Hace unos días, el tenista Rafa Nadal anunciaba su nueva condición de embajador del tenis en Arabia Saudí, añadiendo además en el mismo comunicado unas palabras sobre la situación en este país: "Mires donde mires en Arabia Saudí, puedes ver crecimiento y progreso, y me emociona formar parte de ello”.
La decisión, por supuesto que de índole personal y conforme a la ley, ha levantado polémica al intentar hacerla pasar por un simple acuerdo deportivo entre un profesional y una institución, como otros que estamos tan acostumbrados a ver. Sin embargo, dado que no es el único ejemplo, parece que no es simplemente esto, sino un capítulo más de la operación de "sportwashing" (o "blanqueamiento deportivo") que está siguiendo el régimen saudí.
Desde hace unos años, Arabia Saudí está utilizando el deporte para mejorar su imagen pública y desviar la atención de posibles críticas o violaciones de los derechos humanos. Desde las inversiones en torneos deportivos (la Supercopa de España de fútbol, el rally Dakar o el Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudí o un próximo Mundial de fútbol) hasta la participación en clubes europeos (Almería, Málaga, etc.) y los acuerdos con grandes deportistas como embajadores en diferentes disciplinas (Cristiano Ronaldo en fútbol o Jon Rahm en golf), la estrategia siempre es la misma: proyectar una imagen más moderna, abierta, positiva y atractiva, al mismo tiempo que ocultar el historial de vulneraciones de los derechos humanos.
No nos vamos a sorprender ahora de que el deporte, en general, o el fútbol, en particular, sean utilizados política, social o económicamente. Los ejemplos del uso de clubes, selecciones y jugadores por parte de dictaduras, magnates y empresarios de todo pelaje, mafiosos y criminales, son abundantes. Tampoco es Arabia el primer régimen del Golfo Pérsico en hacerlo: desde Qatar, con su Mundial (y sus 6.500 trabajadores-esclavos muertos), sus patrocinios (FC Barcelona) y su propio club (Paris Saint Germain), hasta Emiratos Árabes, patrocinador de Arsenal y Real Madrid y también dueño del Manchester City, el poder multimillonario de estos Estados propicia un lavado de imagen pública que intenta ocultar la corrupción y violencia de algunos de los países más crueles del mundo. Por último, tampoco Nadal y sus declaraciones son una excepción. Deportistas tan cercanos como Guardiola, Xavi o Cristiano han justificado y tapado la realidad de estos países, destacando su "buen funcionamiento", su supuesta “libertad” o haciéndonos creer que estos acuerdos económicos son útiles para los ciudadanos árabes.
Porque la realidad es tozuda y, a pesar de las palabras y las operaciones de marketing, la doble moral no puede ocultar lo que ocurre en estos países. Nadie puede negar que Arabia Saudí, como las otras dictaduras del Golfo, ha sido denunciada y vigilada por sus continuas violaciones de los derechos humanos, la represión de la libertad de expresión, la falta de derechos de sus ciudadanos, el irregular sistema de justicia y el uso de la pena de muerte.
Volviendo a las palabras de Nadal, el progreso y el crecimiento régimen de Salmán bin Abdulaziz puede ser que en 2022 el Gobierno ejecutó a 196 personas, la cifra más alta en 30 años, y sometió a castigos físicos (latigazos y lapidaciones) a miles de personas por mostrar “ideas extremistas”: políticas, homosexualidad, feminismo, ateísmo… O quizás sea por el avance en la legislación que convierte a las mujeres en ciudadanas de segunda, sin derechos y sometidas al hombre.
Cuando Nadal, o cualquier otro, participan en estos acuerdos están esencialmente prestando su prestigio y legitimidad a un gobierno con un historial abominable. Y es hipócrita intentar hacernos creer que la promoción deportiva supone un avance o un valor moral y social para un país y sus ciudadanos, porque se oculta que el principal beneficio es el económico para el deportista o la empresa.
Sería más ético presentar estos acuerdos como lo que son, a la manera de Groucho Marx: "Damas y señores, estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros".
Siempre he pensado que los deportistas, como otros referentes sociales y culturales (artistas, actores, cantantes, etc.) no tienen que ser ejemplo de nada. Les atribuimos funciones que no les corresponden únicamente por estar sometidos al escrutinio público, algo injusto y que deriva en críticas a cuestiones privadas que nada tienen que ver con su trabajo. Ni deben pretender ser ejemplo ni pueden serlo, fuera de la actividad que realicen.
Pero, de la misma forma, tampoco tienen que representar a nadie, ni ellos ni sus principios éticos y morales, sean los que sean; a nadie que no sea a ellos mismos y a sus bolsillos.