Dice un conocido aforismo del sector sanitario que "la salud no se compra", ya que como condición primordial del ser humano, no puede, o no debería, tener precio y, por tanto, tampoco debería poder venderse. Sin embargo, nuestro día a día nos muestra como esa segunda parte no se cumple. La salud, la nuestra, la de todos nosotros, tiene un precio, cada día más alto, y está puesta en el mercado para ser vendida a todo aquel dispuesto a hacer negocio.
Algunos podrán decir que lo que estoy asegurando no es cierto y que no se trata más que de una visión parcial de un problema más complejo. Por eso, nada mejor que un ejemplo, uno muy cercano, para comprobarlo.
Todos recordamos el estado y los problemas de la Sanidad Pública andaluza en los últimos años del mandato del PSOE de Susana Díaz. El continuo proceso de recorte presupuestario, despido de personal y medios y privatización de los servicios provocó un movimiento de protestas por toda Andalucía que convirtió la lucha por una Sanidad Pública digna en uno de los caballos de batalla detrás del desmoronamiento electoral del socialismo andaluz, lo que hábilmente intentó ser instrumentalizado por un PP que se veía por primera vez con alguna opción de gobernar la Junta.
En ese contexto, aquí en Jaén vivimos el conflicto de Salud Responde, por el que se reclamaba que la gestión de emergencias telefónicas fuera gestionada directamente por empresas públicas, mejorando así el servicio para los usuarios y las condiciones laborales, en lugar de que este servicio esencial estuviera al albur de la búsqueda de beneficios de una empresa privada. El PSOE negaba esta posibilidad y el PP la reclamaba y prometía que si estuviera en el poder Salud Responde sería público.
Ahora estamos en 2023. Han pasado cuatro años y medio desde que Moreno Bonilla accedió a la presidencia de la Junta de Andalucía y el deterioro del sistema público sanitario se ha agudizado. No es algo que pueda negarse y cualquiera de nosotros es consciente de la falta de medios y de profesionales en todo el sistema, pero principalmente en la atención primaria, de las interminables listas de espera y de la atención tan deficitaria. Pero si alguien es capaz de ponerlo aún en duda, sigamos con nuestro ejemplo. ¿Cómo está el conflicto de Salud Responde? Sí, ese servicio que según la actual Consejera de Sanidad sería público en cuanto el PP gobernara y que, una vez llegaron al poder, prometieron hacerlo a la mayor brevedad posible. Pues en este tiempo se volvió a licitar y se permitió que otra empresa gestionara un servicio sanitario esencial. Una empresa que, en su búsqueda de beneficios, ha recortado el número de trabajadores y además se niega a pagarles el salario que establece el convenio, mientras los responsables populares miran para otro lado. Todo un claro ejemplo de la gestión del PP andaluz.
En estos días se ha celebrado el veinte aniversario de Salud Responde y el contraste entre la celebración de los responsables de la empresa y los del PP, los mismos que acudían a las concentraciones de los trabajadores, y la manifestación en la calle de una plantilla que pide los salarios que le corresponden por convenio, lo dice todo.
La realidad de las cifras nos muestra cómo se encuentra nuestra Sanidad. Según los datos oficiales sobre gasto sanitario por habitante en las distintas comunidades autónomas, Andalucía vuelve a encontrarse a la cola, justo donde la llevó el PSOE de Susana Díaz. Aunque el PP andaluz quiera vendernos que ha realizado "una gran inversión en sanidad", por el aumento de las transferencias de fondos europeos, el hecho es que los aumentos presupuestarios no están siendo utilizados para mejorar la atención primaria y los servicios de sanidad pública en Andalucía, sino para aumentar las partidas en privatizaciones de servicios. La Consejería de Salud se ha dedicado a realizar conciertos con entidades privadas para resolver el aumento de pacientes y el déficit de personal sanitario provocado por los recortes del propio gobierno andaluz. Por ejemplo, hace poco conocimos que desde la pandemia, la Junta ha utilizado 55 millones de euros del presupuesto de Sanidad Pública en contratos directos, es decir, a dedo, con clínicas privadas. Ahora se está realizando una licitación para que las empresas privadas puedan hacerse cargo de las derivaciones de operaciones quirúrgicas y diagnósticos de la sanidad pública. Unas licitaciones con un presupuesto de 734 millones para los próximos 4 años. Un negocio redondo creado a base de recortar el dinero para la Sanidad Pública.
