Llevamos dos semanas en Andalucía, y aún seguimos, en las que el agua ha dejado de ser un fenómeno meteorológico para convertirse en un problema político, social y vital. Casas inundadas, comercios arrasados, infraestructuras colapsadas, pueblos aislados. Y, como siempre ocurre cuando la normalidad se rompe, una pregunta que aparece de golpe, sin rodeos ni matices ideológicos: ¿quién responde ahora?
No responde el mercado. No responden las redes sociales. No responde el discurso. Responde —o debería responder— el Estado.
Y ahí empieza la incomodidad. Porque muchos de los que hoy miran al Estado exigiendo rapidez, eficacia, protección e indemnizaciones son los mismos que ayer lo señalaban como un ente opresor, ineficiente, sobredimensionado o directamente parasitario. Y junto a ellos están también quienes, desde una supuesta izquierda, llevan años convencidos de que los grandes conflictos políticos se resuelven afinando el lenguaje, ganando la batalla cultural o construyendo relatos moralmente satisfactorios. Pero cuando el agua entra en casa, no hay marco simbólico que te salve.
Las inundaciones de estos días —aquí y en otros puntos de España— no sólo han causado daños materiales. Han dejado al descubierto algo más profundo: nuestra relación profundamente contradictoria con el Estado social y de derecho, que se suele olvidar más el primer apellido constitucional que el segundo.
Durante años nos han querido hacer pensar el Estado como una molestia. Como algo que estorba cuando todo funciona, que cobra impuestos, que regula, que pone límites. Un aparato pesado del que es fácil burlarse cuando la vida cotidiana transcurre sin sobresaltos. Pero esa imagen solo es posible porque el Estado que de verdad importa —el que previene, planifica, mantiene y protege— suele ser invisible cuando hace bien su trabajo.
El problema es que cuando ese Estado falla, o cuando directamente no tiene capacidad suficiente, deja de ser invisible. Y entonces aparece de golpe, no como una abstracción ideológica, sino como una necesidad concreta: rescatar, coordinar, realojar, indemnizar, reconstruir, prevenir que vuelva a pasar.
Ese Estado no se improvisa. No aparece por generación espontánea. No se activa con un tuit ni con una rueda de prensa. Existe solo si antes ha habido recaudación suficiente, estructura administrativa, personal técnico, planificación a largo plazo y capacidad de decisión. Es decir: impuestos, administración pública y conflicto político real sobre cómo se reparten los recursos.
El discurso liberal contra el Estado funciona bien mientras otros sostienen la estructura. Mientras hay carreteras, servicios de emergencia, seguros públicos, infraestructuras hidráulicas, protección civil. Pero en cuanto llega una catástrofe, esa fantasía se estrella contra la realidad material.
El mercado no actúa por necesidad, actúa por rentabilidad. No es una cuestión moral, es su lógica interna. Y esa lógica es incapaz de garantizar protección colectiva frente a riesgos sistémicos. Ninguna empresa privada va a invertir en prevención de inundaciones sin un retorno claro. Ningún seguro privado cubre catástrofes generalizadas sin respaldo público. Ninguna iniciativa individual puede sustituir una respuesta coordinada a gran escala.
Por eso resulta tan revelador ver cómo quienes más han atacado al Estado como “ladrón” o “opresor” son los primeros en exigir ayudas públicas cuando lo pierden todo. No es hipocresía individual; es el fracaso de un relato que niega algo elemental: que hay riesgos que solo pueden afrontarse colectivamente. Desde VOX a los “youtubers andorranos”, el discurso fácil y tramposo del liberalismo irresponsable, que ensalza a Millei y a otros de su calaña, debería tener el coraje de dar la ara ahora, en estos días, para consolar a quienes han perdido tanto.
Pero no toda la responsabilidad es de la derecha liberal. Hay otra forma de irresponsabilidad, más sutil, que también queda al desnudo en situaciones como esta: la de una izquierda que ha sustituido la política material por la política simbólica.
Durante años se ha hablado mucho de valores, de relatos, de identidades, de pedagogía. Muy poco de presupuestos, de fiscalidad, de prioridades, de infraestructuras. Se ha convertido la política en una disputa cultural permanente, como si cambiar el marco discursivo fuera suficiente para cambiar la realidad. Y mientras se mantenían políticas económicas y fiscales liberales, de recortes y falta de inversión pública. Se gestionaba como la derecha con el discurso del “gobierno más progresista de la historia”. Y, al final, todo sale a la superficie.
Las inundaciones demuestran lo absurdo de estas políticas. No se gestionan con buenas intenciones y discursos agresivos. Se gestionan con ingenieros, funcionarios, cuerpos de emergencia, técnicos de protección civil, planificación urbanística y dinero público. Mucho dinero público. Y eso exige algo que incomoda profundamente a cierta izquierda: decidir quién paga, cuánto paga y para qué.
No hay política transformadora sin conflicto fiscal. Todo lo demás es estética.
Uno de los aspectos más reveladores de cada catástrofe es lo poco que se habla de prevención antes de que ocurra. Drenajes, mantenimiento de cauces, planificación territorial, adaptación al cambio climático. Todo eso cuesta dinero, no da votos inmediatos y no se nota… hasta que falla.
Vivimos en una época de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes. Negarlo ya no es ignorancia, es irresponsabilidad política. Pero asumirlo implica aceptar que el Estado tendrá que hacer más, no menos. Y que eso exige recursos estables, sostenidos y bien gestionados.
El verdadero fracaso del Estado no es llegar tarde a la catástrofe, sino no haber podido evitar parte de sus efectos porque nunca se le permitió tener la capacidad necesaria para hacerlo.
Quizá el mayor error de nuestro tiempo es haber convertido el Estado social en una consigna moral en lugar de tratarlo como lo que es: una infraestructura colectiva. Algo que se construye, se mantiene y se financia. Algo que requiere decisiones incómodas y renuncias reales.
Queremos protección sin impuestos. Servicios sin costes. Seguridad sin conflicto.
Queremos un Estado fuerte cuando lo necesitamos y débil cuando toca sostenerlo. Queremos solidaridad sin estructura y derechos sin obligaciones. Y esa contradicción no es sostenible.
Si algo nos deja esta semana de agua y barro es una lección incómoda pero necesaria. El debate político que necesitamos no es si el Estado es demasiado grande o demasiado pequeño. Es si estamos dispuestos a sostenerlo cuando aún no lo necesitamos.
Porque cuando el agua entra en casa, cuando todo se rompe, cuando la normalidad desaparece, ya no hay tiempo para discutirlo. Entonces todos miramos al mismo sitio. Y más nos valdría haberlo cuidado antes.