Unos de los asuntos que se ha convertido en eterno y, al mismo tiempo, cada día que pasa parece más banal, es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Como sabemos continúa paralizada desde hace cuatro años cuando su mandato caducó. El principal motivo de este incumplimiento legal es la inamovible posición del Partido Popular, que espera a que en unas próximas elecciones generales pueda obtener un mejor resultado en el reparto del órgano rector de la judicatura.
Resulta curioso que esta anomalía no conlleve ninguna consecuencia, ni política ni legal, para nadie. En primer lugar porque se ha conseguido, con la colaboración del poder mediático, desplazar la situación, inaceptable legalmente, al ámbito de los "enfrentamientos partidistas", como todas aquellas cuestiones que solo sirven para atacar al rival pero que no afectan a la ciudadanía y que, por tanto, no debieran interesarle. En segundo lugar, porque también se ha trasladado la sensación de que en este asunto también "todos son iguales", obviando el bloqueo inconstitucional que están llevando a cabo un grupo de vocales promovidos por el PP, ignorando sus obligaciones pero sin dejar de cobrar 122 mil euros de sueldo público.
Cualquiera de nosotros, sin conocimientos jurídicos, podría preguntarse cómo es posible que un partido político, que continuamente invoca al Estado de Derecho que nos rige y el cumplimiento de la Constitución, y un grupo de funcionarios públicos, cuya función es dar legitimidad al Estado de Derecho, puedan estar incumpliendo la ley a sabiendas, guiados únicamente por sus propios intereses.
Los motivos fundamentales son que, por un lado, en esta cuestión, como en tantas otras, gozan de impunidad y, por otro, porque hemos llegado a creer que las funciones de gobierno del poder judicial carecen de transcendencia.
Decíamos que son impunes, o irresponsables, porque no existe ningún tipo de procedimiento legal que pueda obligarles a cumplir la ley. Si, así es. Estos vocales son irresponsables en el desempeño de su cargo y no dan cuentas de ello a nadie. Ni es un delito ni tiene responsabilidad disciplinaria alguna que, por ejemplo, se deje de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo, cuyo ejercicio es fundamental para el funcionamiento del Estado. Tampoco tiene responsabilidad ninguna que el PP se niegue a cumplir el papel legal que le ha sido asignado en ese reparto por cuotas de poder de los cargos de las Instituciones del Estado.
En cuanto a las funciones del Consejo General del Poder Judicial, no podemos olvidar la importancia que en cualquier sociedad pueda tener el órgano que nombra los magistrados del Tribunal Supremo, es decir, a los que generan la doctrina vinculante, y que decide lo que corresponde en materia de formación de jueces y provisión de puestos de trabajo, entre otros aspectos.
El resultado de este bloqueo es una anomalía legal e inconstitucional ejercida por los mismos que en su toma de posesión juraron "guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes, lealtad al Rey y cumplir fielmente los deberes del cargo..." Un escándalo en cualquier sociedad y que pasa de puntillas en la nuestra, entre tanto ruido e interés político y mediático, porque está ejercido por un puñado de irresponsables, con toga, y quienes los sustentan políticamente; todos ellos acostumbrados a utilizar la ley y el Estado de Derecho en beneficio propio.