Líneas rojas

“[La izquierda] quiere convertir los centros de salud en sedes electorales. Cada vez se ve de manera más recurrente como en algunos centros de salud, no en todos, ya empieza a haber mucha tensión [porque] utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro. No cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos…”. Cito palabras textuales de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La mujer que quiere moverle el sillón al presidente de su partido, Pablo Casado; que se compromete con la extrema derecha a reforma "aspectos puntuales” de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social para cambiar la ley LGTBI. La mujer que ofrece colegios madrileños a los niños catalanes que quieran estudiar en castellano, mientras da la espalda a los 1.800 menores que viven en una situación de pobreza extrema en el poblado de la Cañada Real. Claro que unos son un caladero de votos para sus aspiraciones políticas y los otros ni suman ni restan, por lo que simplemente ignora sus necesidades. Así es ella, capaz de arremeter contra el Papa o desaconsejar a las residencias, en los primeros meses de la pandemia, para que no derivasen a los ancianos a los hospitales de la región, excepto a aquellos que tenían un seguro privado. De verborrea simplona e insultona, Díaz Ayuso ha puesto en la diana a los profesionales de los centros de atención primaria. Los responsabiliza de una situación explosiva que se está viviendo en estos centros de salud por culpa de la variante Omicron. Los mismos que se jugaron la vida en la primera ola de la Covid’19 y a los que aplaudió por su labor y entrega, los culpa ahora del caos que se vive en estos días previos a la Navidad con un virus totalmente descontrolado y la mejor manera que tiene de eludir sus responsabilidades es anunciando una investigación por “el trato” que dan a los ciudadanos. Así es la dirigente popular que con sus palabras se retrata sin miramientos ni escrúpulos ideológicos. Su apuesta es clara, desmantelar el estado del bienestar favoreciendo la privatización de servicios públicos básicos como la sanidad y la educación con el señuelo de la bajada de impuestos. Y su gestión, ideología al margen, es un desastre, aunque todavía haya quien la defienda por afinidad ideológica e incluso quien recurre a esa simpleza de “manifiestamente mejorable”. En apariencia no da la talla y no tiene reparos en sobrepasar las líneas rojas que cualquier gobernante sensato respeta; la duda está en descifrar si es una marioneta en manos de otros o por el contrario es dueña de sus actos y declaraciones. Aún así y en cualquiera de esos supuestos no puede eludir su responsabilidad y sus ataques a los sanitarios no deberían salirle gratis.