Si la crisis de la multinacional sevillana de la ingeniería y las energías renovables Abengoa hubiera estallado en los años comprendidos entre 1990 y 2008, el Gobierno de Andalucía hubiera intentando rescatarla, y no necesariamente porque pensara que esa era su obligación, sino porque no habría podido no hacerlo.
Hasta el estallido de la crisis financiera internacional provocada por la insaciable codicia de la banca y la escandalosa permisividad de las instituciones encargadas de atarla en corto, se sobreentendía que entre las obligaciones de los gobiernos figuraba la de hacer cuanto estuviera en su mano para evitar el cierre y liquidación de industrias estratégicas para el país o el territorio de su competencia.
El pensamiento hegemónico de entonces en esta materia ha cambiado drásticamente: los selectos ejércitos neoliberales han vencido a la armada socialdemócrata en la batalla de las ideas económicas. Ahora, no hay gobierno que se sienta obligado a intervenir para evitar el desmantelamiento industrial de una comarca. Ni tampoco hay opinión pública que se lo reclame.
Ni el Gobierno conservador de Moreno Bonilla de 2022 es el Gobierno socialista de Manuel Chaves de 1995 ni Abengoa es Santana. El marco mental de entonces era: “Ni se te ocurra, Manuel Chaves, no involucrarte en la crisis de Santana”; el marco mental de ahora es: “Ni se te ocurra, Juanma Moreno, poner un céntimo para salvar lo que queda de Abengoa”.
Aunque es cierto también que los ‘santaneros’ de cuello azul de Linares y La Carolina poco tenían en común con los titulados, ingenieros, asistentes y operarios de cuello blanco de la multinacional fundada por los Benjumea: la fuerte cultura sindical y obrera de aquellos los legitimaba a cortar carreteras y, si era preciso, paralizar la comarca en defensa de sus empleos; la ausencia de sindicatos de clase y el acusado individualismo laboral que reina hoy en compañías como Abengoa hace inimaginable que a su plantilla se le pase siquiera por la cabeza cortar cinco minutos la avenida de la Constitución de Sevilla, y no digamos quemar media docena de neumáticos a las puertas del palacio de San Telmo. Los tiempos han cambiado y no precisamente en favor de los trabajadores.
A partir de 1995 en que la Junta se hizo con su control accionarial, Santana se convirtió en una empresa de capital público… y en un agujero negro donde los cuantiosos fondos públicos destinados a reflotarla no lograron su propósito. En los difíciles años previos a aquel 1995 tampoco sindicatos ni trabajadores, demasiado acomodados todavía en esas fechas, quisieron tomar conciencia de la pavorosa envergadura de la crisis de la compañía ni, en consecuencia, someterse a los severos sacrificios salariales que la situación requería. Que los sindicatos tengan un poder desmedido es malo, sin duda, pero que no tengan absolutamente ningún poder porque la empresa lo tiene todo es muchísimo peor, como demasiado bien saben hoy los empleados de Abengoa.
Ciertamente, la estrategia de reindustrialización de la comarca de Linares, en la que políticos como Gaspar Zarrías o Francisco Vallejo comprometieron sin reservas toda su influencia, su energía y su talento, acabó en fracaso. No era una novedad. Los procesos de reindustrialización suelen más bien fracasar: sucedió en Linares, pero también en Asturias, en León, en el cinturón del óxido de Chicago o Detroit, en el condado inglés de Yorkshire…
No se plantea aquí, por tanto, que Moreno copie con Abengoa la estrategia fallida de Chaves con Santana –fallida, por cierto, en la asignatura de reindustrializar pero no en la de amparar a los trabajadores–: lo que se plantea, dicho en términos castizos, es que ni tanto ni tan calvo. Que el Gobierno autonómico no ha movido un dedo para ayudar a Abengoa es un reproche que tal vez pueda extenderse también al Gobierno de España, pero de lo que se trata ahora es de dejar constancia de un doble y llamativo contraste, uno político y otro laboral: el primer contraste es el que existe entre lo que Chaves tenía que hacer, le gustara o no, en los años 90 con Santana y lo que ahora no ha tenido que hacer Moreno –ni nadie le ha exigido que lo haga– con Abengoa; el segundo contraste es el que existe entre la enérgica movilización de la plantilla de Linares en defensa de sus empleos y la desoladora pasividad de la de Abengoa en defensa de los suyos.
Auxiliado, pues, por una parte por la tesis triunfante de que los gobiernos deben inhibirse ante las crisis industriales y, por otra, por la docilidad laboral propia de las empresas sin sindicatos, el Gobierno del PP ha podido esquivar con donaire torero una patata caliente de Abengoa que en los 90 habría causado quemaduras de primer grado en medio Gobierno socialista.