En el Palacio de San Telmo tienen buenas razones para sentirse inquietos por lo sucedido este jueves en Castilla y León, cuyas Cortes estarán presididas por un político de extrema derecha y cuyo Gobierno, dirigido por el popular Alfonso Fernández Mañueco, tendrá un vicepresidente y tres consejeros también de ideología ultra, la misma que en países como Alemania o Francia está sometida a severo cordón sanitario por parte de la derecha democrática.
Castilla y León amenaza la ‘moderación’ de Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien le costará no poco conservar intacta su imagen de político templado y dialogante si antes de no declara de modo inequívoco que, al contrario que Mañueco, él no gobernará con Vox. Como quedó evidenciado nuevamente ayer, durante la sesión de control en el Parlamento, el líder andaluz no declarará tal cosa: hacerlo sería ponerse una soga al cuello; el presidente no olvida que, según todas las encuestas, su única salvación está en Vox.
Sin los ultras, Moreno no podrá gobernar cuatro años más. Gracias a ellos es hoy presidente merced a un acuerdo parlamentario conquistado a un precio bastante asequible para el PP; ese precio está, sin embargo, condenado a dispararse si Macarena Olona se convierte en la próxima vicepresidenta de la Junta.
En las generales de noviembre de 2019 Vox logró en Andalucía 870.000 votos (un 20,61 por ciento), frente a los 877.000 del PP (un 20,78 por ciento). Prácticamente un empate. En Castilla y León logró en aquellas legislativas 230.000 votos (un 16,8 por ciento), que en las autonómicas del pasado 13 de febrero bajaron a 212.000 papeletas pero equivalentes a un 17,64 por ciento, debido a la merma de la participación.
Es decir, la verdadera pauta del comportamiento electoral de Vox en Castilla y León no la han marcado las autonómicas de la primavera de 2019 –75.000 votos y un raquítico 5,5 por ciento– sino las generales de noviembre de ese año. De la misma manera, cabe pensar que la pauta ultra en Andalucía la marque también el resultado de las generales de noviembre de 2019 (20,61 por ciento) y no el obtenido en las autonómicas de diciembre de 2018 (10,97 por ciento).
El último Barómetro de Andalucía, la encuesta institucional referida a autonómicas que gestiona la Consejería de Presidencia, otorgaba en diciembre pasado a Vox prácticamente el mismo resultado que en 2018: un 10,9 por ciento y entre 12 y 13 diputados. ¿El 20 por ciento de 2019 en las generales se quedaría en la mitad en unas autonómicas en 2022? Es posible pero no probable, sobre todo considerando que los encuestadores estiman a la baja las simpatías electorales de Vox. Sería la primera vez en la historia electoral andaluza que un partido de alcance nacional obtenía resultados tan dispares –¡casi 10 puntos!– según se trate de generales o de autonómicas.
Ese mismo Barómetro se mostraba pródigo con el PP: un 35,1 por ciento de los votos y 44-46 escaños, muy lejos de la encuesta de Deimos Estadística publicada por el digital Vozpópuli el pasado 28 de Febrero: un 32,5 por ciento y 38-41 escaños para el PP, pero un 20,02 por ciento y 23-24 escaños para Vox, es decir, un resultado muy parejo al obtenido por el partido ultra en Andalucía en las generales del 10-N.
Los resultados electorales del 13 de febrero en Castilla y León han dejado, entre otras, esta enseñanza: las encuestas vienen atribuyendo a Vox un porcentaje de votos sensiblemente inferior al que luego contabilizan las urnas. Conviene retener esta circunstancia porque será de relevancia para los partidos a la hora de diseñar su campaña de las autonómicas andaluzas, cuya fecha todavía no ha sido fijada por el presidente Juan Manuel Moreno.
Comparemos sucintamente lo ocurrido en Castilla y León con lo que las encuestas decían que iba a ocurrir. Con una participación cercana al 65 por ciento, esto les ocurrió a PP y Vox el 13-F y esto auguraban los sondeos, según el promedio calculado por medios tan solventes como El País o La Vanguardia:
El 13-F PP obtuvo 31 diputados, 379.000 votos y un 31,43 por ciento. El CIS en particular le otorgaba un 29,7 por ciento y el promedio sondeos un 36,1, casi 5 puntos más de los obtenidos finalmente.
En cambio, ese día Vox obtuvo 13 diputados, 212.600 votos y 17,64 por ciento. Según el CIS solo iba a lograr un 11 por ciento y según el promedio sondeos un 13 por ciento, casi 5 puntos por debajo del resultado real. (Atendiendo a la amplitud de las horquillas, poco fiables cuando hay tantas circunscripciones y tan pocos votos en juego en algunas de ellas, no se incluye la proyección de escaños que ofrecían las encuestas).
Digan lo que digan los sondeos, Castilla y León ha demostrado que el futuro no está escrito. De hecho, Moreno Bonilla no renuncia a repetir en Andalucía la hazaña lograda por Ayuso en Madrid, donde el extraordinario resultado del PP neutralizó a Vox.
El escenario que hoy presagian las encuestas andaluzas está, ciertamente, más cerca de Castilla y León que de Madrid, pero, como decía ayer el presidente en el Parlamento, “lo que ocurra en una comunidad no tiene por qué ocurrir en otra”.
La otra derivada de la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León es qué efecto tendrá ese hecho en el electorado de izquierdas, fuertemente abstencionista en las autonómicas de 2018 pero no así en las generales de 2019.
Con una Susana Díaz en declive y un partido dramáticamente dividido, en 2018 los socialistas se quedaron ligeramente por debajo del 28 por ciento (algo más de un millón de votos), pero un año después, en las legislativas del 10-N sumaron un 33,76 por ciento y 1,4 millones de votos. La participación también fue muy dispar: apenas un 56 por ciento en las autonómicas y un 66 en las generales.
La amenaza de Vox puede sin favorecer la participación del votante de izquierdas, es cierto, pero el PSOE de Juan Espadas, el Unidas Podemos de no se sabe quién, el Adelante de Teres Rodríguez y el Andaluces Levantaos de Esperanza Gómez tendrán que hacer mucho más que tremolar el espantajo de la ultraderecha para convencer a los suyos de que ese día vayan a las urnas.