La tragedia ocurrida el pasado viernes en un establecimiento hostelero madrileño sobrecoge sólo con imaginarla. Un pequeño restaurante convertido en un infierno de llamas que caen desde el techo mientras los clientes y trabajadores intentan huir por una única salida o se refugian en la diminuta cocina. De no haberse producido una intervención tan rápida de bomberos, policía y sanitarios (fruto de la cercanía de un parque de bomberos), las víctimas hubieran sido muchas más.
Conforme se han ido conociendo los detalles de este drama, a todos nos han ido surgiendo las mismas dudas: ¿cómo se realizan pizzas flambeadas sin tomar las suficientes precauciones?; ¿nadie se dio cuenta del riesgo de incendio que suponía esa decoración?; ¿la documentación estaba en regla?; etc. En definitiva, el sentido común nos dice que alguien pudo haber incumplido alguna normativa o no haber sido lo suficientemente celoso en la vigilancia de las medidas de seguridad. Y ese sentido común no está muy errado. Veamos por qué.
No considero apropiado utilizar una tragedia de estas características para hacer críticas "fáciles" o utilizarla de forma ventajista. En este caso, en concreto, se podría hablar de cómo funciona un restaurante, con cocina, utilizando la licencia de bar "sin cocina", concedida al negocio anterior unos años antes. También de que la cadena de restaurantes a la que pertenece el incendiado sea parte de una empresa cuyo administrador único es el hijo de un antiguo concejal de Urbanismo del PP de Navalcarnero. Una de las tantas empresas que posee, con múltiples concesiones públicas en la Comunidad de Madrid, y a cuyo cargo estaba anteriormente su padre, quien tuvo que dimitir por su implicación en las corrupciones de Granados, González, Aguirre, etc. Estos temas, y todas sus implicaciones, son material para el periodismo de investigación.
Incluso, podría hablarse del conocido lema de Ayuso de "libertad y cañas", de lo que esconde y del enorme coste social que provoca, que no nos pilla tan lejos en otras zonas de España. Porque en el fondo se trata de empoderar a un sector económico, permitiéndole cualquier cosa con la excusa de que representa el crecimiento económico, la creación de empleo y que podamos disfrutar "la vida que queremos": cañas y copas para todos, a todas horas y en cualquier lugar. Y se le termina convirtiendo en uno de los sectores con más economía sumergida, con menos control sobre las horas trabajadas, con más incumplimientos de los convenios laborales (porque ya se sabe que es mejor el trabajo peligroso y explotado que el paro), que no entiende de normas y te planta terrazas en la calzada frente a los vecinos que piden poder descansar. Una enfermiza carrera que no persigue la libertad, como quieren hacernos creer, sino el espejismo de una riqueza que no es tal salvo para unos pocos bolsillos.
Pero, más peligroso aún, es la otra cara de ese ofrecimiento de la supuesta "libertad". Me refiero al llamamiento a la "agilidad" de lo público, a la promesa de eliminación de las "trabas" administrativas y la "burocracia", a las licencias "exprés" y a todos esos eufemismos que implican desregulación y ausencia de normas. Así, se ha puesto de moda el sistema de "declaraciones responsables" para todo, como en el caso del restaurante incendiado. Un sistema en el que se confía todo a la buena fe, y la capacidad y conocimientos, del emprendedor, aquel que tiene prisa por crear riqueza y empleo, para poder eliminar papeleo y burocracia innecesaria, pero también que posibilita que las inspecciones sean posteriores, anulando los controles administrativos y, en definitiva, la seguridad del consumidor. Esa es la parte que no nos cuentan de su "libertad".
Está claro que cuando vamos a iniciar un negocio, cuando has invertido dinero en un proyecto, en un local, no puedes estar meses, o años (y en nuestro Ayuntamiento ha pasado así), esperando la licencia de apertura. Este problema real, de mal funcionamiento de la Administración (por mala organización o por falta de recursos humanos o económicos) debe solucionarse, dotándose a esos servicios para que tengan la suficiente "agilidad" de resolver los expedientes en plazos razonables. Pero la solución no puede ser relajar el control y eliminar los trámites que aportan seguridad.
Porque si nos dedicamos, y se hace desde muchos partidos de forma irresponsable, a identificar los controles técnicos de la administración con "trabas a los empresarios", lo que hacemos es mentir. Los controles de la administración, especialmente los de carácter técnico, nos garantizan a todos el buen funcionamiento de cualquier servicio: de nuestra vivienda, del restaurante donde comes, de la guardería a la que llevas a tus hijos, etc. Y necesitamos esa seguridad antes de consumir el producto o de usar el servicio. Es un peligro, y una dejación de responsabilidad por parte de una Administración pública, trasladar ese control a posteriori, cuando ya hemos consumido. Y eso es lo que provoca el sistema de declaraciones "irresponsables". Porque ¿de qué nos sirve una comprobación posterior, cuando el daño potencial ya se ha causado, especialmente cuando se pone en peligro la vida humana?
Pongamos que hablamos de una atracción de feria. Es importante que esté todo a punto antes del inicio del festejo. Pero imagínense que nos dicen que no podemos entorpecer esa actividad, que crea trabajo, riqueza y diversión para nuestros niños, con trabas y papeleos, con controles y normas escrupulosas. Por tanto, nuestra Administración nos ofrece un método "ágil": permitimos que todas las atracciones se instalen y se abran al público sin control ni supervisión, mientras proporcionen una declaración responsable del propietario, que nos asegura que es segura y cumple la normativa. Después, cuando esté funcionando o quizás pasada la feria, enviaremos un inspector para comprobar que lo que dijo el responsable era cierto. O puede que, con estupor, la Administración "diligente" conozca que el empresario era un irresponsable, como su declaración, y la atracción no cumplía el más mínimo requisito de seguridad, poniendo en peligro la vida de todos los que la usaron durante días. Un sistema estupendo, ¿verdad? ¿Montarían a sus hijos en esa atracción teniendo sólo la declaración "irresponsable"? ¿No les convence esa "libertad"? Pues piensen en esto cada vez que les ofrezcan eliminar burocracia y les mientan porque, por supuesto, queda mucho mejor "agilizar" que "desproteger" que es, de hecho, lo que se están haciendo.
Mi sentido común me dice que no debería cenar en una ratonera con material inflamable y en la que se usa un soplete. Pero, como yo no puedo saber lo que va a pasar antes de entrar, alguien debería haberlo comprobado previamente. Al margen de la licencia y otras cuestiones, en el caso del restaurante madrileño brilla por su ausencia un plan de prevención y otros elementos de seguridad, o estaban hechos también "irresponsablemente", como esas declaraciones que ni declaran, ni responsabilizan ni muestran ningún tipo de proyecto. Todo correcto porque lo digo yo.
La culpa es de quien relaja tanto las normas y las inspecciones como para hacer posible que esto ocurra; de quien es tan irresponsable como para no ofrecer la más mínima seguridad en su negocio y, finalmente, de quienes nos ofrecen elegir una falsa libertad por encima del bienestar de todos. Porque todo es burocracia y trabas hasta que la realidad nos cruza con una declaración irresponsable y nos enseña que las normas tienen una razón de ser.