Los tiempos cambian y nosotros con ellos, aunque podríamos decir mejor que somos nosotros, nuestros comportamientos, los que cambian con el tiempo. Hasta hace bien poco, una de los principales movimientos que se producían en nuestra sociedad era la aparición de "nuevos ricos", aquellas personas que, aún pertenecientes a una clase inferior, subían en la escala social gracias a la reciente adquisición de riqueza. De forma clasista, se denominaba así también, despectivamente, a quien a pesar de su posición económica actuaba de forma vulgar y poco delicada, nada que ver con los "ricos de siempre" y sus "refinados modales". Era la época en la que el ascensor social funcionaba en sentido ascendente y se hacía proselitismo de la meritocracia y el "hacerse a uno mismo" como vía para triunfar en la sociedad.
Pero en los últimos años, algo está cambiando. La expansión de la precariedad laboral y los bajos salarios, en definitiva, de la pobreza, junto con el aumento exponencial del "coste de la vida" (ya que no sólo hablamos de la inflación sino también del desmantelamiento del Estado del Bienestar y los costes que ello supone) han reducido la capacidad económica de una amplia parte de nuestra sociedad, sus opciones sociales y sus perspectivas de futuro. El ascensor ya sólo baja para la gran mayoría de las clases sociales, que ven cómo para ellos se ha convertido en una utopía aquello de "vivir mejor que sus padres".
La falta de seguridad y estabilidad laboral, unida a las remuneraciones más bajas, afecta especialmente a las figuras sociales más frágiles (jóvenes, mujeres, trabajadores de las regiones más desfavorecidas, etc.), amplificando, por consiguiente, una precariedad vital que se convierte en un proceso acumulativo del que no es fácil salir. Así, por ejemplo, hace unos días CC.OO. denunciaba que el "53% de los jienenses no llega o se mantiene con el salario mínimo", a pesar de que la reducción de los costes empresariales permite una mejora de las condiciones de los trabajadores.
Veamos cómo han evolucionado los datos en el conjunto del país. Decíamos hace una semana que mientras los márgenes empresariales habían alcanzado niveles récord, aumentado un 64% entre 2018 y 2023 (121 mil millones de euros más), los salarios han subido solamente un 12% en el mismo periodo, mientras la capacidad adquisitiva ha bajado un 24%, unos 615 euros anuales. Y estamos hablando de salarios medios, cuyo valor está distorsionado por la existencia de salarios muy altos, por lo que la realidad social es mucho más dura. En resumen, hay margen para subir salarios sin riesgo a generar presiones inflacionarias ni pérdidas en los beneficios de las empresas pero no existe hasta el momento voluntad para ello. Y esta decisión está condicionando nuestra sociedad.
Bajo estas condiciones se está llegando a crear una nueva figura social: los "nuevos pobres". Personas que, a pesar de mantener sus trabajos (o de haber cambiado de empleo pero seguir en activo), han descendido en la escala social por un empeoramiento sustancial de su capacidad económica, afectada por la precariedad laboral y salarial y la inflación. Estos nuevos pobres no tienen las mismas características que los "antiguos": haber estudiado en la Universidad, tener trabajo y vivir en un país donde la economía crece ya no suponen un antídoto contra la precariedad. Además, tener hijos y la necesidad de acceder a una vivienda (por no haberla heredado) añaden una carga muchas veces insoportable.
Más datos: en los últimos 10 años, el crecimiento en un 16,4% del PIB per capita en España ha ido acompañado de un aumento hasta el 20,4% en la tasa de pobreza, casi 10 millones de pobres. De ellos, casi un tercio cuenta con un empleo remunerado y 2 millones tienen estudios superiores. Se trata de un nuevo problema estructural, según el cual no es que no haya trabajo, sino que el trabajo ya no garantiza los niveles de movilidad social que vivieron nuestros padres, lo que condena a la juventud a un enorme choque entre sus expectativas, las que le hemos creado, y la realidad.
Además, progresivamente el problema va avanzando y alcanza a sectores que antes representaban ejemplos paradigmáticos del ascenso social. Por ejemplo, la sanidad y la educación, especialmente la universitaria. La precariedad, años de empleos pobres y sobreexplotados, de contratos míseros y jornadas aniquiladoras, se han convertido en la norma. Y aquí encontramos otro motivo: el modelo privatizador parasita el sistema público, nuestros derechos como ciudadanos, pero también parasita al empleado público, al trabajador que antes enfrentaba un proceso de selección para empleado público como una oportunidad y ahora lo hace como más de lo mismo. Tenemos un déficit histórico de profesionales en la sanidad y en la educación y el motivo principal es que deben de emigrar a regiones o países donde les pagan mejor o tienen más posibilidades de desarrollar su carrera profesional. Son nuevos pobres y eso también nos resulta caro a todos.
La viabilidad de las privatizaciones que sufrimos, por ejemplo en Sanidad y Educación, descansa sobre el secuestro de recursos públicos, la generación de sobrecostes y de nuevas necesidades de servicio ficticias y la reducción y empeoramiento del servicio al usuario. Pero también se maximizan los beneficios empresariales a costa de la precariedad laboral y la explotación de los trabajadores. Esta semana, hemos sabido que en España casi 850 mil ciudadanos están en lista de espera para ser operados en la sanidad pública, el peor dato desde que hay registros. En Andalucía, y por mucho que intente esconderlo el PP, esta actualización de las listas sanitarias nos sitúa al borde del abismo: más de 200 mil personas en espera para operarse y una demora media de 174 días, 40 días más que en diciembre de 2022. Y ello a pesar del enésimo plan de choque, que ha supuesto 283 millones de euros para aligerar con urgencia las listas de espera.
La estrategia económica del Moreno Bonilla se refleja en que Andalucía es la segunda comunidad con menor presión fiscal y también la que menos invierte por persona en sus presupuestos, un 15% de la media nacional. Es decir, reducir impuestos a unos cuantos a costa de reducir servicios a la mayoría, y eso a pesar de que cada nuevo presupuesto aumenta su cuantía, con un pequeño truco: mientras las partidas destinadas a inversiones en servicios públicos están estancadas, los conciertos con empresas privadas tanto en la educación como en la sanidad se han disparado. Si ya el PSOE comenzó con las privatizaciones en áreas de la salud que podrían entenderse como auxiliares, en tareas menos visibles y menos valoradas socialmente (limpieza, cocina, comedores, atención telefónica, etc.), el PP ha continuado la precarización de las condiciones laborales de otras profesiones y servicios, para así abrir a las empresas privadas todas aquellas áreas que puedan resultar rentables (pruebas diagnósticas, consultas de especialidades, quirófanos, etc.)
Y la consecuencia última, que sufrimos todos, es que el sistema público se desmorona por falta de profesionales. Esta queja, que se la escucharán también a nuestras paisanas a cargo de la Consejería de Sanidad, es la excusa para aumentar los conciertos privados, escondiendo que se trata de una decisión política. Precarizamos para ahorrar y para desmantelar lo público, justificando así los conciertos y traspasar dinero a la sanidad privada, que para aumentar beneficios, precarizará más todavía. Se cierra así un círculo perverso, de ciudadanos con pobres servicios públicos atendidos por profesionales pobres. Nuestros nuevos pobres.