El dúo formado por Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso está en plena ebullición a un mes escaso de las elecciones del 28 de mayo. Los dos líderes de la derecha han hecho suya la célebre frase “la calle es mía”, del que fuera ex ministro de Franco, Manuel Fraga Iribarne. En esta ocasión no es la calle, es el país. España es de su uso exclusivo; el resto son “okupas” a los que hay que desalojar de unas instituciones en las que ellos tienen pleno derecho de admisión. Almeida (alcalde de Madrid) llama "okupa" a un ministro del Gobierno de España por acudir a los actos del Día de la Comunidad de Madrid. La jefa de protocolo de Ayuso, con actitud chulesca, veta al ministro: “bajo ningún concepto” puede estar presente en la tribuna de autoridades que preside el desfile del Dos de Mayo. Quién se ha creído que es Félix Bolaños para presentarse en un acto (del PP) al que no ha sido invitado, argumentan desde el PP; aunque el ministro sí había solicitado asistir al acto como invitado. La “mastresa” madrileña en su carrera por asumir el liderazgo de la derecha y extrema derecha escenificó su poderío frente al Gobierno de la nación y frente al líder de su propio partido. Dejó claro que va de máxima autoridad de este país. Y bajo esa premisa, cualquier actuación es válida cuando crees que el poder es tuyo y te pertenece. Pero el fatídico 2 de Mayo dio mucho más juego. “El País” nos desvelaba el encuentro que mantuvo, en días pasados, el presidente del PP con fiscales conservadores. Durante la citada reunión algunos de sus miembros pidieron el voto para el PP, cuestionaron los procesos electorales en los que interviene Indra, llamaron "filoetarras" a partidos con representación en el Congreso e hicieron, en general, una demostración de su poder patrio. A cambio, Feijóo se comprometió a evitar la “ocupación” política de las instituciones del Estado, además de acometer una contrarreforma urgente si gobierna. ¿Puede haber algo más antidemocrático que no respetar ni acatar el resultado de las urnas y conspirar con miembros de un poder del Estado para ir contra un Gobierno que sí representa la soberanía popular? Pues sí, existe un poder que de manera sibilina se niega a compartir esa autoridad. Un poder en manos de políticos, representantes de la judicatura, empresarios y medios de comunicación unidos por un objetivo común y no democrático: derogar el sanchismo; es decir, abolir las reformas legales progresistas de este Gobierno, mientras mantiene el bloqueo del CGPJ. Pese al ruido mediático, están convencidos de que la democracia solo existe si gobiernan ellos, aunque para ello recurran a prácticas antidemocráticas propias de otros regímenes. Creen a pie y juntillas eso de “la autoridad soy yo”.
Antonia Merino
Con perspectiva sureñaLa autoridad soy yo
La “mastresa” madrileña en su carrera por asumir el liderazgo de la derecha y extrema derecha escenificó su poderío frente al Gobierno de la nación