El plan privatizador de la sanidad andaluza avanza a la velocidad de crucero por mucho que Moreno Bonilla y los suyos traten de negarlo; por mucho que culpabilicen a los catalanes de los males que nos acechan nuestro sistema de salud está en caída libre. Somos la cuarta comunidad autónoma con mayor grado de privatización sanitaria, sólo nos adelantan Madrid, Baleares y Cataluña, según el estudio 'La Privatización Sanitaria en las Comunidades Autónomas 2024', de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). En 2019, según este estudio, éramos la tercera con la privatización sanitaria más reducida, sólo por detrás de Extremadura (la que menos) y Castilla-La Mancha. En 2014, cinco años antes, éramos la quinta con el grado de privatización más bajo, por detrás de Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura (la más baja). Aunque algunos se rasguen la vestidura, ésta ha sido la tónica general de los gobiernos autonómicos del PP allá donde ha tenido y tiene bastón de mando. Que nadie se llame a engaño, cuando el PP de Aznar llega a Moncloa abre de par en par la puerta a las privatizaciones de la sanidad pública, y se intensifica con las políticas de austeridad impuestas tras la gran crisis de 2008. Lo vemos en la comunidad de Madrid, lo hemos visto en la comunidad valenciana e incluso en Galicia. Los pasos siempre son los mismos: un deterioro paulatino de la sanidad pública, que conlleva un desplazamiento creciente de recursos públicos hacia el sector privado convirtiendo la salud de los ciudadanos en el jugoso negocio de unos pocos en detrimento de un sistema de salud, que empieza a ser cada vez menos universal, menos equitativa, de menor calidad y poco eficiente. El proceso es sencillo: se baja el peso del gasto en la pública, en estos momentos es el más bajo por habitante de todo el país, a la vez que sube el de la privada, crecen los conciertos (a dedo) con empresas sanitarias para operaciones y pruebas médicas que se pagan con el presupuesto de la Junta. Este “modus operandi” no es nuevo, su partido lo lleva realizando desde que Esperanza Aguirre llegó a la comunidad de Madrid. Desde entonces, la privatización de los servicios públicos ha sido una constante de los gobiernos del PP, como también ha sido una constante arremeter contra el adversario cuando el descontento popular comienza hacer mella en las encuestas. Ahora, como no podía ser de otra forma, Cataluña es el comodín recurrente para tapar una desastrosa gestión sanitaria. Y ahí aparece Moreno Bonilla enarbolando la bandera de la “solidaridad” e “igualdad” entre territorios (somos la comunidad que más depende de la denominada “solidaridad interterritorial”, recibiendo de media anual 6.100 millones de euros, según los datos de FEDEA), mientras sus políticas fiscales son cualquier cosa menos solidarias al propiciar medidas que benefician especialmente a las rentas más altas, al tiempo que las mismas están haciendo mella en la sanidad andaluza. Como bien dice un dirigente popular, la sanidad es como una compañía aérea, “si viajas en business no tienes que esperar, si vas en turista tienes que hacer cola”. Al menos algunos van de frente. En Andalucía, en cambio, se está llevando a cabo un acelerado proceso de privatización de la sanidad pública diciendo que se hace lo contrario.
Antonia Merino
Con perspectiva sureñaY así se “ceba” a la sanidad privada
La privatización de los servicios públicos ha sido una constante de los gobiernos del PP