para hacerlo. Lo que falta es la sensación de que quienes aspiran a gobernar están a la altura de la responsabilidad que reclaman.
Y no, no basta con invocar el peligro del fascismo cada vez que las cosas se tuercen. La amenaza de un Gobierno de PP y Vox puede ser real y merece una oposición firme. Precisamente por eso resulta tan irresponsable utilizarla como argumento recurrente para exigir sacrificios a los votantes mientras los propios dirigentes se muestran incapaces de hacer los suyos. No se puede pedir a la ciudadanía que anteponga el interés colectivo y actuar después como si cada puesto en una lista fuera una cuestión de principios irrenunciables.
La democracia no obliga a los votantes a renovar indefinidamente su confianza en quienes la han defraudado. Tampoco convierte en aceptable una estrategia por el simple hecho de que la alternativa electoral pueda ser peor. La responsabilidad de frenar a la derecha no puede recaer siempre sobre los mismos, mientras quienes deberían construir una alternativa se reservan el derecho a repetir sus errores sin consecuencias.
Por eso, a estas alturas, me interesa bastante menos escuchar una nueva ronda de explicaciones que saber qué piensan hacer sus protagonistas para asumir las consecuencias de lo ocurrido. No necesito otra reconstrucción interesada de las negociaciones, otra acusación cruzada ni otra promesa de que esta vez sí han aprendido. La credibilidad no se recupera con un comunicado. Se recupera demostrando que se ha entendido el daño causado.
Y eso exige algo más que cambiar unos nombres en las listas o anunciar una nueva marca electoral.
Después del 29 de noviembre, quienes hayan conducido reiteradamente a este espacio a la fragmentación y al descrédito deberían asumir su responsabilidad política y dejar paso. No basta con reconocer que se ha fracasado si ese reconocimiento no tiene consecuencias. Las organizaciones que han convertido la cooperación en una excepción y las disputas internas en una constante deben plantearse seriamente su continuidad en las condiciones actuales. Si para reconstruir una izquierda útil hacen falta la disolución de estructuras agotadas, la renovación de sus liderazgos y la aparición de una generación capaz de trabajar con otras reglas, habrá que afrontar esa posibilidad sin convertirla en un tabú.
Y esta exigencia no se limita a las direcciones nacionales. También alcanza a quienes, en los territorios, han reproducido las mismas dinámicas, han alimentado las mismas desconfianzas o han convertido las candidaturas locales en prolongaciones de sus enfrentamientos particulares y personales. No tendría sentido reclamar una renovación en Madrid y mantener intactos los mecanismos que han provocado el problema en otros lugares y aquí en Jaén sabemos mucho de esto. Si el patrón se repite en las elecciones generales, autonómicas y municipales, la respuesta no puede limitarse a cambiar a los responsables de una sola convocatoria.
No se trata de borrar las diferencias ideológicas ni de fingir que todos los proyectos son iguales. Se trata de dejar de confundir la pluralidad con la incapacidad para cooperar, y la identidad política con el derecho a conservar indefinidamente una organización, un cargo o una cuota de poder. Los partidos son instrumentos. No son el fin último de la política ni una propiedad de quienes los dirigen, ni mucho menos la herramienta para el mantenimiento de un puesto de trabajo.
Y que nadie interprete esto como una invitación a abandonar la política o a resignarse ante la derecha. Es exactamente lo contrario. Es una exigencia dirigida a quienes dicen representar una alternativa: si no sois capaces de construirla, dejad de ocupar el espacio que otros tendrán que reconstruir. Si no podéis cooperar, al menos no pretendáis que vuestra incapacidad es una virtud. Y si volvéis a presentaros a las próximas elecciones municipales con las mismas prácticas, los mismos vetos y las mismas disputas, no esperéis que la ciudadanía vuelva a concederos un crédito que ya habéis agotado.
Porque llegará mayo de 2027 y volverán las apelaciones a la unidad, a la responsabilidad y a la importancia histórica del momento. Volverán los discursos sobre lo que está en juego y las peticiones para que los votantes comprendan, una vez más, que deben hacer un esfuerzo. La pregunta es si alguien habrá entendido que ese esfuerzo también les corresponde a ellos.
No podemos saber si surgirán nuevos liderazgos capaces de reconstruir este espacio ni qué fórmulas organizativas permitirán hacerlo. Pero sí podemos afirmar que repetir las mismas prácticas y confiar en un resultado diferente no es una estrategia: es una forma de irresponsabilidad política.
A estas alturas, no necesitamos que nos expliquen otra vez por qué ha ocurrido. Necesitamos que quienes nos han conducido hasta aquí, quienes han vuelto a provocar este fracaso, asuman las consecuencias y dejen de hacerlo posible, dando pasos a otras personas y a otros escenarios.
La izquierda no puede pedir a sus votantes que salven siempre el proyecto mientras sus dirigentes se niegan a salvarlo de sí mismos.