El derecho a abortar en Jaén o el sueño de lo imposible

Aunque no se trata de un derecho fundamental, consagrado expresamente en nuestra Constitución, no hay duda de que la mujer que desea interrumpir su embarazo, cuenta con un derecho garantizado legalmente en España. Dentro de un espacio de tiempo determinado o por las causas concretas que ya se despenalizaron hace años, se le ha otorgado una libertad que deriva directamente de la dignidad y de otros derechos reconocidos en nuestra Constitución.

Sorprende de este modo y una vez más Jaén; si bien en este caso no por la falta de atención de los poderes públicos, de uno y otro signo, y de uno u otro nivel de gobierno, para con el desarrollo y progreso de esta tierra. Ahora llamamos la atención del resto del país porque las mujeres de esta provincia no pueden ejercitar ese derecho y tienen que desplazarse a otras en las que parece que existen médicos dispuestos a favorecer una decisión siempre difícil para cualquiera de ellas.

No se entiende bien la causa de un problema que no debería producirse en ningún caso, si las autoridades sanitarias de la provincia cumplieran con una ley que les impone la obligación de proporcionar una prestación pública como esta, en la que está comprometidos la libertad de la mujer y sus derechos como persona; y hacerlo además en el lugar más cercano a su residencia.

Tampoco comprendemos que no haya ningún médico, en algún hospital público de Jaén, que esté dispuesto a practicar un aborto legal, renunciando a por tanto a objetar motivos de conciencia; derecho igualmente amparado por la Constitución.

Quizás la pasividad de la Administración sanitaria, o la mentalidad “negacionista” en este tema de los facultativos, no sea sino el reflejo de una cultura conservadora y obsoleta que todavía resiste en buena parte de la propia sociedad giennense. Esta vez no se le puede echar la culpa del atraso –ideológico- a la historia conformista y complaciente de los responsables políticos. La raíz del problema tiene que ver seguramente con esa constante y latente resistencia de nuestra comunidad a admitir los cambios y la evolución en las tradiciones culturales y las concepciones religiosas.

En una sociedad todavía anclada en una especie de tradicionalismo y el victimismo provincialista, se encuentra el mejor pretexto para eludir, colectivamente, la necesidad de superar arcanos prejuicios e ideologías inadaptadas a una realidad en permanente estado de trasformación.

Todavía hay aquí jóvenes que tienen que esconderse en los “armarios” para evitar el rechazo o la estigmatización social, cuando no la homofobia explícita de quienes no aceptan la normalidad de unas relaciones homosexuales; su única forma de liberarse de esta presión, mayoritaria y cultural, es emigrar a otras ciudades más abiertas y tolerantes.
Todavía, según parece, hay mujeres que deben salir de esta tierra no sólo porque no se les proporciona lo que es un derecho necesario para su dignidad y condición humanas, sino también por que corren el peligro de ser culpabilizadas socialmente por ejercerlo.