No es sólo una cuestión de números. Nuestro contacto diario con nuestro sistema sanitario nos dice lo mismo, ya que todos sufrimos esa degradación, la de las listas de espera, la saturación en urgencias y la falta de profesionales (por ejemplo de pediatras o anestesistas en nuestra provincia). De hecho se ha convertido en habitual el recurso de contratar un seguro privado de salud, que han disparado sus resultados en los últimos años, ante el estado del servicio público, algo que hace unos años no ocurría. Y éste es el verdadero problema.
El camino de recortes y privatizaciones emprendido por el PSOE ha sido seguido, con más ahínco, por el PP y hemos llegado a una situación en la que el sistema sanitario público empieza a hacer aguas, para beneficio de los operadores privados. Por eso son tan frecuentes la noticias sobre inauguraciones de nuevos hospitales privados, mientras las listas de espera para consultas e intervenciones quirúrgicas se alargan cada día más y en los hospitales faltan camas y personal.
El debate es si es creíble que ante un mismo presupuesto, que no aumenta o lo hace en una proporción ridícula a base de cifras falseadas, es posible mantener el mismo Sistema Público y hacer crecer el negocio privado. La respuesta es evidentemente no, a no ser que el PP de Moreno Bonilla haya encontrado la forma de multiplicar los recursos económicos mágicamente. Si el dinero se reparte entre los dos sistemas, el público se deteriora y el privado se beneficia, no hay más. El problema, siendo totalmente lícito que cualquiera emprenda un negocio, es que ese beneficio privado se obtiene con el dinero de todos y que el empeoramiento del sistema público nos afecta a todos. Además, tiene poco sentido repartir dinero con un privado que va a crear un servicio propio cuando se gestiona un servicio público que siempre ha funcionado correctamente y que era mejor que el privado al que se intenta hacer crecer, a no ser que se tenga algún interés en ello.
En general, el debate sobre la gestión pública y privada oculta un aspecto de sentido común. Si una empresa presta un servicio y una administración pública decide que trabaje para ella, pagándole (de la forma que sea, según el tipo de relación contractual) todos los costes, los materiales, los sueldos y las inversiones, y además debe pagar el beneficio empresarial, a esa administración pública le va a costar más dinero que si lo prestara ella misma, ¿no? Si se da la circunstancia de que esa administración ya tiene un sistema (trabajadores y medios) que pueden prestar el servicio, es más difícil entender que lo privatice. Porque, como todos imaginamos y es totalmente lógico, la empresa va a buscar aumentar los beneficios en la prestación del servicio. Y, ¿cómo lo puede hacer? Únicamente mediante una disminución de los costes, es decir, disminuyendo la calidad del servicio, recortando en los medios y en los salarios de los trabajadores, con lo que los perjudicados serán los trabajadores y los usuarios. Hay poco debate en esto.
Pensemos, por último, en esa vieja aspiración de Jaén de una Ciudad Sanitaria, especialmente enconada en el PP de Jaén. Cualquiera diría que en esta situación de Gobierno en mayoría del PP en Andalucía, la Ciudad Sanitaria estaría más cerca que nunca. Pues bien, sabiendo de la llegada de dos nuevos hospitales privados a nuestra ciudad, uno recién inaugurado, ¿creen ustedes que esto acerca o aleja nuestra Ciudad Sanitaria? El PP dirá que nada tiene que ver una cosa con la otra pero estaremos de acuerdo en que si la atención sanitaria pública de Jaén funcionara estupendamente, sin las esperas, dilaciones y colapsos que provocan los recortes de Moreno Bonilla, ninguno de nosotros acudiría a un centro privado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que lleguen dos hospitales privados? ¿Nos vamos creer que los operadores privados son tontos y han realizado una inversión, si pensaran que se va a realizar una Ciudad Sanitaria que mejorara el servicio público? ¿Podrían recuperar su inversión entonces? Yo pienso que no sino que son plenamente conscientes de que se les va a seguir derivando negocio sanitario desde el sistema público, porque saben de primera mano que no va a llegar más inversión a Jaén. Y si el presupuesto sigue siendo el mismo y hay que repartirlo, el beneficio privado significará más deterioro del sistema público. Es simple.
En vista de todo esto, sí que se podría asegurar que se está vendiendo nuestro sistema sanitario público, el que hemos construido entre todos y del que depende nuestra salud. No es el único ni el primero pero, desde luego, el PP no puede decir aquello de que la salud no se compra, porque el Gobierno de Moreno Bonilla la está vendiendo y no es por nuestro bien, sino por el beneficio de unos pocos.