El precio de nuestras vidas

Hacía tiempo que no se reparaba en la inflación como indicador político y social, acostumbrados a una política económica expansiva y a un índice de precios por debajo del 2%. Sin embargo la amenaza inflacionista pende sobre nuestras economías. Hay quien dice que se trata de una situación transitoria, derivada de los problemas de abastecimiento de materias primas y al precio de la energía. Otros creen que es un problema más serio, que requerirá intervenciones políticas más decididas.
Sea como fuera, lo sustancial, al menos para la gran mayoría de nosotros, es que la subida generalizada de los precios no se ha visto acompañada de un aumento de los sueldos, lo que acaba inexorablemente con la capacidad adquisitiva de gran parte de la población. Al mismo tiempo, se produce un aumento de las rentas del capital, las grandes beneficiarias del proceso inflacionista, que se aprecia en los espectaculares aumentos de las bolsas y del precio de la vivienda, especialmente especulativas. No es de extrañar, por tanto, que vuelvan a aparecer burbujas financieras, algunos en forma de timos piramidales, como el auge de las criptomonedas.
Pero, como decía anteriormente, lo que nos importa realmente es la pérdida de poder adquisitivo derivada de unos salarios que no pueden mantener a muchas familias. La desigualdad social está originada, en última instancia, por la enorme diferencia entre lo que un trabajador produce para la economía y lo que recibe por su trabajo, su salario o el precio de su vida laboral. Y lo referido a un trabajador por cuenta ajena se puede aplicar a un autónomo, a un agricultor o a un pequeño empresario, porque a pesar de cualquier diferencia conceptual, este capitalismo de la desigualdad tiende a igualar por abajo en materia de ingresos.
Lo que ocurrido en Cádiz no es una cuestión aislada. El malestar social no reside en asuntos identitarios, culturales o políticos sino que se inserta en la incapacidad de un sistema para asignar de forma justa los recursos de los que dispone y de asegurar el sustento de sus ciudadanos. Por más que haya que afrontar cuestiones complejas como el modo de producción, la productividad, el avance tecnológico o la globalización, se hace imprescindible una atención profunda a los salarios y a su reflejo en la economía real. Es decir, a las necesidades de los españoles y no, como en el conflicto gaditano ha ocurrido, a las necesidades de Gobierno, oposición, partidos, medios y demás representantes del poder político.