Trabajar mejor

La teatralización del acuerdo entre el PSOE y Sumar como punto de partida para lograr el pacto de investidura de Sánchez iba más encaminada a desviar la atención sobre la negociación importante (la que se está haciendo con los partidos nacionalistas) y a reforzar ésta, marcando terreno y tiempos.

Sin embargo, esta doble intención no es óbice para que algunos de los puntos del acuerdo puedan resultar interesantes de cara a lo que nos puede esperar en caso de que se alcance un pacto de Gobierno. El que más debate ha suscitado ha sido la reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales en 2024, con el compromiso de llegar más lejos a final de legislatura. Poco debería sorprender este anuncio cuando la medida estaba presente en el programa electoral de ambas formaciones, incluso con la propuesta de llegar a las 32 horas en el caso de Sumar. Pero es que, además, las críticas parecen ignorar que actualmente la jornada laboral media en España es de 38,1 horas semanales, a pesar de que el margen legal sigan en 40 horas desde hace 40 años, lo que significa que la reducción tampoco va a suponer tanto.

El rechazo a la medida, como no podía ser de otro modo, vino del sector empresarial más irreductible, de sus representantes y de su aparato mediático, los mismos que hace poco se escandalizaban de "lo poco" que se trabajaba en España porque, según ellos, "toda la vida hemos hecho en hostelería media jornada, de 12 a 12 y a eso se le llama flexibilidad". Pues bien, siguiendo con su parcial visión de la situación laboral y económica de España, resulta que la aplicación de la medida supondría un aumento de los costes de la empresas en torno al 6%, lo que significaría un perjuicio insostenible para muchas de ellas.

No obstante, para que el debate sea justo, y no sólo propaganda, deberíamos poner encima de la mesa todos los datos y desechar los relatos falseados.

Como decíamos antes, en la práctica España ya tiene una jornada laboral menor de 40 horas, con sectores, como la Administración Pública y algunos privados donde se trabaja directamente menos de 37 horas y media en general. Esta cifra nos acercaría a la media europea, que se encuentra en las 36,1 horas semanales, y nos alejaría de los países donde la media está en las 40 horas y que son, curiosamente, aquellos con menor PIB y productividad de Europa, como Grecia, Polonia y Bulgaria. Además, la reducción de la jornada laboral máxima legal propuesta tendría realmente un coste mínimo para aquellas empresas donde prima el trabajo no presencial o donde se trabaja por objetivos. Evidentemente, hay determinados sectores económicos en los que la afectación sería mayor, como el caso del comercio, la hostelería, el transporte y la construcción, donde la jornada laboral supera ampliamente este número de horas. Sin embargo, los estudios más recientes indican que el aumento de los costes laborales en estos sectores, provocado por las nuevas contrataciones, no sería el indicado por las centrales empresariales. Se ha calculado un coste laboral neto de sólo 3.880 millones de euros y, en cambio, también supondría la creación de más de 160 mil nuevos puestos de trabajo, lo que retornaría más de 2.500 millones de euros al Estado en forma de aumento de cotizaciones, recaudación fiscal neta y ahorro en prestaciones del SEPE, con lo que a través de beneficios y deducciones empresariales se podría compensar el aumento del coste laboral.

Una vez descartado el mayor inconveniente, el económico, o al menos el único que se plantea en contra de esta media, avancemos un poco en lo que supone este debate.

En primer lugar, se trata de un pequeño avance (porque la reducción de la jornada es mínima y además se hace de forma progresiva) para un cambio real del modelo productivo y laboral en nuestro país, imprescindible tanto para una mejora de nuestra economía como en un ajuste de las condiciones laborales. La reducción de la jornada laboral podría tener variados beneficios para nuestras empresas, desde una mayor satisfacción de sus empleados, lo que favorece la retención y la productividad de unos trabajadores que mejoran el equilibrio entre el trabajo y su vida personal, estando más descansados y motivados; una reducción del absentismo por la mejora de la salud y del bienestar; y un impacto positivo en la imagen corporativa de la empresa entre los trabajadores actuales y potenciales y clientes. Se trata de mejoras que se convertirán en un aumento de los beneficios económicos para la empresa y que no se tienen en cuenta a la hora de criticar ésta y otras medidas similares.

En segundo lugar, y más importante, significaría poner el foco en el principal problema que afrontamos hoy en día en nuestro país, y en el resto de Occidente. En los últimos años, el sistema económico ha beneficiando mayoritariamente a las grandes empresas con gran capacidad de influencia política, creando un desequilibrio que está en la base de nuestros problemas. Dicho de otra forma, y más clara, cada vez hay más empresas extractivas del sistema, frente a las aportadoras netas al mismo, lo que conlleva enormes dificultades para la sostenibilidad. La principal consecuencia es que gran parte de la población, clases trabajadoras y clases medias, hemos visto deteriorarse tanto nuestras condiciones sociales y económicas que estamos perdiendo la esperanza en un futuro digno.

Los datos son evidentes: desde finales del siglo XX, los beneficios empresariales después de impuestos como porcentaje del PIB están en máximos históricos, y al mismo tiempo la participación de los salarios en el PIB nacional permanecen por debajo del 50%. Al mismo tiempo, los tipos impositivos sobre las rentas del trabajo y la actividad de los autónomos superan ampliamente los del Impuesto de Sociedades. De esta forma, podríamos definir un sistema en el que se produce una redistribución de las rentas desde los trabajadores a los accionistas de las grandes empresas, es decir, una extracción de la riqueza del sistema por parte de las empresas y a costa de los trabajadores.

Nuestra vida se ha precarizado, igual que los salarios y el empleo en general, reduciéndose nuestra capacidad adquisitiva y disminuyendo los servicios públicos de los que disfrutamos, como Sanidad y Educación. Enfrente, los beneficios empresariales de las grandes compañías siguen aumentando, llegando a niveles vergonzantes. Este traspaso de renta ha provocado que en poco tiempo hayan aumentado numéricamente las clases altas y bajas y se ha empequeñecido esa clase media que no sabemos definir bien pero en la que pretendemos estar la mayoría.

La situación, la realidad diaria a la que nos enfrentamos, no va a cambiar radicalmente con esta medida. Pero sí supone un avance para empezar a plantearnos otras posibilidades de reparto del trabajo y mejora de la vida que puedan arreglar este modelo laboral de precariedad, con una enorme cantidad de horas extras pagadas y no pagadas, con un gran problema siniestralidad y salud laboral y mayor aún de bajos salarios. Porque, para ser justos, no se trata de trabajar más o menos, sino de trabajar mejor para empezar a vivir bien, para poder tener un futuro para nosotros y para los nuestros.