Ley mordaza, la promesa incumplida

En octubre de 2015 con Mariano Rajoy en La Moncloa y una mayoría absoluta del PP en el Parlamento se aprobó la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza). Esta reforma comportaba un endurecimiento de su aplicación pero, sobre todo, era un atropello contra libertades básicas de los ciudadanos. La citada reforma se llevó a cabo con Jorge Fernández Díaz al frente del ministerio de Interior. Además de condecorar imágenes religiosas, este ultracatólico catalán dejó tras de sí un reguero de escándalos: la creación de la policía patriótica, la fabricación de investigaciones contra los independentistas catalanes y Podemos, filtraciones y grabaciones ilegales... En teoría solo el PP defendía esta norma coercitiva, arbitraria e intimidatoria tanto para periodistas como para ciudadanos, no en vano era “su” ley y con ella pretendía silenciar a un pueblo descontento y cada día más indignado. La realidad es que cuando queda algo menos de un año para las elecciones generales, la promesa de PSOE y Unidas Podemos de derogar esta Ley se ha ido al garete y la norma sigue vigente. A no ser que el Gobierno y sus socios de investidura lleguen a un acuerdo en los próximos meses, la Ley Mordaza seguirá vivita y coleando al menos hasta el inicio de la próxima legislatura, en 2024. Una oportunidad perdida y una muy mala noticia para nuestra salud democrática, mientras el reguero de multas y sanciones irá engrosando las arcas del Estado. Sin entrar en consideraciones sobre si las cifras son más o menos escandalosas, lo cierto es que ahora es más complicado salir a la calle a protestar y reclamar derechos. Basta recordar el trato policial dispensado, por ejemplo, a los manifestantes gaditanos durante la huelga del metal en noviembre de 2021 (sí, de izquierdas), duramente reprimidos, y a los manifestantes negacionistas del barrio de Salamanca de Madrid en mayo de 2020 (sí, de derechas), amistosamente tolerados. Los efectos de la ley están siendo también especialmente negativos para la libertad de expresión. ¿Se acuerdan de aquéllos dos titiriteros que entraron en prisión y a los qué se les aplicó el delito de exaltación de terrorismo e incitación al odio? Lo más grave de aquel asunto es que quien aplicó la ley no llegó a ver la obra que representaban, el juicio se sustentó solo en referencias. Ni siquiera un premio Pulitzer como Javier Bauluz pudo escapar de las garras de la Ley Mordaza. Parece evidente es que esta reforma no se hizo pensando en proteger a los ciudadanos sino en proteger al poder; un bozal a medida. En cuanto al Gobierno y a sus socios, que cuenten las milongas que quieran, pero queda demostrado que aquella promesa era falsa y que están permitiendo que siga vigente una ley que menoscaba derechos y libertades. No es suya, pero que bien les viene.