Vaya por delante y a modo de confesión por anticipado que soy de aquellos constitucionalistas a favor de la amnistía. Lo digo desde el oficio que me ocupa desde hace más de cuarenta años, y no como aquellos que se ponen todas las mañanas una medalla con la que intentar adoctrinar a las masas.
Así que, desde esta posición jurídica y personal (no dejo de ser un ciudadano de pie con mis propias convicciones), quiero manifestar mi frontal oposición a la última resolución del Tribunal Supremo, en la que ha decidido suplantar al Parlamento en la función que este tiene de crear derecho en nombre y representación de la soberanía popular. Que es lo mismo que decir una falta de respeto, burda y total, a quienes somos sus titulares. Una ciudadanía, o la mayoría de ella, que asiste con perplejidad a “la toma del Congreso” por los togados superiores del Poder Judicial.
Aquellos que tan dignamente reaccionan ante cualquier opinión que consideran una afrenta a su independencia, han decidido abandonar ahora la necesaria imparcialidad y neutralidad política que exige el ejercicio de ese enorme poder que el pueblo y el Estado les otorga en la Constitución.
Reza esta última de forma muy diáfana, que “la justicia emana del pueblo” (artículo 117) , pero lo que ha hecho el Tribunal Supremo no es esto, como tampoco “administrar justicia” ni someterse “al imperio de la ley” . Es obvio que no, cuando decide crear por sí mismo, y de manera completamente arbitraria, la norma que tienen que aplicar, con el objetivo expreso de evitar conceder el perdón, bloqueando la ley que los legítimos representantes de aquel pueblo han decidido aprobar para ejercer ese “derecho de gracia “ que contempla nuestra Constitución (artículo 62).
El juez no crea la ley. Esto me parece que debieron aprenderlo en la Escuela Judicial quienes forman parte del más alto órgano de la judicatura en España. Seguro que se lo enseñaron, pero ahora no quieren aplicar esta regla máxima que garantiza la separación de poderes; ese principio que tanto invocan, aclamados por una parte de la clase política de este país (no es necesario aclarar a quienes me refiero), sólo para ganar los votos que les faltan para llegar al poder.
Porque, en efecto, la separación de poder debe medirse desde todas las perspectivas. También desde aquella que debería impedir que un tribunal tan supremo como este pueda violar una máxima esencial en Democracia (con mayúscula).
Pero esta es una historia que sólo podemos entender los que nos resulta incomprensible esta politización de la justicia, aunque esta vez sea obra de los propios jueces y magistrados que se sientan en sus tribunales.