Canal Sur, ese oscuro objeto del deseo

En la última edición de los Premios Andalucía de Periodismo, Juan Manuel Moreno Bonilla hizo una defensa a ultranza del periodismo como pieza clave para “documentar el día a día de la realidad inexplicable y extraordinaria de Andalucía”, lanzando una petición a los periodistas: “Opinad, escribid, criticad, expresad con libertad, ayudadnos a ser mejores gobernantes, mejores gestores, mejores personas”. La reflexión del dirigente andaluz, inicialmente celebrada por el gremio, es puro cinismo si ponemos el foco en la televisión pública andaluza y comprobamos cómo los informativos son una constante loa a su gestión, donde no cabe la crítica a su gobierno pero sí se da pábulo a la censura, a las fake news, mientras ignora las reiteradas llamadas del Consejo Profesional de Canal Sur (órgano que representa a los profesionales de la cadena pública) denunciando las constantes intromisiones políticas de su gobierno. Lo que no dice el presidente andaluz es que esa falta de independencia afecta gravemente al pluralismo y, como consecuencia, a los fundamentos mismos de la democracia y al ejercicio responsable y libre de unos profesionales que lidian a diario con las presiones de sus superiores. Recientemente, la Comisión de Arbitrajes, Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) dejó en evidencia la independencia de la televisión pública andaluza al dictaminar que la Dirección de Informativos de Canal Sur TV vulneró el código deontológico cuando trataba de desmentir supuestas fake news relacionadas con la polémica proposición de ley de ampliación de los regadíos junto a Doñana. El dictamen decía que la pieza informativa resultaba “incompleta, carente de la fundamentación y atribución propias de una información periodística rigurosa, elaborada sin atender a la necesaria contrastación de las afirmaciones y a la pluralidad de puntos de vista acordes a la complejidad de la cuestión en juego y sin dar oportunidad de manifestarse a quienes, sin citarlos, se les atribuye la condición de difusores de bulos”. A la vista de lo sucedido, habrá que recordar lo obvio, y es que una televisión pública ha de ser útil a la sociedad no a un gobierno u otro. Una televisión pública o es de todos o no es pública de verdad. No se pueden imponer líneas editoriales y mucho menos que éstas coincidan con las de un partido político. La línea editorial de un medio público obliga a respetar la pluralidad y la diversidad de voces, a comprobar los hechos con rigor y no contribuir a la desinformación, todo lo demás es pura manipulación y una violación del derecho a la información.