Hace unos años, en plena vorágine de la crisis económica de 2008, un destacado dirigente socialista, una "lumbrera" en el campo de la comunicación política, Pepe Blanco, se atrevió a decir que los españoles habíamos "vivido por encima de nuestras posibilidades" y había que "apretarse el cinturón". De esta desvergonzada forma, exponía de forma clara el principio rector de nuestros dirigentes políticos a la hora de afrontar situaciones difíciles: si yo me equivoco, la culpa siempre será de la población y, por tanto, serán ellos los que sufran las consecuencias.
Desgraciadamente, por muchos años que pasen, esto no cambia y lo estamos viendo en los últimos meses. Tras la pandemia, los problemas en las cadenas de suministro globales y las crisis energéticas, la inflación alcanzó unas cotas desconocidas desde hace décadas mientras nuestros salarios se mantenían estancados, lo que repercutió directamente en nuestro poder adquisitivo. Rápidamente se produjo una respuesta del Gobierno, en aras de contener la inflación, con medidas concretas como la reducción del IVA de determinados productos, el tope al precio del gas, etc. Estas medidas, junto a una estabilización de la inflación a nivel mundial, han conseguido que la espiral inflacionista se haya detenido, aunque manteniendo unos niveles altos. Sin embargo, el problemas es que en España los salarios suben menos que en otros países de nuestro entorno.
De esta forma, a pesar de lo que nos diga el Gobierno y de los datos macroeconómicos, en el día a día, experimentamos la sensación de que las "buenas noticias" nunca nos llegan a nosotros y de que "consumimos por encima de nuestras posibilidades". La subida de precios, la que nosotros notamos, no está reflejada con exactitud en el IPC y los datos estadísticos de la inflación, pero ha sido de tal magnitud que se ha normalizado la siguiente situación, que también ustedes reconocerán. Entramos al supermercado intentando comprar menos, lo justo, y eligiendo los productos más baratos, llevando cierto control sobre el volumen de nuestra compra, y nos dirigimos a la caja con una cesta que calculamos será de unos 50 euros, como pasaba hace unos meses. Sin embargo, cuando todos los productos están en tus bolsas te das cuenta de que la compra llega a 70 euros y tú miras tu menguante cartera preguntándote cómo es eso posible.
Aunque se haya conseguido que los precios no sigan aumentando y, por tanto, la inflación se contenga, el problema real es que bastante probable que los precios no bajen, al menos próximamente, y esta sensación se puede mantener mientras nuestros salarios sigan siendo de pena. Es un hecho que mientras la inflación ha estado aumentando en dobles dígitos, los salarios de convenio han ido subiendo lentamente por debajo del 3 %, con lo que la pérdida de poder adquisitivo ha sido la mayor en los últimos años, desde que hay registros.
Ahora, al fin, parece que ha llegado el momento de hablar de salarios, pero puede que no tanto como necesitamos. El Gobierno ha aprobado la subida en un 8% del SMI, hasta los 1.080 euros. La cuestión es cómo va a afectarnos esta media. Pensemos que venimos de dos años consecutivos de subidas del SMI, tanto en 2021 (1,57%) como en 2022 (3,63%), que junto a la actual suman una subida del 13,2% en 3 años. En ese mismo periodo, la inflación ha sido de un 6,7% en 2021, un 5,8% en 2022 y hemos empezado enero de 2023 con un 5,8%, por lo que aunque se contengan los precios, podemos estar hablando de un 18,3%. Dicho claramente, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en estos tres años puede rondar el 5,1%, lo que convierte esta subida "histórica" del SMI en apenas una mínima actualización de los salarios con respecto al IPC anual.
Por poner estas cifras en contexto, y según datos del INE, el 47% de los asalariados españoles cobra menos de 1.500 euros mensuales, cifra considerada por este organismo como el salario necesario para que una persona pueda mantenerse dignamente. Es decir, un salario 400 euros por encima del SMI que acaba de aprobar el Gobierno "más progresista de la historia".
En el otro lado de la balanza, durante 2022 los beneficios empresariales crecieron siete veces más que los salarios, un 21,1%, según datos del Banco de España. Cierto que estos márgenes sobre ventas se han recompuesto desde la pandemia, cuando se redujeron por el contexto económico, el impacto sobre la demanda y la búsqueda del mantenimiento del empleo. Y que no afecta igual en todos los sectores ni en todas las empresas. En la pequeña empresa, que es la mayoritaria en España, el mantenimiento de unos mayores márgenes de beneficio se están utilizando para saldar deuda, afrontar el pago de préstamos y compensar las pérdidas provocadas por el COVID. Pero, aún así, el desequilibrio entre salarios y beneficios es evidente, y mucho mayor que en el resto de países similares, por lo que si no se soluciona tiene que ver con problemas estructurales.
Por un lado, el alto nivel de paro estructural en nuestro país disminuye el poder de negociación de los trabajadores, ya afectados por una baja movilización, que se traduce en una cada vez menor organización sindical y una enorme ausencia de protestas. Se aprecia con claridad en sectores con poca cualificación de los trabajadores y una mínima sindicalización, como la hostelería, donde los salarios han subido apenas un 2%, mientras los márgenes empresariales rondan el 10%.
Esto no es un problema de la "avaricia" del pequeño empresariado español. Es cierto que para cualquier empresario resulta más fácil subir los precios de los productos que los salarios. Ante la incertidumbre que genera la próxima evolución de los costes estructurales, de materias primas y energía, es más sencillo subir un precio que puede bajarse dentro de un tiempo que asumir un coste estructural como el salario de los trabajadores, que será más difícil de reducir en cualquier otro contexto. De esta forma, ante la duda, quien paga es el trabajador.
Pero decíamos que esta no es la única causa. Y el ejemplo más evidente es que el problema no afecta únicamente al sector privado. En nuestro sector público los sueldos están subiendo menos que en el resto de Europa, apenas un 2,5 %. El mismo Gobierno que reclama una subida de salarios a los empresarios, utiliza excusas para mantener subidas ridículas a sus trabajadores, dándose la paradoja de que las empresas públicas firman convenios con subidas salariales por debajo de las empresas privadas privada.
En definitiva, nuestros problemas se mantienen, a pesar de tantas medidas y tantos anuncios. Por un lado, se intenta controlar la inflación (que no bajar los precios, que no es lo mismo) a través de medidas que tienden a amortiguar un desajuste de la oferta, manteniendo artificialmente la demanda, lo que significa que tarde o temprano tendremos que pagar esa factura, aunque sea en diferido. Por otro lado, los salarios no suben lo suficiente como para mantener nuestro poder adquisitivo, y no parece que lo vayan a hacer, por muchos motivos.
Así que puede que se repita lo que ya nos decía Pepe Blanco. Hemos vivido, y consumido, por encima de nuestras posibilidades. Los que tenían ahorro, lo han utilizado; los que no lo tenían, han usado el crédito al consumo. Y ahora podemos estar llegando al punto de no retorno en el que se acaba el ahorro y hay que pagar el crédito. Entonces igual el problema ya no será sólo nuestro: quizás el consumo se reduzca y con ello la recaudación pública y los beneficios empresariales. Lo que es seguro que, en ese caso, volverán a echarnos las culpas y hacernos pagar como responsables, porque lo que siempre se mantiene es la poca vergüenza de algunos.