Cantaba melancólico Ismael Serrano que, a pesar de los grandes cambios producidos en nuestra sociedad desde el Mayo del 68, seguía habiendo la misma necesidad de luchar para no seguir perdiendo derechos: "...qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París..." Para nosotros, en España y en nuestros días, nos queda lejos, muy lejos, el París del 68 pero aún más el París de 2023.
Las manifestaciones masivas contra la reforma de las pensiones de Macron en Francia contrastan con la "paz social" conseguida por el Gobierno de España con la suya, que disimuladamente tiene el mismo objetivo final: recortar los salarios reales de los trabajadores tanto antes como después de la jubilación. Mientras en Francia se ha aprobado un decreto para aumentar la edad de jubilación de 62 años a 64 años, en nuestro país, donde llevamos décadas con la jubilación en 65 años y unos años ya en 67, se han aumentado las cotizaciones de los más jóvenes para mantener las pensiones. Pero a pesar de ello no se ha producido ni una sola protesta. ¿Por qué?
Ambas reformas comparten filosofía ya que, no en vano, vienen promovidas y avaladas por una Comisión Europea que, en el caso de nuestro país, incluyó el chantaje de que era obligatorio aumentar el periodo de cálculo de las pensiones si Sánchez quería recibir los fondos de recuperación (¡vaya talante democrático!). Ya decíamos que lo que de verdad se pretende con este tipo de reformas, por debajo de la propaganda y los supuestos problemas técnicos, no es más que la apropiación de un mayor porcentaje de los salarios de los trabajadores y autónomos para así continuar con el trasvase de fondos de las rentas del trabajo a las del capital. No hay más. Pero se ha construido toda una maraña de falacias y falsas verdades para ocultarlo.
Los trabajadores no podemos olvidar que las pensiones son parte del salario de cada uno de nosotros; un salario diferido, que se deduce de los ingresos del trabajo para recibir un ingreso decente tras la jubilación. Y lo que pretenden es convencernos de que el mantenimiento de este sistema no es posible de ninguna forma, para que así paguemos más y recibamos menos.
Nos dicen que los cambios demográficos han hecho que haya más jubilados y menos personas en edad de trabajar, lo cual es cierto. Este factor aumenta por la mayor tasa de paro. Además, la esperanza de vida de nuestros jubilados es mayor, aumentando así los años de cobro de la pensión, lo que también es un dato real. Por eso, el resultado final, nos cuentan, es que la enorme cantidad de dinero público dedicado a las pensiones aumenta el déficit público y reduce los fondos disponibles para otros servicios, por lo que los Gobiernos se ven obligados a hacer reformas del sistema.
Sin embargo, nadie nos cuenta por qué ante este escenario no se opta por otras opciones. Si hay un déficit económico del sistema, ¿por qué el Estado no se hace cargo, como lo hace con otras partidas deficitarias? ¿O por qué el resto de servicios con déficit no obligan a sus usuarios a aumentar su participación, como pretenden hacer con las pensiones? Podríamos hablar de la Sanidad y Educación pero también de otros gastos deficitarios y que provocan agujeros en las cuentas públicas, como el gasto militar, los rescates de grandes empresas y bancos, el fraude fiscal, etc. ¿El déficit de las pensiones sólo puede solucionarse obligando a la gente a trabajar más tiempo o a pagar más de sus salarios para recibir menos pensiones en el futuro? Se habla del aumento de la productividad actual y, por tanto, del aumento de los beneficios empresariales. Pero ¿por qué eso no conlleva un aumento de la recaudación fiscal ni de las aportaciones de empresa y Estado?
En definitiva, con una mejor organización política y económica, no habría "problema de las pensiones" que no pudiera solucionarse pero es más fácil (y mejor para algunos bolsillos) que el déficit lo carguen los trabajadores, sus salarios actuales y futuros y sus cuerpos al trabajar durante más años.
Parece que todo esto sí lo ha entendido la mayoría de la población francesa, harta de pérdida de derechos y recortes en salarios y servicios, de perder poder adquisitivo mientras empeoran sus condiciones de trabajo y de vida. En España, mientras tanto, la respuesta ha sido prácticamente nula, a pesar de que estamos ante una reforma que también contiene recortes, porque, aunque deroga parcialmente los recortes de la reforma de Rajoy, mantiene los recortes efectuados por el Gobierno de Zapatero en la de 2011.
Básicamente, la reforma del "Gobierno más progresista de la Historia" implica que los trabajadores que hoy tienen menos de 50 años cobrarán menos, justo en un sector de la población en el que el trabajo estable y los salarios dignos brillan por su ausencia, y trabajarán más, prolongando los recortes a partir de 2025. Además, y como han hecho las anteriores reformas, aumenta las facilidades para los planes de pensiones privados y dirige nuestro sistema de pensiones públicas hacia un sistema asistencial. No debe de sorprendernos que un Gobierno del PSOE cumpla con su papel histórico de ser el adalid de la pérdida de derechos sociales y económicos. Desde González, ha sido siempre un Gobierno socialista quien ha realizado las reformas más conflictivas socialmente, ya que podía ser admitido más fácilmente por amplias capas de la población trabajadora, así como por las organizaciones sociales y sindicales. Solo hay que echar la vista atrás para recordar quien empezó y amplió los procesos de privatización, las reconversiones industriales y mineras, las congelaciones salariales, las reformas laborales y de las pensiones, etc.
Quizás por ello veamos tanta diferencia con nuestra vecina Francia. Un Gobierno "progresista" continúa su misión, añade congelaciones y recortes salariales, aunque no en el corto plazo de un año electoral, y, como ha dicho Calviño, lo hace con "una paz social que contrasta con la de otros países". Para eso están ellos y así nos comportamos nosotros. La conclusión es que nos queda lejos la respuesta del pueblo francés, muy lejos nos queda París, el de antes y el de ahora.