Asisto como muchos al funeral del Tribunal Constitucional. Sinceramente no sé qué voy a explicarles a mis alumnos de la facultad, cuando en una clase de Derecho Constitucional intente explicarles lo que significan algunos principios básicos de nuestra norma fundamental.
Me refiero a la Constitución auténtica, y no a la que manosea y manipula la derecha política de este país; los mismos que practican una hipocresía institucionalizada en una parte de los representantes del Poder Judicial en el Consejo General del Poder Judicial, y en esos magistrados al borde de la prevaricación del Tribunal Constitucional. Por supuesto que todo esto tiene un origen. Lo decía el otro día un ilustre jurista, el profesor De la Quadra Salcedo; todo esto tiene parte de la incapacidad del Partido Popular y la extrema derecha –hay que identificar a los verdaderos responsables- para aceptar unas reglas de juego que ellos mismos han utilizado cuando les interesaba y tenían las mayorías parlamentarias a su favor.
El punto de partida de todo esto hay que buscarlo en la actitud de quienes consideran que una parte de la ciudadanía no tiene derecho a ejercer el poder político, cuando le toca y es resultado de la mayoría que emerge de unas elecciones libres.
No me siento de ningún modo cercano a esos vampiros de la democracia, los bolivarianos en los que, al parecer, se han convertido millones de españoles por votar a una formación política que dice representar sus intereses. Para la derecha política y sus valedores mediáticos estos no son ciudadanos de pleno derecho, porque su voto no vale lo mismo que el de sus electores.
Hay muchas cuestiones técnicas, y por supuesto errores de un Gobierno, y su mayoría en las Cortes, que decide atajar las vías parlamentarias que requiere una decisión que debería adoptarse con las formalidades acordes con la relevancia del tema. Me refiero obviamente al método de renovación de determinados órganos constitucionales. Cierto, y no es recibo tanta negligencia.
Pero el problema es mucho peor cuando se trata de que esos mismos órganos están “okupados” de forma ilegítima por los que carecen de vergüenza y moral para abandonar el poder que ejercen desde hace tiempo sin derecho a hacerlo; en contra de la voluntad de los representantes del pueblo soberano que los designaron.
Realmente tengo una sensación extraña. La decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la actividad y prohibir la acción del Parlamento me hace revivir algunas emociones de juventud. Aunque sin paralelismos exactos, pero lo cierto es que me recuerda a otros tiempos en los que, desde las aulas de la universidad, nos enfrentábamos a la intolerancia de algunos nostálgicos del Franquismo. Porque en el fondo, cuando se trata de democracia, los pensamientos se convierten en puro sentimiento en favor de aquello que consideramos intocable. Que no es otra cosa que esa Constitución, la nuestra y no la de quienes se ponen la medalla con su rostro; la misma Constitución que no admite interpretaciones con las cuales se intenta recortar el poder de la soberanía popular.