Régimen Abierto

Antonio Avendaño

El Constitucional me da la razón

Transcurridos desde el fallo del Supremo 24 meses, 18 de ellos con varios condenados entre rejas, el TC hace por fin justicia en el caso ERE

 El Constitucional me da la razón

Tribunal Constitucional

Hoy voy a abusar de la paciencia del improbable lector acudiendo al indecoroso vicio de citarme a mí mismo. Podría alegar en mi defensa que lo hago por una buena causa, pero obviamente el móvil primero es la vanidad: para una vez que alguien tan importante como el Tribunal Constitucional me da la razón, sería un hipócrita ejercicio de falsa modestia no airear un éxito que, ya hablando más en serio, no es mío sino de las defensas y de los políticos socialistas condenados por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE.

A la espera de la sentencia que el alto tribunal habría de dictar unas semanas después, el 6 de mayo de 2022 escribí en estas mismas páginas de ExtraJaén un artículo titulado ‘Zarrías y Vallejo son dos políticos honorables’ en el que auguraba esto: “Si el Tribunal Supremo ratifica la mayoría de las severísimas condenas dictadas por la Audiencia de Sevilla contra 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza política de los ERE, podrá afirmarse que se ha aplicado la ley pero no que se ha hecho justicia”.

Transcurridos 24 meses, 18 de ellos con los condenados por malversación confinados entre rejas, el Constitucional está haciendo justicia, aunque el Partido Popular se haya apresurado a negar al tribunal de garantías una legitimidad que para la derecha solo está vigente cuando la institución que vela por el respeto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a los principios fundamentales consagrados en la carta magna tiene mayoría conservadora. La ley general que rige en Génova 13 podría enunciarse así: “Si sale cara gana yo y si sale cruz pierdes tú”. El TC está anulando una tras otra no solo las condenas por prevaricación sino también las condenas por malversación, que conllevan pena de cárcel. Los condenados ya han empezado a volver a casa. Para ellos debe ser algo así como regresar de entre los muertos.



Recordaba en aquel artículo que Gaspar Zarrías y Francisco Vallejo, dos de los políticos jiennenses con mayor empuje y talento de las últimas décadas, se habían sentido durante el prolongadísimo proceso penal, al igual que el resto de condenados, como “aquel ciudadano K. de ‘El proceso’, que nunca llegó a saber qué delito había cometido para ser procesado y finalmente ajusticiado”. K. nunca supo qué delito había cometido; F. tampoco; G. tampoco...

El Constitucional pincha al fin la burbuja judicial de los ERE: como debió haber sucedido desde un principio, el caso quedará definitivamente acotado al uso ilegal que responsables de la Consejería de Empleo pudieron hacer de una partida perfectamente legal porque así estaba consignada en las sucesivas leyes de presupuestos. Puede que a algunos de los condenados no les sea perdonado el delito de prevaricación, que no conlleva cárcel, pero sería en todo caso por no haber atendido las advertencias y recomendaciones de la Intervención General sobre los flagrantes defectos del procedimiento de concesión de las ayudas, pero no por haber participado en la elaboración de las leyes de presupuestos que aprobaba el Parlamento ni tampoco, como prescribían tales leyes, por haber abonado desde la Consejería de Innovación y la Agencia IDEA las ayudas decididas y ordenadas por la Dirección General de Empleo.

Nada más salir de prisión, hace solo 48 horas, Vallejo repitió lo que tantas veces había dicho sin que, salvo las dos magistradas que firmaron el voto particular contrario a la sentencia del Supremo, los jueces le echaran cuenta: “Es un escándalo que todavía no hayan podido decir de muchos de nosotros que haya una sola prueba que nos incrimine en algo, que estemos aquí simplemente porque hay alguien que intuye que, como era consejero, tenía que saber lo que se hacía en otra consejería. Eso es difícil de explicar”. El exconsejero también se mostró dispuesto a debatir públicamente el caso y la sentencia del TC con quien sea. ¿Recogerá el guante de Vallejo el vicesecretario del PP Elías ‘Bocachancla’ Bendodo, para quien los condenados “robaron 680 millones de los parados andaluces” y para quien su jefe Pedro Sánchez “usa a su antojo el TC” para “pisotear y violentar al Tribunal Supremo”?

Vayamos ya concluyendo por hoy, pero no sin antes reincidir por última vez en el patético pecado de la autocita. Así concluía aquel artículo de dos años atrás:

“Si en la película ‘Ocean’s eleven’ el legendario Danny Ocean urdía el mayor atraco a casinos de la historia de Las Vegas con un equipo de solo 11 hombres, en el ca-so de los ERE un inverosímil Manuel Chaves habría se-guido sus pasos con un equipo de 18 hombres para re-partir a su antojo 680 millones de euros que, para más audacia de los delincuentes, estaban consignados en los Presupuestos que cada año aprobaba el Parla-mento de Andalucía. Ocean y los suyos al menos se ocultaban; Chaves y su banda ni siquiera eso: al parecer se dedicaron durante diez años a delinquir a la vista de todo el mundo, sin lucro personal alguno para ellos y poniendo además por escrito todas sus fechorías. Danny Ocean y su banda eran unos aficionados comparados con el clan de Chaves y sus muchachos”.
Mas basta ya. Acabe aquí la vanagloria: prometo, pa-cientísimo lector, que ha sido esta la primera y última vez que incurra en ella. Como diría nuestro rey emérito, de infausta memoria: “Lo siento mucho, no volverá a ocurrir”.